Dicen que en los noventa llegó la democracia a Chile. La alegría venía, y con ella, la paz y el crecimiento económico. Seríamos el jaguar de Latinoamérica. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? Nos referimos a las constantes represiones policiales ante estudiantes que exigían educación gratuita y de calidad. También, hablamos de adulto/a/es mayores, quienes poseen la más alta tasa de suicidio en el país, realidad ante la cual el Estado prefiere potenciar el uso de medicamentos antidepresivos bioequivalentes. Aludimos también, a los constantes obstáculos para un aborto libre, seguro y gratuito, así como las constantes vulneraciones que sufren niñas, y niñes del Servicio Nacional de Menores.

La revuelta de octubre emerge para dar nombre, cuerpo y voz a las demandas y la rabia que por treinta años se gestó en los diferentes territorios. Es esta cólera la que permite que la ilusión del jaguar de Latinoamérica se quiebre, y podamos finalmente deshacernos de esa falsa despolitización que permitió poner bajo el tapete una serie de violaciones a los Derechos Humanos y faltas a nuestra dignidad.

Hoy, a más de un año del comienzo de la revuelta, nos encontramos en un Chile al desnudo, territorio que en pandemia devela una serie de problemáticas relativas a las demandas ciudadanas enarboladas en los últimos años; en materia de derechos sexuales y reproductivos se han agudizado las necesidades de la población, ejemplo de ello  lo encontramos en el caso de distintos lotes de pastillas anticonceptivas que tuvieron que ser retirados del mercado por mal estado, causando numerosos embarazos no deseados, los que no tienen cabida dentro de la actual ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

 Asimismo, nos encontramos con casos como el de Fabiola Campillay, Gustavo Gatica y las más de trescientas cincuenta personas con trauma ocular producto de la brutalidad policiaca desde la revuelta. Observamos a gran parte de la ciudadanía como víctima de la violencia política sexual y una constante criminalización producto de su participación en la revuelta, quienes aún esperan justicia.  

En estos momentos, más que nunca, nos queda movilizarnos, se habrá ido la dictadura, pero no la herencia de Pinochet, es por esto que nuestro legado será borrar el suyo: la constitución del 80. Así, convertir nuestra rabia en fuerza política de cambio. Rabia que las feministas hemos experimentado a diario, y que nos ha permitido comprender nuestras prioridades en este nuevo proceso constituyente. 

El veinticinco de octubre del presente, a un año exacto de la histórica manifestación de más de un millón de personas reunidas en la Plaza Dignidad y sus calles aledañas, se realizó el plebiscito por una nueva constitución, las posibilidades, “Apruebo” o “Rechazo” y su modalidad de redacción: un órgano compuesto exclusivamente por miembros electos de la ciudadanía (Convención Constitucional) o, compuesto en partes iguales tanto por estos miembros de la ciudadanía como por miembros del parlamento (Convención Mixta Constitucional). Después de un período de campaña política, llena de analogías y comparaciones con hojas en blanco, declaraciones sobre Dios y Satanás e imaginarios varios en torno a la revuelta social, llegó la jornada electoral con mayor participación de los últimos diez años,  pese a  la crisis sanitaria actual, jornada que finalizó con una aplastante victoria del Apruebo, con más de un 78% de votos a favor. Respecto del órgano redactor, la Convención Constitucional venció a la Mixta con casi un 79% de los votos.

Esta convención Constitucional, además de estar compuesta exclusivamente por miembros electos de la ciudadanía que no estén ejerciendo ningún cargo público, será paritaria, es decir, deberá estar compuesta en un 50% por mujeres y el otro 50% por hombres, siendo la  ley fundamental resultante la primera en el mundo redactada en partes iguales tanto por hombres como mujeres. 

Sin embargo, a pesar de ser una victoria a nivel de representación, la sola presencia de una mitad de mujeres es solo el primer paso para poder posicionar las demandas sobre inequidad y violencia de género. El próximo desafío que acompañará al proceso constituyente guarda relación con el avance que podrán tener de los proyectos de ley que involucran directamente la calidad de vida de las mujeres en Chile, y la forma en que, quienes serán la voz de aquellas colectivas feministas durante este proceso, lograrán plasmar la importancia de establecer una sociedad igualitaria y libre de violencia en la nueva Constitución.

Uno de los proyectos que mayor importancia y urgencia ha presentado durante el presente contexto de pandemia, corresponde al  Proyecto de Ley de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2018), ya que en lo que va del año, cuarenta y ocho mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas y/o terceros, y al mismo tiempo, la violencia intrafamiliar y doméstica ha aumentado considerablemente. Este proyecto busca mejorar las respuestas institucionales que se ofrecen a mujeres y/o a personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad frente a la violencia intrafamiliar, al mismo tiempo que pretende generar un cambio cultural y de conciencia para lograr poner fin a la violencia de género.

Es por esto que se entiende que la participación activa/comprometida de los diversos actores que constituyen a la sociedad es de gran relevancia, destacando así el rol de aquellas organizaciones de la sociedad civil que han debido subsanar la falta de preocupación estatal frente a estos hechos de violencia que afectan a las mujeres.

Este último punto es primordial si se busca alcanzar un proceso cuyas protagonistas sean aquellas representantes de las demandas actuales del movimiento feminista, y que hayan realizado con anterioridad un trabajo desde, por y para las bases, entendiendo así que esta es la única manera de lograr ser representadas directamente en este nuevo proceso social y político que se comenzará a desarrollar, considerando que el Estado chileno está en deuda con las mujeres y disidencias que habitan en este país.

Esto se refleja -entre tantas cosas- en tanto el aborto libre, seguro y gratuito sigue siendo denegado a los cuerpos gestantes, e incluso las tres causales que son consideradas como legales, son manipuladas bajo un criterio totalmente patriarcal, siendo la objeción de conciencia  individual e institucional un elemento que constituye obstáculos en el acceso a la interrupción de embarazo. Esta situación se refuerza con la falta notoria y urgente de un proyecto de ley de Educación Sexual Integral -que contempla los puntos anteriormente mencionados y otras dimensiones de la sexualidad-, el cual fue rechazado y archivado recientemente no por falta de votos a favor, sino por la exigencia de un quórum supra-mayoritario y debido a la presencia de un discurso ultra conservador, promotor del pánico moral.  Lo anterior constituye una barrera en el avance hacia una sociedad diversa e igualitaria, ya que sin ESI se seguirán perpetuando las relaciones violentas, la homofobia, el patriarcalismo, el racismo, entre otros. 

Lo/a/es jóvenes históricamente se han considerado como parte de procesos transitorios intermedios de desarrollo hacia la adultez, sin tener pleno reconocimiento como sujetas/os/es de derechos, por lo que las condiciones jerárquicas de poder desde el paradigma adultocéntrico ha mermado en sus oportunidades  de cuestionar, rebatir y participar activamente en la construcción de ciudadanía, identidad y formación, generando brechas de poder y de vulneración de derechos. 

La incorporación de niñas, niños, niñes y jóvenes en el debate y formulación de políticas públicas ha sido realizada desde el mundo adulto, desde imaginarios y estereotipos, sin la real partición de estos sectores como parte constitutiva de la ciudadanía.. En este sentido uno de los grandes desafíos que tenemos como juventudes en el actual contexto de proceso tiene relación con el reconocimiento y capacidad de deliberación en el debate público de nuestras ideas, proyectos y sueños, ya que hemos sido nosotras/os/es parte estructural de la revuelta social, históricamente desde el retorno a la democracia pactada.

La Convención Constituyente permite integrantes desde los 18 años, dejando fuera una vez más la representación participativa de niñas, niños, niñes y jóvenes menores de dieciocho años, por lo que uno de los principales desafíos es contar con constituyentes aliadas/os/es,  que pongan en marcha la agenda de las personas excluidas del proceso 

La organización e incidencia en este proceso serán elementales para la formulación de una carta magna, para el levantamiento de información, y la creación de una agenda común y transversal que reconozca interseccionalmente los cuestionamientos al sistema y las vías de incorporación a la nueva constitución. Lo anterior ha de configurarse como un pilar fundamental para posicionar las demandas de jóvenes y monitorear el trabajo en red con quienes sean constituyentes electos. 

La lucha aún no está ganada, pero confiamos en que el trabajo en red y el activismo permitirán terminar con las herencias de la dictadura y dar inicio a una nueva carta Magna que reconozca a toda persona que habite Chile, desde la interseccionalidad, mediante la perspectiva de género y de diversidades.

Área Joven Metropolitana APROFA (Asociación Chilena de Protección de la Familia)*

*El Área Joven de Aprofa es un voluntariado chileno que lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos y es parte de IPPF/RHO. Desde 2017, y con más de 30 integrantes a lo largo del país, han realizado talleres de educación sexual integral, conversatorios y protestas junto a otros colectivos.