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Un incidente que involucra a fuerzas policiales de Canelones ocurrido el pasado miércoles 5 de mayo ha sido presentado como un “hecho policial” más.

El hecho en cuestión, descrito por escasos medios de prensa indica que, durante el desarrollo de un procedimiento, funcionarios policiales de Canelones confundieron el auto del jefe de Policía canario, Víctor Tressa.

La confusión tuvo como resultado que el móvil en el que circulaba el jerarca, recibiera varios impactos, se afirma que, en total se dispararon más de 30 tiros, ninguno de ellos con impacto efectivo.

Fuentes policiales del departamento, aseguraron a nuestro portal de noticias “que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, estaba en conocimiento del tema, pero pidió que no se hable sobre lo ocurrido”, de hecho, agregan las fuentes, “se dio la orden de esconder el móvil en un garaje policial de Canelones”.

De acuerdo a Caras y caretas Portal, algún medio de prensa que tenía conocimiento de lo sucedido, “fue presionado para no dar la noticia”.

El hecho fue comentado, además, por el periodista Gabriel Pereyra, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Rapiña en Canelones, hieren a una policía en el tiroteo. El jefe y el subjefe de policía salen en persecución en el auto del segundo, un Peugeot negro. Cerca de Las Piedras un control policial los confunde y le meten decenas de balas al Peugeot.”

En las cuentas oficiales en redes sociales del ministerio del Interior, tan utilizadas para hacer “propaganda” de los operativos de “efectividad policial”, no se comenta el hecho.

El sonido, de las decenas de proyectiles, no hicieron impacto, tampoco, en la “política” comunicacional de dicha cartera.

En paralelo a este hecho, se conoció que la pasada jornada, el diputado por el Frente Amplio, Javier Umpiérrez, “solicitó que se dé curso al pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior a propósito de la denuncia que recibiera el subjefe de la custodia del Sr. Presidente de la República”.

El pedido de informes se sustenta en una denuncia que se recibiera en contra del funcionario “por ingresar sin autorización a un campo para cazar animales cuando al parecer debía estar cumpliendo medidas de cuarentena o aislamiento por contacto con personas con Covid-19”, consignó Caras y caretas Portal.

La denuncia contra el funcionario fue radicada en el departamento de Lavalleja.

Jorge Amaro, quien es el denunciado, se desempeña como subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP).

De acuerdo al mismo medio, por el doble “incumplimiento”, el jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, suspendió a Jorge Amaro por 15 días, el motivo de la sanción fue “por hechos de notoriedad pública”, una causal que no existe en el ordenamiento normativo disciplinario de la Policía Nacional.

“Por intermedio de la oficina del Servicio de Seguridad Presidencial, el Jefe de Seguridad del señor Presidente de la República, señor Alejandro Astesiano, dispone: que el subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, señor comisario mayor Jorge Daniel Amaro, es suspendido de sus tareas en el Servicio de Seguridad Presidencial a partir de la fecha por un lapso de 15 días corridos”, dice la notificación del SSP”.

En el pedido de informes de Javier Umpiérrez, se solicita conocer “si ya se dispuso o se tiene previsto iniciar algún tipo de investigación o procedimiento disciplinario respecto del comisario mayor Jorge Daniel Amaro, a raíz de los acontecimientos publicado por la prensa y si en virtud del incumplimiento que se habría constatado, respecto de las medidas sanitarias o protocolos correspondientes, se puso en conocimiento al Ministerio de Salud Pública, a efectos de adoptar las medidas de seguimiento o evaluación de la situación en el servicio de seguridad presidencial, entre otras”.

Quien procedió a sancionar al subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, es el señor Alejandro Astesiano, quien, en agosto del pasado año, fue objeto de un pedido de informes del diputado Gerardo Nuñez.

Las razones, de dicho pedido de informes fue, según lo solicitado fue conocer “la nómina de funcionarios dependientes de esa Secretaría de Estado que se desempeñan en el Servicio de Seguridad Presidencial desde el 1° de marzo pasado indicando grado, procedencia o unidad de origen de los mismos”, así como, “la nómina de funcionarios dependientes del Ministerio del Interior que fueran asignados a la jefatura, coordinadores y asesores del SSP, acompañando el texto del legado funcional correspondiente en cada caso”.

Aquél pedido de informes nunca fue respondido, a pesar de las reiteraciones realizadas para ello por el diputado Núñez.

Según información llegada a Caras y Caretas, el actual jefe del SSP sería Alejando Andrés Astesiano Severgnini, de 48 años de edad, uruguayo, casado, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1971. Su cargo de jefe del SSP lo muestra su tarjeta cuya copia publicamos adjunta.

En su edición del pasado 30 de agosto, Caras y caretas consignó que “de acuerdo a las informaciones llegadas a este medio, Astesiano habría sido procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 sin prisión. Esto data del 18 de abril de 2002.

El 30 de mayo de 2002, habría sido indagado por hurto, por parte de la Comisaría 6ª de Montevideo.

El 18 de febrero de 2003, fue indagado por el Área de Seguridad Zona 2.

El 24 de setiembre de 2003, indagado por hurto, por la Comisaría 19ª de Montevideo.

El 24 de diciembre de 2003, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 16ª de Montevideo

El 6 de julio de 2004, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 19ª De Montevideo.

Más tarde, el 8 de marzo de 2010, habría sido indagado por la Comisaría 4ª.

Posteriormente, habría sido indagado por estafa en mayo de 2010 por el Área Investigación Zona 2.

Luego, el 2 de diciembre, fue indagado, por estafa, por Investigaciones del departamento de Colonia y el 30 diciembre de 2011, indagado también por estafa por parte de la Comisaría 2ª del departamento de Canelones.

El 9 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo.

El 27 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo.

El 20 de mayo de 2012, indagado en averiguación de paradero, por la Jefatura de Policía de Canelones

Finalmente, el 3 de agosto de 2012, es indagado por daño por parte de la Jefatura de policía de Montevideo”.

“No es la primera vez”, recordaba entonces la nota de Caras y caretas, “que el custodio presidencial se vuelve un personaje muy controvertido. En particular, puede recordarse que el comisario Miguel Zuluaga, quien integraba el cuerpo de seguridad de Luis Alberto Lacalle Herrera, fue denunciado antes del Mundial de Rusia, siendo el encargado de seguridad de la Selección Uruguaya de Fútbol, por haber integrado los cuerpos policiales del Departamento IV de la División de Información e Inteligencia en la dictadura”.

Se trata del mismo Zuluaga, “quien fuera subcomisario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, negó haber participado en torturas, aunque no negó su vinculación con la Inteligencia policial y con el departamento de Policía, que ha sido tan cuestionado por el tratamiento dispensado allí a los presos políticos”.

El mismo Zuluaga al que hoy, Madres y Familiares, solicitan se expulse de los socios de Peñarol en la campaña “Un gol a la impunidad”.

Una vez más, además de “los misteriosos criterios que usan los Lacalle para elegir sus custodias están nuevamente en tela de juicio”.

Una vez más aquella negativa de Larrañaga de no responder al pedido de informes formulado por el diputado Gerardo Núñez, “deja entrever”, destaca el medio de prensa “que al propio ministro del Interior le resultan impresentables”.

Los hechos de este miércoles, ponen en duda esta hipótesis de una supuesta vergüenza del ministro del Interior.

Es cierto que el escudo heráldico de los Lacalle es “la fruta no cae lejos del árbol”, pero parece que es cierto también, que su “ladero”, asume el silencio y la complicidad derivada del mismo, para “blindar” la “autoridad policial”, no importa que, en esta ocasión, la misma se haya visto “rozada” por las balas de los propios funcionarios.

La “supuesta legítima defensa”, sostenida y amparada en la Ley de Urgente Consideración (LUC), es justamente eso “una lluvia de plomo” que no tiene nombre y que, como vemos, puede “tocarle a cualquiera”.

Las presunciones de la “profesionalidad”, de la que tanto se presume desde las nuevas autoridades ministeriales, no es más que un discreto murmullo, esta vez silenciado por el tronar de tantos proyectiles.

 

Autor: Rolando Arbesún

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