El pasado domingo 31 de mayo estuvo marcado por la presencia de 6 homicidios, un número suficientemente elevado como para definir el día como un “de furia y muerte”.

Además de los tres infantes de marina, asesinados mientras cumplían tareas de vigilancia y custodia en un puesto de la Armada en el Cerro, se reportó la muerte de un destacado árbitro de fútbol en el curso de una rapiña y de dos niños, estos últimos a manos de su propio padre.

No todos los homicidios fueron tratados de la misma forma ni por la prensa, ni por aquellos que emitieron declaraciones al respecto.

El triple homicidio de los infantes de marina solapó y silencio, al mismo tiempo, la gravedad que reviste cualquier tipo de homicidio.

El propio poder Ejecutivo, en una decisión no adoptada, por ejemplo, para los feminicidios, cada vez más alarmantes en el país, declaró dos días de “duelo nacional”.

Apenas conocida la noticia se inflamaron las velas de los trasnochados navegantes de esa parte oscura de la historia del país y los cánticos de “guerra” fueron subiendo de tono.

Como en espejo, pero con alto grado de distorsión, como en esos sitios repletos de espejos que habitan algunos lugares de recreo y que han dado lugar a más de una historia de terror, las redes sociales hicieron circular lo que pudiera definirse como las más absurdas hipótesis, si no fuera porque todas ellas partían de las declaraciones de políticos trasnochados que, de golpe y porrazo hicieron públicas sus recurrentes sueños y pesadillas.

El padre de la impunidad, por ejemplo, fue gráfico en la revelación de sus contenidos oníricos y con ello desfondaba, al mismo tiempo, ese manto de “historiador” con el cual muchas veces ha intentado ocultar una paternidad vergonzosa y vergonzante.

En un movimiento cabriolesco de su discurso confesó que el hecho criminal, le remontaba a la década del 70, con la salvedad de que, en esos tiempos, la violencia era política y la actual no lo era.

Lanzada al ruedo, por el dos veces expresidente y genuino padre de la impunidad, el resto de las manifestaciones de la derecha vernácula hallaron en sus palabras las claves premonitorias de lo que debía ser desentrañado.

Si no fuera por lo terrible que ello es para la democracia uruguaya, uno apostaría a la más cruel de las sonrisas, pero lo cierto es que entre ese domingo y el día de la conferencia de prensa que se desarrollara en Fiscalía el 2 de junio, hubo nuevamente en el país guerrillas y comandos terroristas de todo tipo, pelo y señales.

El espectro declarativo tuvo una amplitud impresionante, pasó desde el ex comandante con aspiraciones a mandatario, al viejo militante de la JUP, ese que hoy acuña una expresión que le es propia (gandiniada), hasta el “siempre presente y servil” círculo de los dinosaurios de la noche más oscura y llegó, de una forma grotesca, hasta una columnista de un medio local que por sus afinidades electivas con la llamada “tierra santa” dedicó una columna especial al hecho, tal y como si esta tierra fuera una extensión de aquella con la cual tiene los compromisos que tiene.

Lo que no consideraron ninguno de estos operadores de la peor política nacional, la del terrorismo verbal a la cual le dedican venias y contravenias, era que el hecho fuera tan simple, policialmente hablando, que conduciría a su rápida y efectiva resolución.

Y fue entonces que todo el andamiaje del terror fantasmal se vino abajo y funcionó como un boomerang que en su trayectoria repetía “son unos irresponsables que hacen declaraciones políticas más irresponsables aún”.

No había ya en el país ni grupos narcos a cargo, ni guerrilleros improvisados, ni criminales al estilo “guerreros de los Balcanes”, la hipótesis menos esperada definió la verdad de los hechos: el responsable y autor directo del abominable asesinato era un desertor de la Armada.

Una conferencia de prensa atípica:

Con la presencia del ministro del Interior, Dr. Jorge Larrañaga, la fiscal Dra. Mirta Morales y el fiscal General de la Nación, Dr. Jorge Díaz y el director Nacional de Policía, Comisario Mayor Diego Fernández, el miércoles 2 de junio, se realizó una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía General de la República.

En dicha instancia se aportaron datos que de forma clara y contundente pusieron fin a las especulaciones que rodearon, de forma espuria e irresponsable, las versiones que circularon en medios de prensa y redes sociales sobre el horrendo y despreciable homicidio de tres infantes de marina el pasado fin de semana.

La Dra. Morales fue quien hizo uso inicial de la palabra, anunciando en su intervención la formalización de tres personas, dos de ellas por encubrimiento y la tercera, de quien se tiene abundante evidencia debido al trabajo de Policía Científica, por homicidio especialmente agravado.

Durante su intervención inicial, la fiscal del caso describió la perspectiva a la que se había arribado, por parte del equipo de trabajo en colaboración directa con la policía, respecto a la forma en que se produjo el hecho.

La Dra. Morales insistió, en que la versión asumida por el Equipo de trabajo de fiscalía, para realizar el pedido de formalización se sustentaba en todo el trabajo pericial realizado en el lugar de los hechos ya que el detenido, al que se le acusa de ser el autor material del triple homicidio, se había negado a declarar en sede judicial.

Para fiscalía no existían dudas de que el hecho se produjo a partir del conocimiento que tenía el autor del triple homicidio, de las disposiciones de los custodios en el trabajo de la custodia y las posibles vías de acceso al puesto de guardia, ya que se trata de una persona que revistó como infante de marina y su alejamiento de la fuerza de la armada databa del mes de marzo.

En este sentido, se señaló que la fiscalía tenía la convicción, por los elementos materiales (evidencias) relevadas en el lugar de los hechos, de que la acción fue realizada por la persona formalizada por homicidio muy especialmente agravado, sin ningún tipo de logística de apoyo externo.

El presunto homicida, conocía a parte de los militares apostados y ello facilitó su entrada sin despertar sospecha alguna y aprovechando que los militares que custodiaban el lugar tenían puestos auriculares, procedió a dispararles.

El tercer marino, quien dormía y a quien se le extrajo inicialmente el arma, no pudo repeler el ataque y también fue asesinado.

La Dra. Morales, manifestó que el móvil del triple homicidio fue el robo y que, hasta el momento actual de la investigación, no habían aparecido indicios de ninguna clase que permitan convalidar las irresponsables versiones que circularon en boca de políticos y redes sociales, sobre posibles vínculos con grupos terroristas y/o de crimen organizado (narcotráfico).

Aunque al momento de la conferencia se desconocía el paradero de dos de las tres armas robadas, el arma incautada en el allanamiento realizado estaba siendo periciada ya que se tenía la evidencia científica, contrastable e irrefutable, de que todos los disparos corresponden a una sola arma, una evidencia que también descarta la asociación del hecho a un tipo de acción delictiva de mayor sofisticación y apoyo logístico.

Tanto la fiscal Morales, como el ministro del Interior y el fiscal general de la nación, Dr. Jorge Díaz resaltaron la calidad del trabajo colaborativo y la eficiencia desplegada por fiscalía y la policía en el rápido esclarecimiento de los hechos.

En la oportunidad, el ministro del Interior, Dr. Jorge Larrañaga, no hizo ninguna mención, como sí había hecho en días anteriores, al crimen organizado, ni al narcotráfico, sus palabras iniciales que fueron en la misma línea de la intervención de la fiscal del caso, estuvieron dirigidas al reconocimiento del trabajo conjunto y la reafirmación de que ese era el compromiso y la función esencial del ministerio del Interior, en general y de la policía, en particular.

Dos preguntas incómodas:

Luego de concluida la presentación del caso por parte de los representantes de fiscalía y el ministerio del Interior, se pasó a una ronda de preguntas por parte de los periodistas allí presentes.

Dos de las interrogantes, alejadas en apariencia del contexto de los hechos, generaron un tipo de respuesta diferente por parte del ministro del Interior, la primera realizada por un periodista no identificado sobre la valoración del ministro con relación al número de 92 homicidios en el período del actual gobierno.

Visiblemente enojado el ministro del Interior, rechazó el número de homicidios que le fuera señalado y afirmó que en los primeros días del mes de julio se darían los datos oficiales, pero que rechazaba enfáticamente el número de los homicidios mencionados.

La segunda interrogante, realizada por un periodista de Caras y Caretas apuntaba a cómo se valoraba este hecho criminal puntual, cometido por un exmilitar y las nuevas disposiciones de la LUC, respecto a ampliar a militares retirados el porte y tenencia de armas.

Para el ministro una cosa no tenía nada que ver con la otra y argumentó en su favor que de hecho esa disposición contenida en la Ley de Urgente Consideración (LUC) ya estaba vigente en la actualidad.

Expresó que asociar esa condición era como prohibir los bisturíes que se usan en actos médicos si alguien cometía un homicidio usando tal instrumento.

Una argumentación pobre y que deja sin respuesta el análisis al que se lo invitaba.

La respuesta del ministro no solo minimizaba y exculpaba, la procedencia y por ende la experticia del tirador, señalada por la fiscal Morales, sino que, además, de forma directa, se contradijo respecto a una supuesta resolución del ministerio del Interior sobre que “el arma se porta y no se transporta”, una resolución sobre la que no quiso dar más detalles “para no avivar” a nadie.

Una resolución tan “secreta” que, además no se incluye en la LUC, como un mecanismo preventivo básico para la repetición de sucesos como los del domingo pasado.

Lo que no se respondió es cómo la ampliación propuesta en la LUC, de forma indirecta, contribuye a alimentar este tipo de acciones en tanto y en cuanto, eleva no sólo el número de armas en circulación, sino, además, el número de “tiradores expertos” para la comisión de delitos como el ocurrido este fin de semana que tuvo como autor a un ex militar con alta experticia en el manejo y uso de armas de fuego.

Todo ello sin considerar que la referida ampliación, incorporaría al potencial mercado de armas pequeñas del país, un nuevo guarismo que, vistos los robos de armas a policías de los últimos tiempos, se vería notablemente incrementado.

La pregunta que se impone, para este tipo de respuesta es: ¿extenderá el ministro del Interior la resolución del porte y no transporte de armas a aquellos que, a partir de la extensión prevista por la LUC incrementarían, inevitablemente, la presencia de armas en la vida cotidiana del país y con ello la presencia de “expertos tiradores”?

Un punto nada menor, en tanto y en cuanto, uno de los argumentos vertidos por el ministro del Interior, para defender esta ampliación durante su comparecencia en la comisión especial del Senado que estudiaba la LUC, era el entrenamiento que, en efecto tienen, los militares retirados.

Esa misma experticia, a la cual en comisión se la presentaba como una garantía, fue todo el apoyo logístico del hoy formalizado por este aberrante triple homicidio.