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Es triste el punto al que ha llegado Latinoamérica. En general al que ha llegado el mundo. En el terreno político se ha naturalizado la confrontación como mecanismo de interlocución entre la sociedad y los Estados.

Por un designio de la historia los Estados conducidos con una clara perspectiva neoliberal venden un sueño publicitario. Venden una realidad fabricada e ideal que solo pueden alcanzar los muy pocos que se benefician de los muchos que sueñan parecerse al no poder ser.

Venden la idea de que el costo a pagar por el disfrute material es la transformación mercantil de todo lo que importa. Venden la idea de que se puede ser millonario, pero no cuentan que en esa fórmula el millonario no es el que sueña con serlo, sino el que ya vino con los medios para que haga lo que haga, no dejará de serlo.

Cada día estas sociedades entregan más y más de su dignidad y sus garantías tras ese sueño. Entregan garantías laborales a favor de las grandes empresas porque les dijeron que así se generaba más empleo. Pero no es cierto, hay que sacrificar un poco más, tal vez entregar el derecho a la salud, tal vez convertir la educación en un negocio para que la empresa florezca y la riqueza se desborde.

Y la gente entrega, entrega y entrega, primero con alguna esperanza, luego con alguna incomodidad, luego con cierta rabia, hasta que el hambre se vuelve indignación y la indignación se vuelve ira.

Colombia viene entregando sistemáticamente su bienestar a favor de intereses particulares hace décadas. Las garantías laborales mínimas son cosa del pasado hace tiempo. La vinculación laboral directa que garantiza las responsabilidades del contratante con el empleado se entregó hace casi 30 años.

Hoy la vinculación laboral se hace por medio de figuras jurídicas en que los empleados cumplen con su trabajo, pero no gozan de licencias, aguinaldos, liquidación ni vacaciones. Vendieron la idea de que ese era el mejor modelo, el modelo en que por fin los empleados iban a dejar de ser esclavos de las empresas e iban a empezar a entenderse con ellas de igual a igual.

A partir de ese momento las empresas y entidades del estado contratan por servicios, lo que permite que las personas puedan ser removidas con libertad al término de un contrato que rara vez pasa de seis meses. A partir de ahí no sólo las empresas se sacaron de arriba el cumplimiento de sus obligaciones laborales, sino que de paso debilitaron aún más el ya maltrecho movimiento sindical, pues al trabajador que se afilia a un sindicato no se le renueva el contrato.

Estos son sólo algunos ejemplos del punto al que ha llegado la población colombiana, que ante ese modelo se ha visto obligada a recurrir a la informalidad para poder sobrevivir. La pandemia, igual que en todo el mundo, cayó con todo su peso sobre los más débiles.

En 2019 el ministro Alberto Carrasquilla promovió y fue aprobada una reforma tributaria que eximía de impuestos a las grandes empresas que tienen asiento en Colombia, empresas multinacionales gigantescas como Drummond, Oxy, Ashanti.

Gracias a esa reforma, el estado dejó de percibir cerca de cinco mil millones de dólares anuales por parte de estas grandes empresas. Por otro lado, generó los mecanismos para apoyar al sector bancario por medio de asignaciones y subsidios. El resultado fue la descapitalización del estado colombiano, descapitalización que trató de trasladar a la clase trabajadora por medio de otra reforma tributaria que gravaba con impuestos del 20% a los artículos de la canasta básica, más un sobreprecio del 20% al combustible con sus consabidas consecuencias en los precios finales de todos los productos.

A esto se le sumó la propuesta para reformar la ley 100, que desde inicios de los años 90 regula el sistema de salud por medio de empresas prestadoras de servicios sanitarios. Aumentando la intermediación y desarrollando un sistema mercantil, en que se prioriza la ganancia por arriba de la salud de la población.

Gracias a esta ley, el acceso a los medicamentos es muy limitado y los tratamientos para las enfermedades más simples, se vuelven un trámite que muchas veces se hace inalcanzable, todo por evitar que la empresa prestadora de salud tenga que gastar dinero.

Esto sin profundizar en la cobertura, que no viene determinada por el estado, sino por las empresas prestadoras del servicio de salud, dejando en manos del Estado sólo la atención dirigida a contexto crítico, por lo que la variabilidad de la cobertura en salud de la mayoría de la población está determinada sí o sí, por su capacidad de pago.

A este triste panorama se le sumaba la propuesta del gobierno, que aspiraba incluirle el pago de un seguro, que determinaría la cobertura final de los servicios de salud, con lo que se limitaba aún más el acceso a la salud en caso de enfermedad, ya que una población empobrecida se vería obligada a comprar el seguro más barato, el que menos cobertura tiene. Todo siempre bajo la eterna promesa de que a partir de ahora todo será mejor.

Colombia se cansó de esperar ese mejor porvenir y estalló con toda la frustración de décadas de explotación, corrupción y engaño.

Pero el modelo neoliberal recorta todo el estado menos el brazo de la fuerza. Ese es el único escenario que en Colombia ha tenido un aumento presupuestal sostenido desde hace más de 40 años. Por eso en Colombia no hay un solo sanatorio público en buenas condiciones y las universidades públicas se están cayendo a pedazos, literalmente, mientras que en las últimas semanas vimos cómo en las calles se despliegan tanques cascabel relucientes y las tanquetas antidisturbios ya no sólo lanzan chorros de agua a presión, sino proyectiles de impacto a larga distancia.

Colombia es un país que sabe muy bien cómo lastimar a su gente, pero no tiene dónde curarla. Por eso la gente, por arriba del miedo de la pandemia decidió salir a protestar, aún sabiendo que le puede costar la vida por el contagio o por el disparo. Al cierre de esta nota, los muertos eran 38.

Por eso es triste el punto al que ha llegado este continente, porque ya nos acostumbramos a medir la magnitud de las protestas contando los muertos. Pero en Colombia hay que sumarle que su gobierno ha caído en manos de una mafia que se ha beneficiado del modelo y ha convertido al Estado en una extensión de la ilegalidad que representa.

A esta hora la protesta en Colombia ya rebasó la reivindicación particular y se ha convertido en una expresión del descontento general, más allá de la reforma tributaria o la del sistema de salud. Ya la gente sale porque todo tiene que cambiar, porque al final de todo, las cosas no pueden volver a ser igual, ya no importa cómo quieren que sean, sólo que no pueden ser iguales, el poder debe aprender que las décadas de pasmoso silencio no iban a durar para siempre.

Autor: Germán Ávila

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