Las prisiones uruguayas han sido sistemáticamente caracterizadas como espacios donde tienden a confluir, las malas condiciones de habitabilidad, las insuficientes prestaciones sanitarias, en general y de atención a la salud, en particular.

A lo anterior hay que adicionar, el encierro y las múltiples modalidades de relacionamientos, tanto entre prisioneros, como por parte de los encargados de su custodia, todos ellos conforman un escenario de relaciones donde las violencias ocupan un lugar central.
Todas estas caracterizaciones, sobre lo que acontece en las prisiones nacionales, constituyen una mezcla que, en sus articulaciones, han venido componiendo y significando, para sus ocupantes, un espacio de alta letalidad, claramente visible en el número de homicidios que en ella se producen.
Atendiendo a esto y considerando la actual emergencia sanitaria, una de las principales preocupaciones con respecto al comportamiento del Covid-19 en nuestro país, se localiza en lo que pasa y se viene haciendo por parte de las autoridades en las prisiones con el objetivo de evitar que las mismas se conviertan en una verdadera trampa mortal que termine, inevitablemente, afectando al resto de la sociedad.

El pasado viernes 24 de abril y en ocasión de presentar a la Asamblea General, la versión preliminar del Informe 2019, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Dr. Juan Miguel Petit, declaró en entrevista al Programa En Perspectiva: “No, no hay ningún brote”
Respondía así, de forma directa, a la interrogante planteada por el periodista Emiliano Cotelo con relación a la situación del Covid-19 dentro de las prisiones.
El comisionado explicó durante esta entrevista, que el Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SAIPPL) de ASSE, había preparado desde finales de febrero y principios del mes de marzo un plan de contingencia que, en su valoración se encuentra en funcionamiento de forma eficiente y eficaz:
“Afortunadamente la gente del área de salud, sanidad policial, pero sobre todo en ASSE, el área de ASSE (…) el área de SAIPPL ha trabajado muy bien con esos temas (…) yo creo que el plan de contingencia en salud está bien desarrollado, está bien pensado y está funcionando, cuando hay un caso sospechoso, se aísla, se testea, se aísla inclusive a quienes están en contacto con él…”

Una simple cronología sobre lo que se ha ido anunciando como medidas para las prisiones, en medio de la situación actual, permite describir el actual estado de cosas, en una de las áreas más estigmatizadas y rechazadas por el público en general.
Tres días después de la declaración de la emergencia sanitaria, el 16 marzo de este año, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) anunciaba, vía UNICOM, la adopción de un protocolo de acción para prevenir el ingreso del coronavirus en las prisiones.

Las medidas se concentraban en las áreas siguientes:
•    Controles generales al ingreso: A toda persona que ingrese a la Unidad se le tomará la temperatura mediante termómetros infrarrojos. Si se constata una temperatura mayor o igual a 37,5° no se podrá ingresar.
En caso de que a quien se constate temperatura sea personal penitenciario, no podrá ingresar, se le dará un tapaboca y se le indicará que debe reintegrarse a su domicilio, pidiéndole que se contacte con su prestador de salud. En caso de pernoctar en la Unidad, el Comando deberá coordinar con el Comando de la Unidad Nro° 3, ya que ésta dispone de un alojamiento transitorio para valoración médica.
Para personas externas a la Unidad, se le dará un tapaboca y se le indicará que debe reintegrarse a su domicilio, pidiéndole que se contacte con su prestador de salud.
Para el caso de personas privadas de libertad, que retornan de una salida transitoria o conducción, se les proporcionará un tapaboca y se los conducirá al servicio médico de forma inmediata.
•    Respecto a las visitas: se desarrolla una política de no suspensión de las mismas, pero se adoptan medidas que restringen el volumen numérico de las mismas:
1. La visita deberá acotarse a UN VISITANTE MAYOR DE EDAD POR PPL y se realizará por turnos.
2. Se deberán realizar los controles sanitarios mencionados establecidos.
3. A su ingreso deberá higienizarse las manos, siendo el alcohol en gel proporcionado por personal de revisoría.

•    Sobre las personas privadas de libertad: 
1. A cada interno se le entregará jabón de lavar neutro.
2. Se proporcionará la máxima cantidad de hipoclorito posible, debiéndose limpiar todo lugar donde haya actividades de PPL o visita.
3. Las Unidades establecerán cuadrillas de limpieza a tales efectos.
4. Las Unidades dispondrán de zonas de aislamiento para aquellas PPL que contraigan el virus pero no requieran internación.

•    Actividades internas:
1. Quedan suspendidas las actividades educativas. Los funcionarios que se desempeñan en dichas áreas quedarán a disposición de la Unidad para reforzar las actividades al aire libre.
2. Asimismo, quedan suspendidas las actividades religiosas todas aquellas que aglomeren a más de cinco personas en un ambiente cerrado.
3. Las Unidades estimularán las actividades recreativas y deportivas que se realizan al aire libre.

Indicaciones al personal penitenciario
1. El uniforme de servicio debe ser lavado diariamente utilizando agua caliente y jabón.
2. Los funcionarios que revisan los paquetes utilizarán tapabocas, guantes y demás elementos de higiene que entiendan conveniente.
Al día siguiente, UNICOM señalaba el inicio de aplicación de un protocolo de acción, previamente coordinado y acordado con el Ministerio de Salud Pública, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, los Directores de la Unidades de Privación de Libertad, autoridades del SAI-PPL de ASSE, de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales y de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el director Nacional del INR, Luis Mendoza, y Santiago González, Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, estuvieron en la Unidad N.º 4 de Santiago Vázquez verificando el cumplimiento del mismo.

Se ratificaban así las disposiciones emitidas anteriormente, agregándose a las mismas la entrega a los funcionarios de alcohol en gel, guantes y tapabocas para la realización del trabajo diario, el incremento de las actividades de limpieza en las unidades penitenciarias y la entrega a personas privadas de libertad de insumos para el mantenimiento de la higiene personal y de las áreas de celdas y espacios comunes.
Se incluía dentro de las medidas de prevención la fumigación y desinfección de vehículos.

Para los casos en que algún interno presentase alguno de los síntomas reconocidos de la enfermedad se disponía, su aislamiento inmediato en aquellos lugares previamente elegidos para tales efectos.
En esta ocasión el director nacional del INR manifestó: “Tenemos que trabajar todos en conjunto. Las autoridades, la familia y los internos (...) quienes comprendieron que solamente se autoriza una persona mayor por interno y que tenemos que evitar la aglomeración de personas”.
Las medidas de prevención anunciadas abarcaban los 26 establecimientos carcelarios de todo el país.

El 27 de marzo, se anunciaba la participación de diferentes autoridades del INR en una videoconferencia con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el objetivo de compartir e intercambiar valoraciones respecto a las medidas adoptadas, y/o a adoptarse, en función del desarrollo de las diferentes situaciones que se fueran verificando en las diferentes unidades penitenciarias.
En dicha reunión se acordó que el Comité Internacional de la Cruz Roja redactaría un protocolo específico para sistemas penitenciarios que se actualizaría permanentemente de acuerdo con el avance del virus en la región. 

Esta instancia, la coordinadora nacional de salud integral del INR, Lic. Nathalie Stagnari, destacó: “En nuestro caso es fundamental el trabajo de los funcionarios y funcionarias penitenciarias que diariamente dialogan con las personas privadas de libertad para concientizarlas sobre la importancia de cuidarse y cuidar a sus familias, que son quienes los visitan”, señala la nota de UNICOM.
El 10 de abril el diario El País comunicaba que habían 11 presioneros en cuarentena en distintos centros penitenciarios del país, de los cuales, al menos cuatro estaban en la Unidad No. 4 (ex COMCAR) la más poblada de todas las unidades penitenciarias del país, con 3.560 internos.
La nota indicaba que los mismos se encontraban “cumpliendo cuarentena en distintos centros penitenciarios, en salas específicamente acondicionadas y aisladas”, no se especificaba la distribución de estos prisioneros según sus unidades de procedencia.

De acuerdo a las fuentes del ministerio del Interior, señalaba el mencionado medio: “La medida es por precaución. A siete de ellos se les efectuó el hisopado y se espera el resultado del test para confirmar o descartar que tengan coronavirus”.
La situación fue ratificada por el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, quien expresó a Radio Montecarlo “que se reforzó el envío de productos de limpieza a las cárceles ante el avance del COVID-19 en país. Lo mismo se hizo con la alimentación de los reclusos (…) El régimen de visitas se mantiene, comentó Petit, pero se pide que se restrinjan al mínimo posible.

En la edición de Búsqueda Nº2065 (26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2020), una extensa nota señalaba como uno de los principales sostenes de las medidas adoptadas en las prisiones para evitar el contagio de Covid-19, eran los propios prisioneros: “Presos se adelantan a las medidas de las autoridades y resuelven suspender visitas en algunas cárceles para evitar contagios”
Y agregaba, el semanario: “Hay un lugar donde la cuarentena ya es obligatoria. En las 26 cárceles que están distribuidas a lo largo y ancho del país más de 12.000 personas están privadas de libertad. Tienen a su favor que, si nadie con coronavirus ingresa a la prisión, no hay riesgo de contagio. Pero, al mismo tiempo, tienen en su contra el enorme peligro de que, si uno de los 4.000 funcionarios se contagia fuera o algún familiar es portador del virus y lo lleva a la cárcel, están dadas las condiciones para que queden muy expuestos”.

Búsqueda describía además las diferentes actuaciones previas que había realizado el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Dr. Juan Miguel Petit, quien de forma temprana había remitido varias notas a las autoridades de ASSE y el ministerio del Interior.
En efecto, tal y como relataba Búsqueda y ratificaba Petit en la entrevista concedida el pasado 24 de abril: “Hacia fines de febrero y principios de marzo, con los primeros casos en Brasil y Argentina, la llegada del coronavirus a Uruguay se dio como un hecho dentro del sistema carcelario. Por aquel entonces las autoridades ya habían recibido la primera nota del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, planteándoles que era necesario un protocolo para las cárceles. A partir de aquel contacto, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Sistema de Atención Integral para las Personas Privadas de Libertad (SAIPPL) de la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) elaboraron junto con Petit directrices para tomar precauciones”.
Y agregaba: “El jueves 5 el comisionado penitenciario envió una segunda nota dirigida al flamante ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con copia al directorio de Asse”.

De acuerdo al Semanario existía una preocupación del comisionado respecto a una población que certeramente describía como susceptible de alta vulnerabilidad y que, debido a ello, podía convertirse en “un vector de transmisión para la población general”.
En dicha nota Petit agregaba, como preocupación, afirmaba Búsqueda, “su alarma por el “clima de inestabilidad” que causaría “la presencia virtual del virus” y que “poco ayudaría no solamente a contener la enfermedad, sino también a la buena convivencia dentro del sistema”.
En aquella nota se propusieron, por parte del comisionado varias acciones: “crear un grupo de trabajo, realizar campañas de información a los presos y sus familiares sobre el virus, dar kits de limpieza a los reclusos y contar con lugares definidos para el eventual aislamiento, en especial el módulo 12 de la Unidad N° 4 Santiago Vázquez (ex-Comcar), sin uso desde un motín ocurrido en 2018”.
Casi 15 días después de esta nota al ministerio del Interior, las propuestas del comisionado parlamentario fueron ampliadas, en efecto, el martes 17 de marzo, el comisionado remitió una nueva nota con otras series de recomendaciones.

Fueron 20 medidas específicas que contemplaban tanto a los prisioneros como a los funcionarios.
Una de las 20 medidas sugeridas, incluía, tal y como afirmó en la entrevista del 24 de abril a Perspectiva, la tramitación del mayor número posible de prisiones domiciliarias, principalmente para aquellos prisioneros con patologías de riesgo y para mujeres madres con hijos.
Sabemos que hasta ese momento (24 de abril) se estaban tramitando cerca de 100 de estas solicitudes, una cifra, francamente simbólica si atendemos al número de prisioneros del país.
A diferencia de lo observable en otros países de la región, Uruguay, ha reforzado las medidas sanitarias en las prisiones como prioridad central, cerrando así cualquier modalidad de “liberación preventiva”, una medida casi impensable para un gobierno que siempre ha acompañado el despliegue y desarrollo de medidas de mayor rigor punitivo.

En tal sentido, no hay que olvidar el rechazo infundado y la alarma que se tejió posteriormente, por parte de los que hoy son gobierno, cuando durante el primer gobierno del Frente Amplio, se liberaron cerca de 816 prisioneros por razones humanitarias.
A pesar de esta posición política del gobierno, de elegir blindar el sistema vía medidas sanitarias y no vía procesos de excarcelación y/o sustitución de penas, quienes más han contribuido al efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas han sido los propios prisioneros/as.
En efecto, en la misma edición de Búsqueda, ya citada, se incorpora un breve relato de parte de las acciones desarrolladas por los prisioneros, como forma de contribuir al cumplimiento de las mismas.

Así lo describía el semanario en cuestión: “Gente, lo del coronavirus va en serio”. Así comienza un mensaje de audio grabado por un recluso de la cárcel más nueva del sistema, la Unidad N° 1 de Punta de Rieles, que rápidamente circuló entre los presos de los demás penales. Incluso, el Ministerio del Interior usó ese audio para difundirlo entre toda la población carcelaria como forma de “concientizar sobre la situación”, había dicho Búsqueda, citando una fuente de la cartera.
En este mensaje los prisioneros exhortaban a “cuando hablen con sus visitas les pidan que, por un tiempo, solo por un tiempo, traten de no venir para no contagiarnos nosotros ni que se contagien ellos. Sabemos lo importante que es para ustedes ver a su familia, pero más importante tiene que ser verlos sanos y sin el virus (…) Para cuidarlos a ellos y cuidarnos todos les pedimos que se laven las manos todas las veces que puedan durante el día, que no compartan el mate, los cubiertos y los vasos. Abran las ventanas de las celdas y límpienlas. ¡Vamo arriba! El virus es altamente contagioso. Esto es por ustedes, por nosotros y por nuestras familias”, así citaba Búsqueda el mensaje producido.

Hasta la fecha no se ha producido ninguna evidencia de contagio en las prisiones, una situación que nadie desea, pero que invita a interrogarse si en efecto se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar, lo que sin dudas sería una catástrofe y no solo desde el punto de vista sanitario.
Nuestro país tiene cerca de 12000 prisioneros, de ellos cerca de 620 son mujeres, algunas de las cuales permanecen en prisión con sus hijos.
Atendiendo a esto y a la evidencia surgida sobre los contagios en los residenciales de personas de la tercera edad (la otra prisión, dirían algunos) ¿por qué el gobierno no ha instrumentado el testeo del 100% de la población de mujeres encarceladas?
¿Por qué no se ha propuesto, por ejemplo, testear tanto en la Unidad No. 4, como en la unidad de Canelones, por solo citar dos de las prisiones con mayores problemas de habitabilidad, el testeo de al menos el 5% de su población?

Si atendemos al volumen de testeos diarios que se producen, veríamos dos cosas, que la inversión económica para la realización de los mismos sería similar a la que ya se hace diariamente en el país, aunque casi nunca esa sea la cifra de testeos que diariamente se producen.
En segundo lugar, que avanzar hacia el testeo de parte de esta población, aseguraría al país un mejor conocimiento de lo que acontece en una de las áreas más complejas en materia sanitaria.

No solo ganarían los prisioneros, ganaría también, el país, pero eso es ya una decisión política que evidentemente no quiere adoptarse.
Ojalá y no amanezcamos con una noticia similar a las de los residenciales, pero en las prisiones.
Si ello pasara, sería demasiado tarde y nadie podrá excusarse: quedará en evidencia la irresponsabilidad política de no haber hecho lo que tan tempranamente alertó el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.