Teresa Alarcón Rodríguez*
Los días posteriores a las elecciones de 2019 estuvieron marcados por denuncias de un presunto fraude y la difusión de información falseada y manipuladora en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Se iniciaba una etapa más frontal y violenta de la estrategia golpista, con la complicidad de la Organización de Estados Americanos, la Embajada Estadounidense, medios de comunicación, iglesias, empresariado, fuerzas militares y policiales.
Fue desde la región del oriente boliviano particularmente que se empiezan a articular contingentes de personas, especialmente jóvenes, a partir de la convocatoria de instituciones cívicas, cuya práctica prebendalista y arreadora logró detener al país por varias semanas. Sus discursos apuntaban al retorno de la república frente al “invento” del Estado Plurinacional “impuesto” por el indígena y el campesino, a quienes tacharon como poco más que animales, corruptos y violentos por su “naturaleza” salvaje. Políticos, cívicos y medios de comunicación calificaron como “hordas” a los sectores sociales que organizaban la resistencia al golpe; se reconstituyeron formas organizativas aparentemente disueltas cuyos principios se acercan más al nazismo que a la democracia, tal es el caso de la Unión Juvenil Cruceñista, y se crearon grupos armados de carácter paramilitar y terrorista como la Resistencia Juvenil Cochala. Convergieron en las movilizaciones expresiones religiosas variadas y en cada mitin estuvieron presentes ceremonias y símbolos religiosos.
La narrativa construida fue la del retorno a una Bolivia republicana, con base en la familia natural, con temor de dios, impulsada por la pujanza y empeño del empresariado privado, limpiando la corrupción de la administración pública, manejada en los últimos años por indios sin instrucción, a través de la privatización.
Pero se equivocaban, las transformaciones sociales, el reconocimiento de los rostros de sujetos y sujetas subalternas, el planteamiento de descolonización, despatriarcalización, pluralidad y laicidad de Bolivia superan 14 años y superan cualquier gobierno; estas fueron demandas colocadas por las bolivianas y bolivianos en su diversidad y pluralidad desde hace más de dos décadas y defendidas en un proceso que una multiplicidad de organizaciones, colectivos, sujetas, sujetos y sujetes, asumimos como propio a partir del reconocimiento de las injusticias comunes vividas en nuestros cuerpos y sobre todo a partir del compartir la transgresión de imaginar otra Bolivia posible.
El reconocimiento, en la Constitución Política del Estado de 2009 y en un amplio marco legal, de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, de los derechos sexuales y derechos reproductivos, del carácter laico del Estado, fueron cuestionados y amenazados a partir de los sucesos del pasado año.
La llegada de la biblia al palacio y la quema de la wiphala son expresiones que no demostraron otra cosa que la ambición por el retorno al poder de la vieja política rancia, machista, facha, neoliberal que oprime y explota el medio ambiente, los territorios y nuestros cuerpos. En octubre y noviembre de 2019 vivimos una irrupción de carácter conservador, movilizada por consignas antiderechos y fundamentalistas, enmascarada en la lucha por la democracia y apoyada por un importante número de personas incautas. La gestión de la autoproclamada Jeanine Añez da muestra de ello, no solo a partir del despliegue de las fuerzas policiales y militares para la represión, persecución y asesinato de un pueblo movilizado, sino también por la atención gubernamental a la pandemia del Covid-19, que derivó en una crisis social y de derechos humanos y en el desmantelamiento paulatino del Estado. En octubre y noviembre de 2019 vivimos el desconcierto, el miedo, amedrentamiento y un profundo dolor por la masacre y la violencia del fascismo.
En una realidad concreta, como la boliviana y la latinoamericana, la conciencia de nuestros privilegios y opresiones a partir de cómo se manifiestan las expresiones de los sistemas de dominación colonial, patriarcal y capitalista sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, nos convocan a la resistencia.
Los feminismos de la región y el mundo entero, están generando reflexiones y llevando adelante experiencias para pensar y hacer otro mundo posible y eso incluye un profundo cuestionamiento a sistemas económicos y políticos injustos y opresores y el planteamiento de transformaciones radicales de estos sistemas. Allí, en ese cuestionamiento, en la configuración de nuevas realidades, es que el discurso de la democracia debe ser puesto en clave de pluralidad, de diversidad, de respeto y desarrollo integral de las mujeres, las juventudes, las diversidades, los territorios y las identidades culturales y de género.
Una lucha que no pretende transformar la situación de desigualdad, de racismo, de discriminación contra las mujeres, las niñas, las juventudes mismas, los pueblos indígenas originarios, afro y campesinos, no nos sirve. El racismo, la segregación y el odio existen pese a que el discurso blanco victimista haya convencido a muchas personas de que no.
Debemos pensar y decidir si queremos padecer una democracia discriminadora y odiadora o sentir y vivir la pluralidad. Esa es nuestra lucha y nuestro llamado a la alerta. Nuestra adscripción a un proceso político no viene condenada a la obsecuencia; quienes estamos comprometides en la lucha por la justicia social, adoptamos una posición y una práctica crítica, contestona, profundamente irreverente y rechazamos la comodidad de lo impoluto; reconocemos las contradicciones, el profundo arraigamiento del machismo y del capitalismo explotador de cuerpos y territorios en nuestros compañeros y compañeras, en las organizaciones sociales y en nosotres mismes, pero es desde allí que decidimos luchar, pelearnos, aprender y por sobretodo acompañarnos.
Y estamos aquí y ahora, tras una victoria irrebatible contra el fascismo el 18 de octubre de 2020, para denunciar con más pruebas la alianza criminal de los poderes eclesiales con los poderes económicos, para evidenciar la estrategia global de apropiación de nuestra capacidad de decidir que nos condena al aborto clandestino e inseguro, para defender cada logro, para rectificar cada error y para demandar con mayor fuerza y legitimidad la deuda histórica de la democracia: la de la felicidad, libertad y dignidad para todas, todos y todes.
*Feminista, integrante del Colectivo Rebeldía y de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en Bolivia
