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Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual nuestro país es signatario.
La declaración cuenta de 30 artículos. Algo que se debería hacer es comparar artículo por artículo cómo se han cumplido los mismos en distintos periodos de nuestra historia. Comparar que pasó entre 1990-2005 y entre 2005-2020, por ejemplo. O comparar el periodo democrático con el anterior, del Pachequismo y la Dictadura.

El artículo 5 de la Declaración dice: “Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.”

La tortura fue el principal instrumento represivo que utilizaron durante el denominado terrorismo de Estado, desde 1968 hasta el año 1985. Su uso fue generalizado durante la dictadura cívico militar, entre los años 1973-1985. La dictadura uruguaya de la Doctrina de la Seguridad Nacional se especializó en la aplicación de la tortura, a la que fueron sometidas más de 50.000 personas.

La tortura junto con el genocidio, la desaparición forzada, y algunos crímenes de guerra, son conductas consideradas por las Naciones Unidas crímenes de Lesa Humanidad, o sea, en contra de la humanidad. El término nace a partir del juicio realizado en Núremberg, después de la segunda Guerra Mundial, a los criminales nazis.

Estos crímenes por su extrema gravedad, crueldad y ensañamiento, hieren y afectan no solamente a las víctimas, sino también a sus familias, a su entorno, a la comunidad en la que viven y a toda la humanidad en su conjunto. Son considerados los peores delitos, por eso son imprescriptibles –que no pueden prescribir- o sea que el tiempo no elimina el delito. Por lo tanto, son inamnistiables o imperdonables y perseguidos por cualquier tribunal de justicia en cualquier lugar. ¡Debería ser siempre así!

Es el caso que veíamos en RESISTENCIA la semana pasada con la detención de Dardo Barrios. A nuestro querido compañero Horacio Gelós Bonilla lo detienen, lo secuestran, lo torturan hasta matarlo y hacen desaparecer sus restos. Por lo tanto es un delito de Lesa Humanidad.

Ya lo sabemos. La dictadura cívico-militar fascista usó la tortura en forma sistemática y masiva. No respetaron nada. Torturaron hombres y mujeres; jóvenes y viejos; niños y adultos.

Julio María Sanguinetti, el padre de la impunidad, que amparándose en una ley anticonstitucional, la Ley de Impunidad, no hizo nada por averiguar el destino de los desaparecidos. Mintió cuando dijo que no había niños desaparecidos. Luego apareció Macarena Gelman. Mintió cuando decía que aquí en nuestro país no hubo desaparecidos. Los restos de Ubagésner Cháves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro, Ricardo Blanco y Eduardo Bleier lo interpelan.

Integrantes de las FF.AA y de la Policía hicieron uso masivo de la tortura como parte de un proyecto al servicio de la acumulación de un capitalismo concentrado y del imperialismo yanqui. Las FF.AA dijeron en febrero de 1973 que no iban a ser el brazo armado de grupos económicos oligárquicos. Y por lo menos no cumplieron.

En los años 60 se incrementa la represión contra las luchas de los trabajadores organizados, sobre todo después de creada la CNT. El gobierno de Jorge Pacheco Areco entre 1967 y 1972 aplicó sistemáticamente las Medidas Prontas de Seguridad, con las que se suspendían las libertades básicas. Esa política estaba basada en una ideología diseñada en Estados Unidos: La Doctrina de la Seguridad Nacional. El “enemigo” estaba dentro de cada país y había que extirparlo. Ese enemigo para los yanquis y sus secuaces, era la lucha obrera y popular, lo que ellos calificaban genéricamente como comunismo.

La ideología de la dictadura se apoyaba en dicha doctrina y en la Doctrina de la Contrainsurgencia creada por los colonialistas franceses en su represión sanguinaria contra los pueblos de Vietnam y Argelia que luchaban por su independencia.

En Argelia los militares franceses torturaban para combatir a los luchadores por la independencia, para obtener información, luego los mataban y finalmente hacían desaparecer los cuerpos.

Con el triunfo de la Revolución Cubana el 1º de enero de 1959, los yanquis imponen las Doctrinas de la Seguridad Nacional y de la Contrainsurgencia o “guerra contrarevolucionaria”.

Aquí en nuestro país sigue abierta la herida de los desaparecidos. Seguiremos luchando por saber la verdad y para que se haga justicia.

De la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre el Espionaje en Democracia del año 2017 se desprende que Julio María Sanguinetti ordenó espiar e infiltrar organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos. O sea, que Sanguinetti mandó realizar acciones ilegales durante la democracia con el objetivo de defender la Impunidad para los crímenes de la dictadura y quienes los ejecutaron. Entre ellos los oficiales que torturaron y asesinaron a Horacio Gelós Bonilla, entre otros compañeros y compañeras.

Sanguinetti fue el principal defensor de la Impunidad como estrategia de poder, además fue y es el principal vocero de la teoría de los dos demonios, negadora del Terrorismo de Estado, justificadora de la represión y ocultadora del carácter de clase de la dictadura cívico-militar fascista y de sus vínculos con el imperialismo yanqui. Durante sus dos gobiernos la impunidad fue una política de Estado, donde se puso todo el poder del mismo para impedir la verdad y la justicia.

En este 10 de diciembre no quiero dejar pasar que se cumplen 35 años de la recuperación del local sindical del SUNCA, que fuera transformado en una dependencia represiva hasta el 10 de diciembre de 1984, donde la lucha incansable de los trabajadores y el pueblo hicieron posible su recuperación a fines de la dictadura.

Como dice la consigna:
¡Por memoria, verdad y justicia! ¡Nunca más terrorismo de Estado!

Autor: Prof. Gonzalo Alsina

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