La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDHH), presentó, tal y como está dispuesto por ley, su Informe Anual al Parlamento Nacional.

El informe, dedica especial atención a la temática de las denuncias recibidas por el organismo y que revelan posibles violaciones de derechos humanos.

En su reporte anual el INDDHH, resalta que, en el año 2020, el Área de Denuncias e Investigación de la institución, realizó un total de 610 intervenciones.

El 60 % de las intervenciones realizadas constituyeron trabajos de asesoramientos y consultas, todas ellas asociadas a la protección y defensa de los derechos humanos.

El 40 % (250 casos) restante refiere a denuncias por vulneración de derechos.

La INDDHH explica en su Informe que “el procedimiento seguido para el trámite de una denuncia se caracteriza por ser relativamente informal, con una legitimación amplia (en comparación con la exigida para poner en marcha procedimientos administrativos o judiciales), de carácter gratuito y que no requiere asistencia letrada”.

La institución define como metodología de trabajo cuatro etapas “la recepción, la investigación, la resolución y el seguimiento de la resolución”.

Las etapas permiten discriminar, cuando una situación, de las muchas que se reciben son, en efecto, susceptibles de representar violaciones a derechos humanos.

“Una parte de las situaciones planteadas no refiere a violaciones a los derechos humanos. Estos casos son tratados como asesoramientos o consultas frente a la necesidad de acceder a información para realizar gestiones diversas, o frente a dificultades administrativas que pueden ser solucionadas mediante buenos oficios. Otros casos plantean situaciones entre particulares, que requieren una escucha atenta y orientación hacia los mecanismos estatales existentes”, se explica en el Informe.

“Para que exista una denuncia de eventuales vulneraciones de derechos humanos”, continúa explicándose, “la INDDHH debe identificar el acto u omisión estatal que lo genera, puesto que su intervención se centra en la actuación de la Administración, por ser el Estado el responsable del cumplimiento de los derechos humanos”.

Según la Institución, “las variaciones en el total de atenciones responden fundamentalmente al aumento de las instancias de consulta y asesoramiento. Las consultas incluyen un abanico amplio de intervenciones, tales como solicitud de información, derivaciones y gestiones de buenos oficios”, característica esta que es compartida por la evidencia disponible sobre el accionar de instituciones similares en la Región.

Años    -   Cantidad de casos trabajados

2013    -   380

2014    -   449

2015    -   568

2016    -   584

2017    -   649

2018    -   755

2019    -   575

2020    -   610

“El crecimiento relativo de las consultas respecto de las denuncias se explica por el desarrollo de estrategias de sistematización y registro de las intervenciones (…) cada año se observa una disminución de las denuncias aceptadas que luego son catalogadas como no admisibles”, indica el Informe.

En el curso del año 2020 “la INDDHH emitió un total de 99 resoluciones: 28 corresponden a resoluciones con recomendaciones, 16 de solución satisfactoria, 6 de no colaboración, 30 en las que no se constató vulneración de derechos, 12 de seguimiento de resoluciones anteriores, 4 en las que se suspendió el proceso, 2 correspondientes a otros tipos en las cuales los denunciantes abandonaron el proceso y 1 en que la denuncia no fue admitida”.

En la descripción que se realiza de los organismos que fueron receptores de recomendaciones de la INDDHH, se destaca, en primer lugar, el ministerio del Interior con 8 recomendaciones (28,57% del total de las recomendaciones), seguido por el ministerio de Desarrollo Social y el de Trabajo y Seguridad Social con 3 (10,71%) recomendaciones, cada uno de ellos.

Seis de las resoluciones con recomendaciones, emitidas por la Institución, involucran afectaciones de derechos que vulneran la integridad física y/o refieren a abuso policial, lo que significa que, del total de resoluciones emitidas, el ministerio del Interior recibe el 75% de las resoluciones relacionadas a temas de integridad física y abuso policial.

Le corresponde al ministerio del Interior ser la entidad estatal con menor resoluciones satisfactorias (1), “las resoluciones de solución satisfactoria son aquellas en que el organismo o entidad involucrado se obliga a adoptar medidas que a juicio del Consejo Directivo de la INDDHH pueden subsanar la violación de los derechos humanos denunciada”.

Acompañan al mismo, organismos como, prestadores privados de salud, Banco de Previsión Social, Municipio de Piriápolis, Relaciones Exteriores y Educación y Cultura.

El otro dato relevante que se resalta en el Informe, es el comportamiento que han tenido las resoluciones de no colaboración.

“Las resoluciones de no colaboración están previstas en el artículo 23 de la ley 18446 y refieren a la negativa de brindar información por parte de los organismos denunciados”.

Tres, son las entidades que concentran esta tipología de resoluciones, en primer lugar, el ministerio del interior (3), seguido por ASSE (2) y la ANEP (1).

Los datos reportados permiten constatar al menos en lo que se refiere al ministerio del Interior, dos aspectos.

El primero de ellos, relacionado con la posición abiertamente contraria al trabajo de la INDDHH, sostenido por el actual ministro del Interior, Dr. Jorge Larrañaga.

El segundo, vinculado a los efectos que fueran preanunciados en ocasión de la discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y que muestran claramente, cómo las modificaciones introducidas para incrementar una “supuesta falta de respaldo” a la policía, han traído como resultado un claro aumento de las acciones de discrecionalidad y violencia policial.

De acuerdo con el mandato legal, las resoluciones pueden clasificarse de la siguiente manera: 1) con recomendaciones o de vulneración de derechos. 2) Solución no satisfactoria. 3) No vulneración. 4) No admisibilidad. 5)No colaboración . 6) suspensión de actuaciones.7) Otras.

Del informe surge que el Ministerio del Interior fue el organismo con ocho resoluciones a partir de denuncias del 2020 contra esa cartera, con procedimientos de recomendación o de vulneración de derechos y el primero en resoluciones de no colaboración, que se adjudica cuando el organismo denunciado no presta ayuda durante el proceso.

Luego del Ministerio del Interior, lo sigue el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y cerca de 21 organismos implicados en una o dos denuncias que van desde Ministerios, Intendencias, Corte Electoral y organismos de enseñanza.

El Ministerio del Interior que es el primero en soluciones de no colaboración es seguido por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la ANEP.

Es importante destacar que una resolución puede realizar recomendaciones dirigidas a más de un organismo público.

Del total de 99 resoluciones emitidas en el año, 28 son Recomendaciones, 16 de solución satisfactoria, 6 de no colaboración, 30 en la que no se constató vulneración de derechos, 12 de seguimiento, 4 en las que se suspendió el proceso, una no admitida y dos que los denunciantes abandonaron el procedimiento.

Resoluciones con Recomendaciones.

Integridad física y abuso policial 6

Discapacidad 5

Trabajo y condiciones laborales 4

Vivienda adecuada y acceso a la tierra 3

Igualdad y no discriminación 2

Ambiente 2

Libertad de expresión 2

Salud mental 1

Reparación 1

Adultos mayores 1

Debido proceso administrativo 1