Que el diario El País, dedique editoriales para defenestrar a la izquierda uruguaya y a los gobiernos del Frente Amplio, no es una novedad.

Demuestra con ello, como lo ha hecho siempre, su profunda admiración por los pensamientos y posiciones más conservadoras de la historia nacional.

Del mismo modo que antes fuera, el vocero de la dictadura, hoy es el vocero de sus nostálgicos.

En su editorial de este lunes 4 de mayo, el diario de marras, intenta, de modo muy goebbeliano, igualar las muertes que se han producido en las prisiones uruguayas en los 15 años de gobierno frenteamplista, con las muertes acaecidas en las prisiones nacionales durante la dictadura.

Dicho editorial ha sido titulado “Realidad Vs Relato de la izquierda” y expresa con relación a las prisiones actuales: “… la situación explosiva, completamente violatoria de los derechos humanos, que existe en las cárceles del país. Ha sido denunciado por organizaciones internacionales y por el comisionado de cárceles en muchísimas ocasiones en estos años, y ha sido periódicamente analizada en estas páginas: las cárceles que deja el Frente Amplio no solamente son inhumanas para una gran mayoría de presos, sino que además imposibilitan la rehabilitación social de unos delincuentes, cuya enorme mayoría, algún día terminarán reintegrándose (mal) a la sociedad. La responsabilidad del FA en este sentido es gravísima: en los 15 años de sus gobiernos murió en promedio más gente en sus cárceles por causas violentas que en los 12 años de dictadura…”.

Hay, en el tenor general del editorial una clara intención de mentir, es así con todos los temas que se repasan en el mismo y que intenta la construcción de un relato mentiroso de lo que ha venido aconteciendo en el país desde hace 15 años.

El “relato” de los escribientes de una derecha enceguecida, hace sin decirlo, anclaje en el último Informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

Lo que no dice en ningún lugar, es que a pesar de que esta figura del Parlamento, fuera instituida por ley en 2003 (Ley No. 17.684), no fue hasta el año 2005, que la misma terminó configurándose y eso, mal que le pese al editorialista, fue obra del primer gobierno del Frente Amplio.

Correspondió en aquél momento y con el voto unánime de todos los partidos políticos, al Dr. Alvaro Garcé emprender una labor que, como el mismo expresara en sus sucesivos informes, tuvo innumerables complejidades en tanto y en cuanto, era la primera vez en la historia nacional que un organismo no dependiente del Poder Ejecutivo, monitoreaba las diversas situaciones existentes en las prisiones nacionales.

Las palabras, o, mejor dicho, el enunciado “derechos humanos” en la historia nacional y en la de las prisiones, en particular, parte justamente de aquello que el editorialista de El País no dice: de la profunda y sistemática violación a los derechos humanos de miles y miles de uruguayos y uruguayas durante los 12 siniestros años que hoy El País de la mano de sus acólitos de Cabildo Abierto, intentan negar.

Es una historia que, si se ajusta a lo efectivamente sucedido, alcanza los años 60.

En noviembre de 1984, la organización SERPAJ, publicaba un libro llamado “Muertes en las prisiones uruguayas”, habían pasado apenas 5 meses de la muerte, producto de las torturas del médico Vladimir Roslik en un cuartel militar de Fray Bentos.

En el mencionado texto se afirmaba:

“La tortura ha sido y es una práctica sistemática en nuestro país, aplicada a todos los detenidos. Durante la década del 60 fueron numerosas las denuncias de torturas aplicada a presos comunes, en el 65 comenzaron a utilizarse para los presos por razones políticas y a partir de la década del 70 se transforma en una práctica sistemática aplicada con fines racionales. Durante 11 años de dictadura, los militares se preocuparon por tecnificarla y perfeccionarla, y bajo esta nueva forma se extendió a los presos comunes…”

En el libro en cuestión, se enumeran y documentan, con el máximo de detalles posibles las muertes de más de 60 militantes.

Eran los tiempos, el editorialista de El País no lo dice, en que las prisiones, todas las prisiones, estaban bajo la égida y el mando directo de las Fuerzas Conjuntas, esas mismas prisiones que el hoy senador de Cabildo Abierto sugiere que tengamos: prisión de máxima seguridad y con custodia y administración militar.

Miente el diario El País cuando iguala las muertes violentas en unas y otras prisiones y al hacerlo, irrespeta el mandato y el objetivo mismo de los Informes del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, dirigidos al Parlamento Nacional.

Miente, además, cuando no afirma que luego del retorno a la democracia, las muertes y las torturas en prisiones mantuvieron esa inercia de la infamia aprendida durante los años oscuros de la dictadura, una inercia de actuación policial irregular que creó las condiciones para los obstáculos que efectivamente tuvo, durante algún tiempo, el entonces comisionado Parlamentario Dr. Alvaro Garcé para poder cumplir su mandato definido por la ley 17.684.

Miente, además, cuando no reconoce que estas muertes de hoy, las de estos 15 años, son fruto directo de una política criminal altamente punitiva que, desde fecha tan temprana como 2005, ya el entonces Comisionado Parlamentario denunciaba una y otra vez: la política de acudir preferencialmente al encierro como forma preferida de sancionar la infracción a la ley penal.

La nefasta posición que ocupa Uruguay en el ranking mundial de prisionización no es una elección de los gobiernos del Frente Amplio y esta mentira del editorialista no resiste ninguna evidencia histórica.

Para arrancar en 1999 y no ir más atrás, porque se trata de una ascendente prisionización que arranca desde mediados de los años 90, tenemos que, para ese año 1999, había en nuestro país un total de 4117 prisioneros.

Para el año 2005, fecha del primer gobierno frenteamplista, el país tenía un total de 7004 prisioneros, en esos 7 años, el número de prisioneros se había incrementado en un 70.12%.

Entre 2005 y 2019, el ascenso del número de prisioneros en el país ha sido del 67,5%, Uruguay tiene hoy cerca de 12 000 prisioneros, una cifra que, en el último Informe del Comisionado Parlamentario, nos ubicaba en el triste segundo lugar de tasa de prisionización en América Latina, escoltando la infame situación de Brasil que lleva el “mérito” de ser el “malla oro” de la Región.

Hoy tenemos 328 prisioneros por cada 100 000 habitantes y es esa la primera condición que hay que analizar responsablemente si queremos entender las muertes violentas en las prisiones nacionales.

El editorialista, en su ignorancia supina no sabe que quien hoy es el máximo jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ya lo era cuando las muertes violentas en las prisiones empezaron a ser documentadas por el actual Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Dr. Juan Miguel Petit, era, además, el mismo que dirigía el sistema penitenciario cuando el actual ministro del Interior (quien hoy lo designa) interpelaba al entonces secretario de la cartera Eduardo Bonomi.

No sabe el editorialista algo muy terrible: durante muchos más años que los 15 de gobierno frenteamplista, en Uruguay, morir en las prisiones no era un dato relevante, no eran muertes “dignas de cuantificarse o de prestarles atención”.

Hasta ese punto había calado la desidia, en la administración penitenciaria, en lo que a respeto a derechos humanos se refiere: una muerte en prisión era un simple dato de su realidad.

Tuvo que venir el primer gobierno del Frente Amplio para que, una vez nombrado el primer Comisionado Parlamentario, todo lo que en las prisiones acontecía empezara a ser más conocido.

Y no se trataba de un conocimiento baladí, se trataba de institucionalizar una práctica de control sobre aquél territorio donde desde hacía muchísimo tiempo el autoritarismo aprendido en tiempos dictatoriales había hecho “carne”.

Transparentar las prisiones desde la política de derechos humanos fue, a pesar de las complejidades de ese aprendizaje, un mérito ineludible de los gobiernos del Frente Amplio.

Por tanto, miente el editorialista, cuando hace mentir a la historia misma de una institución que antes del FA, y a pesar de existir la normativa legal, no se había concretado.

Las muertes en prisiones, las críticas a las mismas son hoy posibles gracias a un instrumento parlamentario que se inaugura durante gobiernos frenteamplistas, de modo que todo, pero todo lo que hoy podemos saber sobre las prisiones, incluso lo más negativo de ellas, es gracias a que los dos Comisionados Parlamentarios que ha tenido el país han podido trabajar, más allá de los aprendizajes y tensiones, durante esos 15 años de gobierno frenteamplista.

Las muertes en prisiones, desmienten además un mito sobre el cual se ha sostenido siempre la prisión como respuesta ante la infracción a la ley penal: que mientras más duro sea ese castigo, menos delitos habrá.

Este mito que no es cierto hacía “el afuera” carcelario, tampoco lo es hacia su “adentro”.

Nos sorprenderíamos, pero aprenderíamos mucho, si alguna vez se contabilizaran los hurtos y las modalidades de rapiña que al interior de las prisiones ocurren.

“En las prisiones el vicio conserva su audacia” ha dicho M. Foucault, uno de los más importantes historiadores de la misma, una forma muy particular de recordar “que el delito es patético”, lo que ya había sido dicho por los pensadores de la Ilustración, según nos recuerda el último Informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

Y agrega el Comisionado, el delito es patético porque “genera dolor, sacude los sentimientos y los sentimientos nublan la razón, llevando a reacción lejos del sano raciocinio”.

Las muertes en prisiones, en estas prisiones que el editorialista mentiroso de El País iguala con las de la dictadura, obedecen a razones y causales bien diferentes.

Hay que ser muy ruin para igualarlas, para desconocer, por ejemplo, las contundentes condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuando en 1978 afirmaba:

“… La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en el Uruguay como resultado de las denuncias crecientes de alegadas violaciones múltiples y graves de los derechos humanos en ese país desde 1973.  Esta decisión fue tomada durante su Trigésimonoveno Período de Sesiones (octubre-noviembre de 1976).  En el mismo período, la Comisión también acordó informar al Gobierno del Uruguay de esta decisión, así como hacer gestiones ante dicho Gobierno para obtener su anuencia para una observación in loco de una Comisión Especial de la CIDH para completar la información ya en su poder.  A las gestiones realizadas por el Presidente de la CIDH, doctor Andrés Aguilar, con el fin de obtener la anuencia de las autoridades uruguayas para la visita de la Comisión Especial al país, el Gobierno respondió reiteradamente en forma negativa.

La negativa del Gobierno del Uruguay de permitir la observación in loco no impidió a la Comisión cumplir con sus deberes estatuarios…”

A diferencia del gobierno de entonces, que se negaba sistemáticamente a las visitas de observación “in loco”, ha sido durante los 15 años de gobierno frenteamplista que esta práctica ha tomado estatura nacional con la acción conjunta de dos instituciones: el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos.

En las prisiones, a las que hace referencia el editorial del diario de la más rancia derecha nacional, las muertes que se producían eran las que directamente gestaban las autoridades, obedecían a una política de Estado llamada “terrorismo de Estado”.

Una política y una práctica sistemática de mortificación y aniquilación física y mental, que encontraron en aquellas prisiones un suelo fértil y macabro para su desarrollo y tecnificación.

La tecnificación de la tortura, vía aprendizaje con los que hoy la siguen practicando en las llamadas “cárceles secretas” de la CIA, produjo las muertes que hoy un editorialista trasnochado intenta igualar a las que se producen en unas prisiones altamente monitoreadas y transparentadas.

No, no son muertes iguales y al afirmarlo, el diario El País se hace eco de aquellas otras declaraciones infames, respecto a que mientras en otros países hubo más desaparecidos y muertos, acá la mayoría de los detenidos siguió viviendo, como si esa acción los exculpara de su accionar miserable, cuando en realidad lo que demuestra es la impunidad y la violencia inhumana que siempre los sostuvo.

A diferencia de aquellas muertes, las que hoy se producen en las prisiones uruguayas son esclarecidas y sancionadas.

El editorialista sabe bien, demasiado bien, que las muertes que su verborragia intenta minimizar aún caminan con nosotros cada día reclamando verdad y responsables, muchas de ellas han quedado impunes y sus promotores, cómplices y actores aún no reciben el castigo que merecen.

El editorial habla por sí solo, escrito a partir de un relato mentiroso de la historia, debió incluir, al menos por “cierto honor” o pudor, la confesión de una firma sustentada en la nostalgia por la impunidad, esa misma firma que reclama una piedad sobre los protagonistas de una violencia estatal que condujo a nuestro Uruguay a transitar durante 12 años “su noche más oscura”.