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Hace tiempo afirmamos que la coyuntura es compleja, porque de verdad lo es, no es una muletilla o latiguillo para simplificar o cerrar algún debate, intenta ayudar a describir la dinámica de una realidad en la que operan múltiples factores de forma simultánea.

Para esta etapa sabíamos que iban a existir muchísimas dificultades, porque es año de presupuesto nacional, que define recursos sobre todas las áreas estratégicas del Estado, y también porque el gobierno hizo circular -desde fines de enero- un anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) con un montón de propuestas regresivas para el pueblo en general y para la Educación Pública en particular.

Sin embargo no nos esperábamos un contexto como el que nos está tocando vivir, quizás no fuimos capaces de reaccionar a tiempo ante lo que se venía cuando nos llegaron noticias desde Asia con una nueva enfermedad viral y las medidas para evitar su propagación. En tal sentido es necesario ser autocríticos de lo que no supimos prever, profundizar el estudio de la realidad y también los debates colectivos sobre la misma.

Ahora bien, casi nadie se imaginó esta situación de pandemia mundial, si hace seis mesas nos decían que íbamos a pasar encerrados por días y días, andar de tapabocas en todos los espacios públicos, sin poder dar la mano o un beso, llegando al hogar y cambiándonos de ropa, con alfombras sanitarias para desinfectar el calzado, pasándole alcohol en gel a casi todo, con protocolos para viajar en ómnibus y entrar a supermercados… nadie hubiera creído que eso era siquiera imaginable. Lo cierto es que pasó y hasta de alguna forma la sociedad se ha ido acostumbrando, más rápido de lo que algunos imaginamos y con menos resistencia de la esperable.

Por su parte, para las trabajadoras y trabajadores de la educación supuso la suspensión de las clases presenciales y la instalación de clases a distancia por diferentes plataformas; cambios importantes en la alimentación escolar, cierre de comedores y sustitución por sistema de viandas. Después vino la imposición del retorno de las escuelas rurales, con duros debates para establecer protocolos. Más tarde nos enteramos por prensa que retornaba todo el resto, sin margen de discusión de plazos y fechas, también marcado por duros debates para la aplicación de protocolos de salud e higiene. Además todo el proceso se dio con presiones de todo tipo por parte de las autoridades, con marchas y contramarchas, con incumplimiento de compromisos, con mucha confusión organizada… y hasta con censuras.

La situación de pandemia sumada a las políticas del gobierno, suponen más de 200.000 trabajadoras y trabajadores en el seguro de paro, de los cuales una cantidad importante saben que no vuelven a sus puestos de trabajo. A esa situación de seguros de paro y pérdida de puesto de trabajo se suman 400.000 personas afrontando las consecuencias del trabajo informal, con los dolores que ello supone.

Las políticas de ajuste del gobierno afectan el mercado interno, se pasan hablando de déficit fiscal y de ahorro, juegan al achique, a apretar el cinturón, y por lo tanto enlentecen más la economía, y afectan más puestos de trabajo y los salarios, en un contexto de aumento de la inflación y caída del salario real.

Por su parte, es importante mencionar que Uruguay es el segundo país de Latinoamérica que menos recursos ha destinado para mitigar las consecuencias de la pandemia, apenas un 0,7% del PIB ha empleado a tales efectos.

Como ya se ha expresado el gobierno no ha actuado bien en materia sanitaria, ha actuado obvio, con el diario del lunes de todo lo ocurrido en Asia y Europa, y además aprovechando la infraestructura desarrollada por los gobiernos del Frente Amplio.

En cuanto a la política económica desplegada ha actuado para que unos pocos, los más ricos, engorden sus bolsillos, mientras las mayorías nacionales sufren dificultades para cubrir las necesidades básicas y en muchos casos no pueden hacerlo. De esta crisis los capitalistas salen más ricos y las trabajadoras y trabajadores más pobres, aquello de que el capitalismo es polarizante y concentrador por naturaleza hoy se ve con claridad meridiana.

Se trata de un gobierno que no escucha las iniciativas del movimiento sindical, mientras condena las formas de protesta popular, limita el derecho de huelga e impulsa el gatillo fácil, además cuestiona y deslegitima las acciones de la justicia.

No escuchan a la clase trabajadora, pero hacen puestas en escena para manipular a la población… también hacen amenazas y escuchas telefónicas, pero en esta nota no vamos a profundizar en eso. Lo que queda claro es que se ocupan de blindar los millones de los grupos empresariales, los que no aportan ni un solo peso para el fondo coronavirus que crearon. Y endeudan al Uruguay aceptando préstamos de organismos internacionales de crédito sin decir para dónde van esos recursos.

En verdad, todo esto último no nos sorprende, es lo que nos dijeron que iban a hacer, abrazar empresarios y quitarnos los derechos de a uno, como lo explicó un ex presidente, la gallina se despluma arrancándole de a una las plumas, para que no se queje.

Estos momentos son así de sorpresivos por un lado, así de esperables por otro y así de trágicos para el pueblo.

En este marco es que desde el campo popular debemos realizar las diferentes tareas, con tiempos vertiginosos, con formas de intercambio y debate diferentes a las habituales, y con la obligación de estar a la altura de las circunstancias… lo cual nos pone a prueba día a día.

A nadie le es ajeno que las situaciones laborales generadas a consecuencia de la cuarentena han significado múltiples acciones de los sindicatos en general y de los sindicatos de la educación en particular. Desde la pelea por garantizar las condiciones de higiene necesarias, hasta el despliegue de Brigadas Solidarias que enfrentan las peores consecuencias de la crisis.

Esto último, caracterizado por la solidaridad y el esfuerzo colectivo hay que destacarlo, porque lo que diferencia al movimiento sindical de la ideología dominante es que pensamos colectivamente, que trascendemos el yo y los intereses personales. Entonces lo central en esta etapa es defender los intereses del pueblo trabajador, es la solidaridad, la mano tendida, la preocupación por los demás... como expresa Silvio Rodríguez “jamás en yo y siempre allá en el resto”.

Muchas, tumultuosas, vertiginosas… han sido las decisiones y acciones que hubo que tomar en este período, porque la dinámica y los problemas se movían, y se mueven, a ese ritmo. Ahora bien, junto a esta dinámica apremiante, a los debates con poco tiempo, a los problemas urgentes y a la lucha por resolverlos, es preciso dar polémica en dos aspectos que son centrales en esta etapa, por un lado la LUC y lo que instala, por otro la futura Ley de Presupuesto.

En primer lugar es importante afirmar que existe por parte de los sindicatos de la educación una firme oposición a la LUC y un gran compromiso en defensa de la Educación de las hijas y los hijos de las trabajadoras y los trabajadores. Entendemos clave decir que el asunto de la Educación Pública, y su defensa, es un problema de soberanía nacional, donde el intento de los sectores de poder es hacer negocio y lucrar con la educación, pero también disputan la cabeza, las ideas, las creencias, la cultura… de niñas, niños y jóvenes.

Entonces, se ha estudiado y rechazado de forma categórica la LUC desde la presentación del borrador a fines de enero. Ese rechazo, acompañado de lucha, llega hasta ahora en que fue aprobada, y vale aclarar que se aprobó sin ninguna transformación sustancial al documento inicial en lo que a educación refiere.

En el proceso se habló con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, se participó de todas las comisiones parlamentarias y se expresó en cada espacio el rechazo con argumentos profundos, serios, responsables y contundentes para advertir que esta Ley no va a resolver ninguno de los problemas que puedan existir y va a destruir la Educación Pública como la hemos conocido hasta ahora.

El rechazo a la LUC se centra en un conjunto de elementos. Antes que nada decimos que es una locomotora antidemocrática e inconstitucional, que la imponen de forma oportunista en el contexto de una pandemia, lo cual la vuelve todavía más antidemocrática. Porque en este período la gente está pensando en la salud, es decir en no contraer el virus y por tanto se cuida evitando las grandes concentraciones, lo cual afecta en cierta medida la movilización y el debate popular.

Son muchos los argumentos específicos contra la LUC y los aspectos que modifica de la Educación Pública, el daño que representan y la pérdida de derechos que suponen.

En lo que refiere a la educación los argumentos principales son: que esta propuesta de Ley de Urgente Consideración supone una reforma educativa impuesta, a la Ley General de Educación (18.437) se la modifica en más del 60% de sus artículos. Un cambio de esta magnitud por un mecanismo de este tipo es un atropello brutal, parece difícil de pensar que un tema de esta importancia se haya debatido en plazos tan breves y con tan pocas garantías. Ni hablar que no hubo condiciones ni garantías para que se diera en el marco de un diálogo social, amplio, profundo y democrático.

La LUC viola la constitución en muchos artículos, pero en lo que refiere a Educación avasalla la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y esa autonomía está garantizada en el Artículo N° 202 de la Constitución de la República, por lo cual queda claro que se está violando la Constitución en eso también. Porque todas las potestades que se le dan al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) supone un pisoteo del ente autónomo ANEP, que queda supeditado a las definiciones del Ministerio. Cuando uno plantea esto, muchas veces choca con la dificultad de comprender de qué estamos hablando, en nuestro país la Educación Pública no está directamente controlada por el Poder Ejecutivo, está en la órbita de un ente autónomo que tiene muchas potestades que permite que sean los profesionales de la materia quienes definan sobre aspectos claves, eso se estaría perdiendo con la LUC, y la educación va a quedar en manos de políticos y tecnócratas que no pisaron nunca una escuela, un liceo o una escuela técnica.

Con la LUC pretenden cambiar el contrato de trabajo sin negociar con las trabajadoras y los trabajadores organizados, y eso es una clara violación de la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público, que es precisa cuando establece que ninguna modificación de las condiciones de trabajo se puede realizar sin negociar con el sindicato. Este cambio genera muchas dudas e incertidumbres, por ejemplo existe la posibilidad de que haya dos maestras realizando la misma tarea y percibiendo salarios diferentes. Cualquiera diría que eso es absurdo, pero es lo que se votó.

Otra transformación compleja es que sean las directoras las que elijan a su personal, eso barre con una historia de acceso por concurso a todos los cargos, y da lugar a la discrecionalidad y el amiguismo.

También está afectada la Libertad de Cátedra, porque aparece la necesidad de adhesión a metodologías establecidas por las autoridades, esto es muy complejo, las metodologías impuestas lesionan y degradan el carácter profesional de los cuerpos docentes. 

Además se eliminaron los Consejos Desconcentrados (PRIMARIA, SECUNDARIA Y UTU) de carácter colegiado y se crearon direcciones unipersonales. Allí además perdimos un espacio conquistado, que es la representación de las trabajadoras y los trabajadores en los Consejos, lo cual consideramos un enorme retroceso.

Y se nos plantea la duda sobre el carácter unipersonal de la tarea, hablando sólo del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), se trataría de una persona para dirigir la actividad de 340.000 niñas y niños, 22.000 docentes, 6.000 funcionarios no docentes y 2.300 escuelas. Parece que es un desafío grande y más teniendo en cuenta que la actual directora general hace muchísimos años que no está en el organismo.

Por su parte también es importante mencionar que hay que estudiar la perspectiva de lucha contra la LUC, hay que buscar los mejores caminos a seguir. A partir de ahora, con la ley ya promulgada (19.889), tenemos que estudiar cuidadosamente la táctica a desarrollar para que las medidas tomadas sean las que más daño le hagan a esta ley nefasta. Para eso es necesario que la ciudadanía en su conjunto entienda en qué aspectos la LUC le perjudica y esté dispuesta a luchar contra eso.

Entendemos que algunas acciones contra la LUC van a estar seguro, una de ellas es la movilización popular, y por eso aún después de votada en el parlamento el movimiento sindical sigue movilizado y realizando actividades contra la LUC. Pero también debemos analizar en profundidad otras líneas de acción, por ejemplo los recursos de inconstitucionalidad y el referéndum revocatorio.

Algunos entendemos que es necesario empezar a conversar con el pueblo en cada rincón del país sobre la necesidad de organizar un gran movimiento nacional que defienda las libertades civiles, la democracia, las empresas del Estado, la Educación Pública… todo lo que la LUC pisotea. Y que desde ese gran espacio, donde estén todas las organizaciones sociales, surjan, por ejemplo, las comisiones pro referéndum.

Por su parte, preparando un proyecto de Ley de Presupuesto de recortes escandalosos, desde el MEC y de otras tiendas han salido a cuestionar el costo de la alimentación escolar. Y enseguida llega la interrogante: ¿así van a mejorar la educación? ¿Recortando recursos tan importantes? Se trata de una actividad de la que participan más de 200.000 niñas y niños, y no sólo es un asunto de asistencia alimentaria a quienes la necesitan, el comedor escolar es un espacio educativo, de aprendizaje y socialización. Además cualquiera podría decir que en medio de una crisis económica sería impensable poner en cuestión un servicio de alimentación para niñas y niños… pero como ya se dijo “vienen por todo”.

El último vómito del ministro de educación fue que “en cinco años se gastó una cantidad enorme de dinero en alimentación escolar, equivalente a dos Antel Arena y medio”.

Analicemos este vómito por partes, en primer lugar el concepto de “gasto”, desde nuestra perspectiva la alimentación de niñas y niños es un derecho no un gasto, hace años insistimos que no se gasta ni se invierte en educación, se garantizan derechos.

En segundo lugar, la comparación es mal intencionada, porque crearon en gran parte de la sociedad la idea de que en la construcción del Antel Arena hubo mal manejo de los recursos, y lo elige para establecer comparación con la alimentación escolar, con lo cual también genera la idea de manejo inadecuado de recursos, cuando en verdad lo que hay es mucho desconocimiento de su parte.

Tercero, vamos a los números, y allí podremos descubrir que la mala intención de la comparación está plagada de hipocresía y de una mezquindad gigantesca. En cinco años la alimentación escolar fue de “dos Antel Arena y medio”, si consideramos que la construcción tuvo un costo aproximado de 100 millones de dólares, se destinaron a alimentación 250 millones de dólares, ¿verdad?

Para ir comparando, cada año la Caja Militar le cuesta a nuestro país más o menos unos 600 millones de dólares, es decir seis Antel Arena. Pero como la comparación es del quinquenio quizás convenga ver ese dato en el global, a las uruguayas y los uruguayos la Caja Militar nos cuesta 3.000 millones de dólares, es decir 30 Antel Arena, ¿por qué esto no se dice? Se tiene el descaro de cuestionar la comida de niñas y niños, pero se guarda silencio sobre las jubilaciones de privilegio escandalosas que se otorgaron en la dictadura cívico – militar los que pisotearon la democracia.

Por su parte vale la pena también observar otro ejemplo, la renuncia fiscal que realiza el gobierno del Impuesto al Patrimonio es de unos 650 millones de dólares anuales, es decir 3.250 millones en el quinquenio, es decir 32,5 Antel Arena, ¿por qué esto no se dice? Se puede poner en tela de juicio la alimentación de escolares pero hacer silencio de los millones y millones que se exoneran a los ricos.

Ahora nos vamos a meter con una vaca sagrada, sería bueno recordar los beneficios que el Estado le brinda al sector rural. Existe un fondo arrocero que beneficia a poco más de 550 productores, hay varios fideicomisos lecheros, cuentan con enormes exoneraciones tributarias (el 75% de los productores rurales únicamente paga el Impuesto de Enajenación de Bienes Agropecuarios –IMEBA– y el 50% no paga DGI) y también de la contribución inmobiliaria, tienen una rebaja de la tarifa eléctrica, y una devolución del IVA del gasoil del 18%, cuentan con un fondo de emergencia, préstamos con facilidades y mucho más… ahí se nos van decenas de Antel Arena, ¿por qué esto no se dice? Se trata de que “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”. Si la gurisada come o no come, o con qué se alimenta, o qué tipo de dieta lleva… todo eso no importa, se trata del herrerismo, no nos olvidemos de aquellas ideas en las que manifestaban su temor de que el pueblo deje la ignorancia, decían que si se seguían aplicando políticas batllistas hasta los hijos de los obreros van a ser bachilleres… siempre les molestó que el pueblo acceda a derechos, y ahora también.

Está claro que estas afirmaciones de las autoridades se hacen preparando la Ley de Presupuesto quinquenal. Al igual que los dichos de Conrado Ramos el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, afirmando de forma irresponsable y con datos inexactos que hay 2.000 maestras que no trabajan y perciben sus haberes. Le mientan a la población en los titulares y luego aclaran en letra pequeña, así instalan la idea de que hay que recortar en la educación, en alimentación, en cargos y en salarios también. Crean clima, ponen una idea a rodar, van convenciendo de que la alimentación escolar es carísima y además que no es tan necesaria.  

Por eso debemos seguir movilizados, en las calles, informando, en diálogo con la ciudadanía, con las familias, con todas las trabajadoras y trabajadores, porque a la Educación Pública la defiende el Pueblo… y todas las conquistas alcanzadas han sido consecuencia de  la lucha que permitió aumentos presupuestales, los cuales hay que incrementar y no recortar.

Necesitamos a toda la sociedad de pié, organizando la lucha, defendiendo palmo a palmo las conquistas alcanzadas, cada familia debe ser una trinchera donde se defienda la educación del pueblo, cada obra y cada fábrica deben impulsar comisiones de defensa de la Educación Pública, y salir a la calle, porque tenemos la obligación de defender los derechos conquistados.

Autor: Esteban Coitiño

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