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La noticia:

El pasado 7 de julio, Subrayado hacía pública una denuncia sobre actividades ilícitas de tráfico de personas en la que estarían involucrados funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones.

De la información publicada se concluía que las personas afectadas por esta operativa ilícita eran ciudadanos cubanos, quienes mediante testimonio afirmaban que “pagaron U$S 1.200 para llegar a Uruguay sin pasar por migración”.

En dicha oportunidad se afirmaba por el medio periodístico que “varios funcionarios de la Dirección Nacional de Migración” estaban siendo “investigados” por su posible y “presunta” participación “en una red de tráfico de personas”.

Según Subrayado, “varios funcionarios de la Dirección Nacional de Migración están siendo investigados a nivel interno y por la Fiscalía en relación en una presunta red de tráfico de personas en la frontera con Brasil.

La investigación administrativa está en curso desde marzo e involucra a varios funcionarios de la Dirección Nacional de Migración, según pudo confirmar Subrayado hasta el momento no hay sumarios por esta causa”.

El “disparador” de esta investigación sería la denuncia que realizara “un subcomisario que acusa a varios policías de recibir dinero a cambio de dejar pasar a cubanos que ingresan al país desde Brasil sin papeles, por la frontera del Chuy, Río Branco y Rivera”.

Una denuncia que estaría siendo investigada a nivel de Fiscalía y sobre la que el ministro del interior, Jorge Larrañaga afirmó que la cartera estaba en conocimiento de la misma, ya que es una situación que tiene antecedentes desde al menos el pasado año y que, desde la secretaría de Estado, se encontraban realizando las actuaciones administrativas correspondientes.

La información publicada establecía que se presumía que los extranjeros llegaban a Brasil “a través de Guyana y ya en Porto Alegre (a donde ingresan en avión) se activa una presunta red de tráfico de personas que involucra a choferes de Uber, taxis y autos de alquiler que levantan a los cubanos y los trasladan de a siete hasta la frontera uruguaya, donde se supone que los funcionarios reciben coimas para dejar pasar a los indocumentados”.

En consulta que realizara el medio, a la Organización Internacional para las migraciones (OIM), esta afirmaba no haber recibido ninguna denuncia de la situación irregular del Chuy que el informativo relataba, aunque reconocían “que los llamados de inmigrantes en Uruguay se multiplicaron por 10 durante la pandemia”.

El testimonio:

Entrevistado por el periodista Aureliano “Nano” Folle, uno de los ciudadanos cubanos describió “la experiencia que vivió desde que salió de su país hasta que llegó a Uruguay sin pasar por migración”.

“Nosotros los cubanos tenemos un libre visado a Guyana, allí tenemos 7 días hábiles (…) legal, pero muchos seguimos brincando fronteras para llegar a un país como Uruguay que nos permite la entrada. Esa travesía nos la hace un “coyote” que nos cobra 1200 dólares por persona, esos 1200 dólares se le entrega a la persona que te recibe en el aeropuerto de Guyana (…) esa persona se encarga de ir manejando a personas a que te lleve a la frontera, te saca tu pasaje de Guyana hasta Linden”.

En su relato destaca que una vez en territorio brasileño son hospedados en casas de seguridad, desde donde parten en ómnibus, en aviones y taxis hasta llegar al departamento de Rivera, un periplo que nunca incluye el pasaje por puestos fronterizos donde pudieran solicitar asilo o alguna otra modalidad legal de ingreso al país.

“Nunca nos llevan a la frontera a pedir asilo, esas cosas las hacemos nosotros solos”, para el denunciante el riesgo más importante de esta modalidad de movimiento migratorio se localiza en “que esa poca plata la podemos perder en ese momento en Guyana”, cuando hacen entrega de los 1200 dólares, declaraba el ciudadano cubano entrevistado por Subrayado.

De su testimonio se desprende que, en ningún momento, reflexionó sobre la posibilidad de ser objeto de la actividad de una organización dedicada al tráfico y trata de personas.

Antecedentes:

En enero del año 2018, medios de prensa de los Estados Unidos, informaban que, ante un incremento de la llegada de ciudadanos cubanos al Uruguay, se encontraban en curso al menos dos investigaciones sobre presunta actividad de tráfico ilícito de personas.

En particular, la Voz de las Américas, citaba afirmaciones del Fiscal Jorge Díaz quien señalaba que se encontraban abiertas dos investigaciones por violación a la ley 18.250 (ley de Migraciones), de acuerdo a esta información el flujo de ciudadanos cubanos, para esa fecha había experimentado cambios significativos.

Según el medio, que citaba fuentes oficiales, en los últimos meses de 2017 y primeros de 2018, decenas de ciudadanos cubanos habían ingresado al Uruguay y pidieron asilo como refugiados en Rio Branco.

La misma nota recordaba que en el año 2017, un ciudadano cubano había sido procesado con prisión por tráfico de personas.

En total, en 2017 ingresaron al país un total de 4577 ciudadanos cubanos, según relata el medio estadounidense que citando al diario El País afirma que: “más de la mitad de los ciudadanos cubanos que arribaban al país no lo hacían por el aeropuerto” y agregaba que, de ese total, 1820 habían ingresado al territorio uruguayo por Rivera y 688 por el Chuy.

Ese mismo año 2018, un extenso informe de radio Carve en el programa “Así nos va”, daba cuenta de una extensa investigación que se desarrollaba desde hacía un año por Interpol Uruguay en coordinación con las sedes de la misma en Brasil, Argentina y Cuba.

El informe de radio Carve, daba cuenta de lo que fue conocido como “Operación Tacutú”, una extensa y cuidadosa investigación policial que permitió identificar a los principales miembros de la red de tráfico de personas, tanto en Uruguay, como en Cuba y Guyana.

La investigación policial que incluyó el intercambio activo de informaciones de inteligencia, entre los países identificados como afectados por las acciones de esta red, solo recibió información complementaria de las autoridades policiales cubanas quienes aportaron copiosa información sobre antecedentes y operativas de ciudadanos cubanos que operaban en la isla como “captores” o “captadores”.

Ninguno de los otros países (Argentina, Brasil, Guyana) con los que Uruguay compartió información sobre el desarrollo de esta operación, respondió al intercambio.

La operación fue cerrada sin que se procediera a procesamiento alguno el 22/05/2018 por la fiscal Mariela Luzi mediante orden de actuación nro. 126372.

Una clausura de la investigación que se produjo con la explicita oposición de los oficiales del ministerio del Interior a cargo de la misma, quienes argumentaron, sin éxito, a la fiscal Mariela Luzi, que había suficientes elementos probatorios de la existencia de una red de tráfico de personas de carácter trasnacional.

Ya en el curso de la operación “Tacutú”, habían surgido indicios claros de que los miembros de esta red de tráfico de personas, exploraban posibles “reclutamientos” de funcionarios de migraciones con el objetivo de alcanzar rápidas legalizaciones de los ciudadanos ingresados ilegalmente al país, un elemento que contribuiría a disminuir los riesgos del grupo de ser procesados por tráfico de personas.

Ante el cierre de aquella investigación y los datos actuales, la interrogante que se abre es: ¿alcanzaron los responsables de esta red “penetrar” la estructura de funcionarios de Migraciones mediante su reclutamiento?

Si la respuesta es positiva, las fronteras uruguayas, mal que les pese a aquellos que la han usado como “coartada” para su militarización, son algo más que un “queso gruyer”.

Autor: Rolando Arbesún

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