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El espionaje hecho desde el gobierno con fines políticos es un ejercicio antiguo y que ha variado de forma y métodos desde hace décadas. El caso de Argentina recuerda cuáles son los alcances que puede llegar a tener y muestra de qué manera se construyó todo un andamiaje que iba desde las escuchas ilegales hasta la modificación de documentos públicos para crear causas judiciales y su legitimación pública a cargo de los grandes medios de comunicación.

La causa, que es llevada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, comenzó con la confesión del narcotraficante Sergio Ramírez, Verdura, quien afirmó haber sido contactado en 2018 por el abogado de la AFI Facundo Melo para entregar un paquete con una bomba desactivada en un domicilio de Capital Federal.       A partir de ahí, por medio de la incautación de varios teléfonos celulares, Villena estableció la existencia de una red de espionaje ilegal integrada por agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y varios funcionarios macristas, incluidos algunos de alto nivel.

No hay que olvidar que esta causa se entrecruza con otra distinta que también se lleva en Lomas de Zamora por delitos similares, que es la del espionaje ilegal en el Instituto Patria y la casa de Cristina Fernández. Lo que empezó siendo una causa en que aparecían algunos agentes de la AFI desarrollando actividades de espionaje ilegal, ha resultado en el descubrimiento de todo un andamiaje institucional construido con el fin de espiar a funcionarios de la oposición, periodistas, sindicalistas e incluso funcionarios del mismo sector político del gobierno Macri.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich ha hecho varias declaraciones a los medios en que de manera abierta reconoce la utilización de las herramientas del Estado para la realización de escuchas y seguimientos, que más allá de la manera en que los quiera presentar, claramente tenían fines políticos. Bullrich presenta los hechos con la clara intención de minimizar sus implicaciones e impacto, como en las declaraciones que la ex funcionaria dio a radio Milenio, en las que afirmó que “ahora lo que buscan son causas de baja envergadura, como puede ser un narcotraficante, que era parte de los servicios”, refiriéndose al inicio de las investigaciones por la utilización por parte de la AFI de alias Verdura.

En este sentido, Manuel Mainero, letrado que cumple como defensor de Arturo Manuel Alonso, pone en conocimiento al Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 sobre la construcción por parte del macrismo, con fines políticos, de un relato de descrédito a la obra pública en Argentina.

“Por cuanto, durante el gobierno de Mauricio Macri, una organización a través de roles estratégicos y, valiéndose de su calidad de empleados/funcionarios judiciales, agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la AFI, pergeñó maniobras de lawfare que llegan hasta vuestros pares de Alzada en Comodoro Py, incluyendo entre otros, al presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, Martín Irurzun, y a la jueza del máximo Tribunal Penal de la Nación, Dra. Ana María Figueroa”.

En este mismo documento, Mainero afirma que Mario Segovia, narco conocido como “el rey de efedrina”, fue trasladado al pabellón IRIC de la prisión Ezeiza con el fin de justificar la instalación de cámaras y sistemas de vigilancia, que realmente fueron ocupados en el espionaje de los llamados “presos K”, Amado Boudou, Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Las investigaciones por estos hechos tienen, al cierre de la presente edición, un saldo de 22 personas detenidas, que, según el juez Villena, fueron privadas de la libertad debido a la alta probabilidad que tienen de interferir en el desarrollo de la investigación o de influir en otros posibles testigos e implicados.

Los alcances de esta red de escuchas llegan hasta el círculo de confianza de Mauricio Macri, pues una de las procesadas con privación de libertad es Susana Martinengo, antigua secretaria de Documentación Presidencial. Alan Ruiz, exdirector de operaciones de la AFI y Diego Dalmau, exdirector de contrainteligencia, también hacen parte de los procesados.

Uno de los primeros hallazgos es que los procesados tenían al menos dos grupos de WhatsApp, uno llamado Super Mario Bros y otro llamado Argentina, en los que compartían la información que posteriormente sería utilizada en generar causas administrativas y penales con el fin de “empapelar” a los funcionarios de la administración anterior, incluida la propia Cristina Fernández.

El nivel de los ataques llegó a ser tal, que no solo se quedó en recabar ilegalmente información con el fin de usarla en contra de quienes consideraran contrarios a los intereses de la administración Macri, sino que llegaron al punto de insertar datos falsos en expedientes judiciales, como figura en el expediente de la investigación en curso.

Todo este entramado contaba también con un componente mediático que se encargaba de amplificar cualquier información que fuera consecuente con el relato generado desde el gobierno de Macri, en el que se señaló a los funcionarios del gobierno anterior de faltas y delitos que, de forma casi inmediata, fueron también incorporados dentro de las investigaciones que generaron varios de los allanamientos ordenados por el fallecido juez Bonadio, quien mostró un interés particular en la persecución del kirchnerismo en Argentina.

El tema del espionaje ilegal no es nuevo, sin embargo, sus alcances son cada vez más complejos. Es importante recordar que el famoso episodio conocido como Watergate, que le costó el único proceso de impeachment que llegó hasta la última instancia contra un presidente de Estados Unidos, y que terminó presionando la renuncia de Richard Nixon en 1972, se debió a un caso del uso de las entidades federales de inteligencia en el seguimiento de periodistas y miembros del Partido Demócrata.

Este “recurso” ha sido usado en varias ocasiones, o por lo menos se ha descubierto su uso. Existen casos bastante graves en Latinoamérica, como Colombia, donde las investigaciones terminaron con el cierre de la entidad encargada de la inteligencia estatal, llamada Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En este caso se ve un salto en el mecanismo con respecto a Watergate, pues en Estados Unidos la prensa jugó un papel determinante a la hora de denunciar las irregularidades, pues fue The Washington Post el medio encargado de hacer públicas las denuncias hechas por el famoso testigo Garganta profunda.

En el caso de Colombia, y ahora en Argentina, el alcance estructural de la situación es diferente, pues los medios de comunicación pasaron de ser parte vigilante a convertirse en parte implicada con un papel claro de “legitimación” de la información conseguida o construida, y en el momento en que se descubren los entramados, quedan por fuera de cualquier investigación y se limitan a describir los hechos desde la distancia.

Esta situación, que hasta ahora empieza a mostrar la dimensión que tiene en Argentina, seguramente llegará a revelar un entramado más complejo que se desarrolló con el fin de mantener la opinión pública ocupada culpando a funcionarios de la administración anterior a la de Mauricio Macri, mientras este sacaba adelante un plan de desmantelamiento neoliberal del Estado y sus posibilidades sociales en función del capital.

En Uruguay el episodio de Fernando Cristino y la vicepresidenta Beatriz Argimón ha abierto la puerta a las sospechas de unos mecanismos que puedan asimilarse a lo que ocurrió en los años anteriores en Argentina. Si bien los grandes medios han tratado de mantener la atención lejos de ese tema, la vice insinuó, sin mucha claridad, que lo que se desarrolla es la costumbre de grabar, de manera unilateral, por parte de los funcionarios del gobierno, sus propias llamadas, para ser luego escuchadas por parte de un equipo jurídico, que las analiza con fines que aún no han sido aclarados.

Lo que está en discusión en este caso no es el uso del mecanismo por medio del cual se obtiene la información, que queda a discreción individual del funcionario que graba sus propias llamadas (aun cuando sea bajo una clara directriz institucional), sino que las grabaciones de las llamadas a terceros -aún no está claro si son informados o no de que su llamada está siendo grabada- son la cuota inicial para el uso de los mecanismos propios de un Estado para acceder a la información que considere coincidente con sus intereses.

Autor: Germán Ávila

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