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El pasado 9 de julio, la Asamblea de la Asociación de Funcionarios de Presidencia (Afinpre), definió declararse en conflicto.

Desde marzo, los trabajadores afiliados al sindicato venían denunciando, sistemáticamente, los efectos negativos que el decreto presidencial (90/2020) del 3 de marzo produciría, tanto en el mantenimiento de las fuentes de empleo, como en los programas que se desarrollan en Agesic, OPP y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

La secuencia de comunicados alertando sobre esta situación, comenzó el 20 de marzo.

En dicha oportunidad, los trabajadores señalaban que la resolución del Ejecutivo de fecha 11 de marzo, donde se prohibía la renovación automática de todos los vínculos de servicios personales de carácter temporal, que no sean funcionarios públicos, cualquiera sea su fuente de financiamiento, en las oficinas públicas, constituía una clara violación de la Ley 16.127.

La ley 16.127, que regula el procedimiento para la designación de personal presupuestado y contratado del Poder Ejecutivo, establece el tope de una designación cada dos vacantes generadas, procedimiento que se violaba en la resolución del 11 de marzo.

El impacto que dicha resolución tendría sobre los trabajadores de Presidencia es directo, allí existen cerca de 600 vínculos laborales que no son presupuestados (22% del total de los vínculos laborales a fines de 2018) y de ellos cerca de 300 eran contratos de servicios personales, vínculos que por la importancia de sus funciones se sostenían año tras año.

En paralelo, el sindicato denunciaba y rechazaba, la ausencia de una negociación colectiva previa que de persistir los llevarían a asumir medidas de lucha.

En aquella oportunidad, el comunicado de la Asamblea de Afinpre, expresaba: “El artículo 4 del Decreto representa un desmantelamiento de varias Unidades Ejecutoras que tienen a cargo servicios directos a la población como ser obras de infraestructura básica, de seguridad informática y protección de datos personales, que tienen a cargo tareas en la Agencia de Compras Estatales, en la Dirección de Planificación, en la de Descentralización y de asesoramiento en las Empresas Públicas”.

El artículo, en cuestión establecía la prohibición de proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019, mientras que, aquellos que se generasen durante 2020 sólo podrían ocuparse en un tercio, exceptuándose en la prohibición, los cargos vinculados a la educación, la salud y la seguridad.

Junto a esto se describía el fin del procedimiento adoptado como una decisión “sin planificación” y con la sola intención de recortar recursos humanos que contaban con una larga trayectoria de especialización y conocimiento del trabajo en la Administración del Estado.

En su primera comunicación, el sindicato denunciaba que ya para esa fecha autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) habían informado a algunos trabajadores sobre la no renovación de los contratos, que vencerían en agosto, una medida que se comenzó a aplicar también, en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), donde de forma unilateral se había decidido la recisión de contratos de trabajadores.

Estas medidas del Ejecutivo, no solo dejarían sin trabajo a cerca de 50 funcionarios de Presidencia, con las subsiguientes dificultades que ello trae aparejado (no cobertura de desempleo, ni indemnización por la rescisión) sino que, además, se habían realizado de forma discrecional y sin argumentos técnicos que las sustentaran.

“Si estos trabajadores se quedaran sin contrato por el tipo de vínculo laboral que tienen (como empresa unipersonal, aunque en relación de dependencia real desde hace años), no tendrían cobertura a través del seguro de desempleo, por lo que si la recontratación no se realiza inmediatamente, dejarán de percibir ingresos”, expresaba el comunicado, al tiempo que exhortaba “a las autoridades a sensibilizarse con lo que estamos viviendo las y los trabajadores y sus familias y dejar sin efecto estas medidas ante la situación de emergencia nacional declarada”.

En lo que puede definirse como, un primer intento de “limitar” futuros conflictos, la Asamblea de trabajadores expresaba en su comunicado su disposición y postura favorable para “integrar espacios de diálogo que contribuyan al desarrollo de los objetivos de la organización salvaguardando los derechos de sus trabajadores. Entendemos que estas propuestas del Ejecutivo se deben acordar de forma tripartita y apelamos a su suspensión dado que, de consolidarse las mismas, se estaría condenando a perder sus fuentes de sobrevivencia a cientos de trabajadores, en una coyuntura crítica”.

Un mes después de esta primera comunicación, el sindicato, ante la ausencia de respuestas y señales del Ejecutivo, inició una “campaña de adhesiones”, vía redes sociales, con vistas a dirigir una misiva al presidente de la República donde se pusiera en su conocimiento la preocupación de los trabajadores respecto al reordenamiento que por la vía de los hechos se realizaba, así como la negatividad de la inexistencia de ámbitos formales y claros de comunicación institucional que permitieran anular las incertidumbres de los trabajadores con relación a su futuro.

“Esta insuficiente y desprolija comunicación se agrava aún más debido a que no hay constancia de que la nueva Administración tome estas decisiones basada en una evaluación de las necesidades y funciones de los trabajadores contratados o habiendo estudiado una reestructura de las unidades ejecutoras. No ha habido tiempo ni condiciones para un análisis al respecto”, resaltaba la misiva dirigida al presidente de la República.

Tres meses después y con una situación incambiable y sin la apertura de ámbitos de negociación, el sindicato de trabajadores de Presidencia se declaró en conflicto.

La medida adoptada en una Asamblea el pasado 9 de julio, ubicaba al conflicto en una nueva etapa: comenzaba así el trabajo de sensibilización e información a los trabajadores y población, en general, sobre lo que estaba aconteciendo con los trabajadores de Presidencia.

Una vez más, Afinpre, denunciaba todo aquello que desde marzo venía denunciando: pérdida de empleos por la recisión de contratos, discrecionalidad en los ceses producidos, falta de planificación y argumentación técnica en la concepción de reorganización institucional y ausencia de garantías para los trabajadores.

“Cabe mencionar, señalaron en comunicado emitido, que estos recortes del personal no están acompañados de una reestructura organizacional acordada en ámbitos de negociación colectiva tal como lo prevé la Ley de Negociación Colectiva vigente, evidenciando que no existe voluntad de involucrar a los/as trabajadores/as en este proceso”.

Este 5 de octubre los afiliados a Afinpre volvieron a realizar una asamblea donde ratificaron su rechazo a la reducción de personal en OPP, Presidencia, la Oficina Nacional de Servicio Civil y Agesic.

“Dentro de esta fachada limpia y espejada la Presidencia de la República parece una casa en orden. [...] No es así, de unos 950 trabajadores de Presidencia, la mitad son personal tercerizado con contratos precarios y muchos con vínculos de más de cinco o diez años trabajando en áreas fundamentales para el país y que ayudaron a combatir la pandemia. El nuevo gobierno se aprovecha de esta fragilidad para cortar por el más débil”, afirma un material visual que hace días se difunde por la agrupación sindical.

En la asamblea del pasado 5 de octubre, los trabajadores resolvieron “intensificar el conflicto y salir con algunas comunicaciones, como el video”, según contó a La Diaria y ratificó para Caras y Cretas Portal, el presidente del sindicato, Fernando Rodríguez.

“La contraparte no ha logrado sostener los compromisos verbales que se han realizado en los diálogos que hemos tenido, por lo que la asamblea resolvió más salidas a los medios para comunicar la dificultad que tenemos. Además de la pérdida de fuentes laborales y de derechos, creemos que [la aplicación del decreto] pone en riesgo la ejecución de algunas políticas públicas que consideramos políticas de Estado, y desconocemos qué cambios va a realizar esta administración”, afirmó Rodríguez, quien agregó, “no se termina de compartir con el sindicato cuál es el nuevo plan, qué cambios va a implicar en las políticas públicas, qué tipos de tareas van a cambiar. Por el momento entendemos que la reducción de contratos implica, pura y exclusivamente, el cumplimiento de la intención de ahorro (…) En el discurso nos habían dicho que la intención era racionalizar el ejercicio de las políticas llevadas adelante por cada unidad ejecutora de Presidencia, pero no nos han dicho ni el cómo ni el cuándo ni con qué persona se va a contar”.

En atención a la gravedad de la situación y ante la ausencia de voluntad política y de diálogo del Ejecutivo, la organización sindical, en coordinación con la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) ha solicitado un espacio tripartito en la Dirección Nacional del Trabajo.

El objetivo, nos expresaba Rodríguez, es que “la administración se siente a conversar con nosotros y de alguna manera pueda echar luz sobre todo lo que hemos dialogado y explique por qué no se respetó en su totalidad lo que se había comprometido”.

La cercanía del fin de año y el próximo vencimiento de contratos en marzo del próximo año, hace que los trabajadores vivan la situación “con mucha angustia, porque no saben en qué momento se van a quedar sin trabajo, y los que queden tampoco tienen claro qué tareas y responsabilidades van a tener”.

Rodríguez recalcó, que esperan que la persona que sea designada para la instancia tripartita tenga capacidad de resolución porque de lo contrario ello no tendría sentido, “vaya quien vaya tiene que tener ese poder de negociación; en definitiva, es lo que estamos pidiendo, que se nos comparta la información sobre cómo se está planificando cada unidad y su trabajo para este quinquenio”.

A pesar de las señales negativas que desde el mes de marzo han tenido las demandas del sindicato, parecería de orden, expresó Rodríguez, que aquél quien es, en definitiva, el responsable de este inciso del Estado: el presidente Luis Lacalle Pou, pueda a pesar de sus muchas obligaciones, “ordenar esta casa”.

Habrá que esperar la instancia tripartita y ver si realmente, tal y como le gustaba decir en campaña, el presidente “se hace cargo”.

En caso negativo y si la instancia tripartita se conforma como una estrategia de “negociación fallida y enlentecedora”, el sindicato asumiría nuevas medidas de lucha.

Por lo pronto, los trabajadores afiliados a Afinpre ya han anunciado su adhesión al paro previsto por COFE para fines del mes en curso.

Ahora que los trabajadores ya han hablado, tiene la palabra “el malla oro”, hay cerca de 100 trabajadores esperando por aquél “que se hace cargo”.

Autor: Rolando Arbesún

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