Por Bruno Giometti
El objetivo del presente artículo es analizar la política económica que está siendo llevada adelante por el actual gobierno nacional.
Vamos a focalizarnos en tres aspectos que nos parecen centrales: la devaluación de la moneda como mecanismo de redistribución del ingreso nacional, la administración de las finanzas públicas centrada básicamente en reducir el déficit fiscal y la política salarial orientada a reducir los costos salariales para recomponer los márgenes de ganancia del capital.
La devaluación de la moneda
En los primeros diecinueve días del gobierno de la coalición de derecha, el precio del dólar pasó de $38,95 a $46,10 lo que representa una devaluación del orden del 18,4% en dicho período.
Es cierto que la pandemia del COVID-19 generó movimientos importantes en los mercados globales, particularmente en los meses de febrero y marzo, que tendieron a un fortalecimiento del dólar a nivel mundial (y por ende devaluación del resto de las monedas frente a la divisa estadounidense). Esto sucede por la razón de que los capitales en situaciones de incertidumbre, prefieren ir hacia los activos más seguros, entre ellos la moneda norteamericana.
Lo que no es menos cierto es que en las tres semanas que siguieron al 1º de marzo nuestro país fue el que tuvo el mayor porcentaje de devaluación de toda la región[1]. Esto estaría indicando que, además de las tendencias globales, otros factores tienen que haber contribuido a explicar esta suba del dólar en nuestro país. Es evidente que las declaraciones de integrantes del gobierno en esta dirección generaron una expectativa devaluatoria que luego resultó convalidada en el mercado de divisas con un salto del tipo de cambio a un nivel significativamente más elevado.
Es conocido que la devaluación de la moneda nacional favorece a los sectores exportadores, que venden su producción en dólares, mientras que sus costos están mayoritariamente en pesos. Por el contrario, perjudica a los capitales que producen con insumos importados; a los asalariados, jubilados, pensionistas y trabajadores por cuenta propia, dado que la devaluación se traslada a inflación doméstica y erosiona el poder de compra de sus ingresos; a los pequeños y medianos productores que venden en el mercado interno, dado que dicho mercado se reduce por la reducción del poder de compra de los ingresos domésticos. Una devaluación acelerada de la moneda, entonces, es un mecanismo que posibilita una transferencia de ingresos de la gran mayoría de los agentes económicos hacia los grandes sectores exportadores y a los grandes dueños de la tierra que captan y apropian renta agraria.
Según cálculos realizados por Gabriel Oyhantçabal, la devaluación del peso implicó, sólo en marzo de 2020, una transferencia de renta agraria hacia los terratenientes en el entorno de los 56 millones de dólares[2].
En los meses posteriores el ritmo de devaluación de la moneda se moderó e incluso el dólar tuvo una baja en comparación con el pico del mes de marzo (hoy la cotización se encuentra en torno a los $42,50). No obstante lo anterior, la comparación interanual muestra que en el último año móvil la devaluación fue de aproximadamente 21% es decir muy por encima del incremento de la inflación doméstica (en torno al 10% anual). Esto indica una ganancia de “competitividad” por la vía de los precios relativos, favorable a los exportadores que podemos estimar en torno al 11% en el último año.
De las 40 mayores empresas exportadoras de la economía uruguaya hay 18 (casi la mitad) que exportaron más valor en dólares en lo que va de 2020 con respecto al año anterior. Estos capitales tienen un doble crecimiento, por un lado incrementaron el valor exportado, mientras que además se ven favorecidas por el efecto tipo de cambio (cada dólar tiene más poder de compra que el año pasado, incluso considerando el incremento de los costos por la inflación doméstica). Otras 7 empresas del “top 40” exportaron menos que el año pasado en dólares, pero esa caída fue inferior al 11% (porcentaje de mejora de la “competitividad precio” por el tipo de cambio) con lo cual también tuvieron una mejora en comparación con 2019.
Bajar el déficit fiscal a expensas de los sectores populares
La orientación fundamental de la política económica del gobierno actual es la búsqueda de reducir el déficit fiscal. Vamos a plantear una visión crítica con esta orientación, no porque bajar el déficit fiscal sea algo negativo en sí mismo (que no lo es) sino por dos aspectos centrales: uno que tiene que ver con la oportunidad y otro que se relaciona con los mecanismos a través de los cuales se busca reducir el déficit.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, la orientación del gobierno uruguayo se da de bruces con lo que están llevando adelante los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, que expanden el gasto y la inversión pública con el objetivo de dinamizar la economía, dejando el déficit fiscal en un segundo plano. La búsqueda de reducir el déficit fiscal en esta coyuntura tendrá seguramente efectos recesivos sobre la economía, profundizando las dificultades ya existentes. Incluso puede suceder que agrave lo que supuestamente se busca solucionar. Lo que refleja esta orientación es un optimismo ciego hacia la inversión privada (en particular la gran inversión). Se espera o desea que la inversión privada reactive la economía de forma acelerada y que esto permita que el Estado se vaya retirando del proceso económico.
En cuanto a los mecanismos para reducir el déficit fiscal, aquí está el tema fundamental. Durante la campaña electoral escuchamos que era deseable y posible reducir 900 millones de dólares del gasto público sin reducir salarios ni afectar el gasto público social. Dijimos hasta el cansancio que era imposible llegar a esas cifras solo reduciendo las “ineficiencias” sin afectar remuneraciones o el accionar el sector público en el plano social.
La Ley de Urgente Consideración, aprobada en medio de la pandemia, establece una regla fiscal, que luego tiene expresión concreta en el proyecto de presupuesto quinquenal.
En el proyecto de Presupuesto[3] (particularmente en el documento de exposición de motivos) se refleja de forma nítida la orientación neoliberal del gobierno actual. Y queda expresado en negro sobre blanco quienes van a pagar la reducción del déficit fiscal.
En primer término, vamos a un achicamiento del Estado, cuyo peso respecto al PBI disminuye en aproximadamente 3 puntos porcentuales en cuatro años.
En cuanto a los incisos, vemos que en la comparación entre 2019 y 2021 (medida en términos reales) algunos de los recortes más significativos se dan en organismos tan relevantes como la ANEP, la UDELAR, ASSE, INAU, INISA y el Poder Judicial, que reciben reducciones presupuestales de entre 1% y 10% según el caso.
En los años posteriores de la proyección quinquenal (2021-2024) la característica es que se congelan las dotaciones presupuestales casi en todos los incisos. Resulta muy sugerente que el único inciso que tiene recursos incrementales ya previstos en todos los años hasta el año 2024 es el Ministerio de Defensa Nacional.
Esta proyección presupuestal llevará a que el peso del presupuesto destinado a los organismos autónomos de educación (ANEP, UDELAR y UTEC) actualmente en 4,6% del PBI, pase a ser 4,0% del PBI en 2024. Demás está decir que esta política de reducción de la educación pública como prioridad compromete seriamente las posibilidades de desarrollo futuro del país.
En cuanto a la reducción del déficit fiscal que se pretende lograr, llevando el guarismo de 4,8% del PBI en 2019 a 2,5% del PBI en 2024, se puede apreciar que la reducción del peso de las remuneraciones, las pasividades y la inversión de las empresas públicas, explican 1,3 puntos porcentuales de los 2,3 puntos de la rebaja del déficit. Es decir, más de la mitad de la disminución del déficit proyectada en este presupuesto, se explica por la reducción del peso de salarios, jubilaciones e inversiones. Cabe destacar que en estas proyecciones no se tienen en cuenta los posibles efectos de la reforma previsional planteada en la Ley de Urgente Consideración, lo que podría agravar aún más el impacto negativo sobre las pasividades.
En contraposición a todo esto, el presupuesto establece algunas normas incomprensibles en un contexto de austeridad y ahorro. Una de ellas es el incremento del número de oficiales (generales y coronales o su equivalente) de las FFAA desde los 276 que establece la ley orgánica militar aprobada el año pasado a 312. De los 36 oficiales de alto rango que se agregan, 28 son el Ejército. También se incrementan los salarios de personal jerárquico en el MIDES.
Por su parte, se establece una reducción de carga fiscal para sectores acaudalados, como afirmó el especialista en temas tributarios Gustavo Viñales. El artículo 612 rebaja a los contratistas rurales los aportes patronales al BPS y el artículo 626 disminuye la valuación de los inmuebles rurales para el impuesto al patrimonio.
Sumado a la propuesta presupuestal, podemos mencionar otras medidas de política que se han tomado en el curso de este año, que van en el mismo sentido de lo mencionado anteriormente. Podemos señalar a modo de síntesis: el incremento de las tarifas públicas (en el peor momento de la pandemia); la rebaja por decreto de la ejecución presupuestal del año 2020 en un 15% salvo algunas excepciones; la reducción de la devolución de IVA en las compras con tarjeta de crédito y débito. Esto último equivale lisa y llanamente a un incremento del más injusto de los impuestos.
La política económica para el “malla oro” va a contramano incluso de lo que el propio FMI plantea como recomendable para este momento histórico.[4]
La política salarial
El salario real de los trabajadores uruguayos, luego de 15 años de crecimiento ininterrumpido, ya está en caída debido a la aceleración de la inflación acaecida en los últimos meses (lo cual a su vez en gran medida se explica por la disparada del dólar). Desde el mes de abril, la caída del salario real se ubica en el rango de 1,9% a 3,1% en la medición interanual.
Cabe destacar además que las características específicas que viene teniendo el proceso inflacionario en 2020 (con un despegue muy fuerte de los alimentos) afectan en mayor medida a los sectores de ingresos más bajos. [5]
La política salarial está orientada en términos generales, a consolidar una caída del salario real general en el bienio 2020-2021. Esto tiene como objetivo, en el sector privado, incrementar el margen de ganancia del capital vía reducción de los costos salariales; en el sector público, contribuir decisivamente a la rebaja del déficit fiscal, tanto por el ahorro en salarios como el ahorro en pasividades (las cuales están atadas a la evolución del Indice Medio de Salarios).
En el sector privado, los lineamientos salariales establecen básicamente otorgar al inicio de 2021 un ajuste de 3% nominal y a mediados de 2021 un correctivo por inflación que descuenta la caída del PBI que se haya registrado en el año 2020. Cualquier proyección muestra que esto llevará a una caída del salario real durante dos años, es decir, el salario real caerá durante 2020 y 2021, mientras que el PBI se espera que caiga en 2020 y se recupere en 2021. Incluso en la visión neoclásica de la económica, que establece que si la economía cae los salarios tienen que caer, se trata de un escenario injusto; se está previendo un escenario donde la economía cae durante un año y luego se recupera, mientras que el salario disminuye durante los dos años.
A su vez, todas las proyecciones de los analistas privados y en el propio presupuesto, estiman que el empleo caerá más que el PBI este año y se recuperará a una tasa menor el año que viene, con lo cual la masa salarial (ingresos totales que perciben los trabajadores) perderá participación en el ingreso total de la economía tanto en 2020 como en 2021.
En el sector público, los lineamientos planteados llevan a que exista una pérdida de salario real del entorno del 5% en el año 2021 por el cambio en el criterio de ajuste salarial (artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto). Luego se establece que el salario real de los públicos va a ir recuperando esa pérdida en los años siguientes, atado a determinadas condiciones. En el mejor de los casos, entonces, el salario real medio del sector público en 2024 será igual punto de partida en 2019. En cualquier caso, la disminución de la cantidad de funcionarios públicos planteada en el presupuesto, llevará a que la masa salarial del sector público disminuya en el período.
Según cálculos del senador Daniel Olesker, los lineamientos de la política salarial, junto con las proyecciones de las principales variables establecidas en el presupuesto, llevan a que se pueda estimar que en el quinquenio el conjunto de los asalariados perderá unos 3.920 millones de dólares, en comparación con un escenario donde el peso de la masa salarial en el PBI se mantuviera constante[6]. Esto es una pérdida de alrededor de U$$ 3.500 por asalariado.
Esa enorme masa de recursos se transfiere de los asalariados al capital privado, sobre todo al gran capital exportador, que se beneficia de la disminución de los costos salariales, de la carga fiscal y del incremento del tipo de cambio.
Cabe agregar que esta política salarial, al igual que lo establecido en el presupuesto, entraña un riesgo adicional, que es debilitar de tal forma el mercado interno, que la crisis actual se profundice o la recuperación termine siendo mucho más lenta de lo previsto. Mientras tanto, apuestan todos los boletos al “malla oro”.
En síntesis
La política económica actual representa de forma muy nítida los intereses del núcleo duro del gobierno de coalición, es decir, el gran capital sobre todo agroexportador y agroindustrial, así como los grandes terratenientes. Estamos hablando ni más ni menos que la oligarquía, minoritaria en número pero muy poderosa, que controla los principales núcleos de la economía y se entrelaza con el capital transnacional presente en el país.
Decimos que es una política económica radicalmente antipopular porque se orienta a la rebaja de las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías del pueblo uruguayo. Claramente hay una ofensiva sobre los ingresos de los trabajadores asalariados; pero también sobre los jubilados y sobre los sectores vulnerables que reciben ayudas estatales que se recortan; también afectando a los trabajadores independientes cuyo ingreso depende básicamente de la dinámica económica interna, de que haya trabajadores uruguayos que compren sus servicios.
Este modelo incluso deja por fuera a sectores del capital, sobre todo pequeño y mediano, que vende sus mercancías en el mercado interno, los cuales pueden beneficiarse por la baja del costo salarial pero serán (tanto o más) perjudicados por la retracción de la demanda interna.
Ante ello nuestro camino no puede ser otro que la unidad de las grandes mayorías de nuestro pueblo cuyos intereses se oponen objetivamente a esta orientación neoliberal y oligárquica.
[1] Tasas de devaluación nominal de la moneda entre el 1º y el 19 de marzo de 2020 en países de América del Sur: Colombia 16%, Brasil 14%, Chile 6%, Perú 3%, Argentina 2%, Paraguay 2%, Bolivia 0%.
[2] https://brecha.com.uy/renta-de-la-tierra-y-tipo-de-cambio-en-tiempos-de-crisis/
[5] https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/8/la-inflacion-de-los-pobres-y-de-los-ricos/
[6] https://brecha.com.uy/opacidad-y-concentracion-del-ingreso/
