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Hablar de rendición de cuentas en medio de las turbulencias en las que está sumergido nuestro sistema educativo y las acciones del actual gobierno -orientado a encubrir situaciones más que descubrirlas para darles solución- exige realizar algunas consideraciones previas.

El Maestro Hugo Rodríguez decía que ante situaciones de esta índole se puede aplicar un término que se usa en química, el reactivo, “es una sustancia empleada para descubrir la presencia de otra”.

En el caso de nuestra Educación Pública, la organización, el funcionamiento y los resultados, nos sirven de reactivo para descubrir la situación política del país. Y sirve también, como reactivo para dejar en evidencia hacia dónde se orienta o se trata de orientar la vida social de nuestro país.

Y ese reactivo una de las conclusiones que arroja es que se trata de un gobierno de clase, que protege los intereses de los grandes grupos de poder económico -en particular del sector agroexportador.

Prueba de lo que afirmamos es que el gobierno atiende con gran preocupación los negocios de los sectores de poder, mientras se desliga de las necesidades de los sectores más débiles y más afectados por las consecuencias que deja la crisis sanitaria (pérdida de fuentes de trabajo, aumento de la desocupación, aumento de la informalidad en el trabajo, disminución de los salarios, aumento de la pobreza, etc.).

Aunque se le carguen culpas a anteriores administraciones, aunque se utilice la pandemia para justificar todo, aunque busquen explicaciones místicas, la situación del país y de su educación es resultado de las decisiones que toma el gobierno.

Uno de los desafíos de la actual etapa es lograr recuperar a miles de niñas, niños y jóvenes que quedaron fuera del sistema educativo por múltiples circunstancias que la crisis agudizó. La necesidad es que el centro educativo público no sea una institución desprovista y poco atendida. Es imprescindible pensar en serio el tema de los recursos para la Educación Pública.

Sin embargo, el año pasado en la Ley de Presupuesto se recortó presupuesto educativo y salario a las y los trabajadores de la Educación. Y ahora en la Rendición de Cuentas para la Educación Pública no se ofrecen soluciones, ni una, por lo tanto se confirman las rebajas y los recortes del 2020.

Al día de hoy la Rendición de Cuentas tiene media sanción en diputados. Hay mucha exposición de motivos, mucho ruido, ríos de tinta que refieren a las condiciones excepcionales en las que transcurrió el año lectivo 2020, la pérdida de clases y las diversas estrategias adoptadas desde las autoridades, los centros educativos y las familias para paliar la escasa presencialidad.

Pero con asombro, y no tanto, vemos que en los artículos que requieren presupuesto no se atiende ninguna necesidad. No se menciona la recuperación salarial, ni la recuperación de los recursos destinados por alumno (deteriorado en 2020 y 2021), ni el financiamiento de estrategias para compensar oportunidades pedagógicas pérdidas durante los meses con centros educativos cerrados, ni la creación de cargos docentes para brindar apoyos, ni soluciones a la falta de auxiliares de servicio... En síntesis ninguna medida para subsanar los problemas de la Educación Pública.

También hay propuestas de modificaciones de programas, pero sin financiación y con el peligro que el Impuesto de Primaria pueda destinarse a servicios personales (salarios), total o parcialmente. La recaudación de este impuesto, tiene un objetivo que se le ha propuesto al contribuyente y es cubrir los gastos de alimentación, transporte e inversiones. No solo hay un cambio en autorizar ese destino, sino que hay un retroceso de 30 años con esta modalidad.

Otro conjunto de artículos que merecen atención, son aquellos que hacen modificaciones al sistema de licencias ahorrando millones en suplencias por la transformación de las licencias médicas. No sólo desde el punto de vista de los recursos hay recortes, sino también en derechos.

En cuanto al único artículo que refiere a las infancias, recibe un monto equivalente a unos 50 millones de dólares anuales y crea un grupo para establecer lineamientos y estrategias de su aplicación. Grupo integrado por el MEF, MIDES, MVOT, ANEP, INAU y ASSE, que deberá definir prioridades, distribución y formular convenios para ejecutar las acciones. Parece evidente que es una cantidad exigua para atender en forma integral (salud, vivienda, cuidados, alimentación, educación) a las infancias que han sufrido las consecuencias del ajuste. Lo cual trajo aparejado el ingreso a la pobreza de decenas de miles de hogares. Todo hace pensar que poco de esos escasos recursos le tocarán a la ANEP.

El 2020 fue un año muy duro para la vida del pueblo uruguayo, pero muchísimo más duró está siendo este 2021. Porque ahora el Uruguay sufre las consecuencias de la Ley de Presupuesto del actual gobierno -que concreta recortes antipopulares-, la implementación de la LUC y una gestión exclusivamente preocupada por los “malla oro”.

Importa señalar que en el 2021 se está concretando crecimiento económico, donde las exportaciones de los productos agrícola ganaderos (carne, arroz, soja) aumentaron en cantidades y alcanzaron precios históricos. Pero también hay una importante reactivación de la actividad industrial. Entonces, se vuelve más difícil de explicar algunas medidas, porque si la economía crece y los salarios bajan, hay alguien que se está beneficiando y no somos las trabajadoras y trabajadores.

Las consecuencias de esta política golpea de forma brutal a las infancias, de los más de 100.000 nuevos pobres del Uruguay un tercio son niñas, niños y jóvenes. A esta situación hay que agregarle los alarmantes índices de violencia intrafamiliar. Durante meses las y los estudiantes no contaron con el refugio que tantas veces es su escuela, porque se decidió ahorrar y abatir el déficit fiscal. Además los centros de estudio cerrados generaron perjuicios en aspectos vinculares, anímicos, psicológicos y más.

Algunos creímos desde el inicio de la pandemia en la necesidad de una presencialidad segura, es decir en disponer de más recursos para asegurar formas de funcionamiento de los centros educativos con garantías para las y los trabajadores, las familias y las niñas y niños. Es decir que la disminución de la movilidad tenía que estar en otros sectores y no en el cierre de escuelas, liceos y UTU’S. ¡Y todo eso era posible! Pero costaba dinero, y el gobierno priorizó el ahorro y los negocios de sus socios.

Llueve sobre mojado, en este contexto hemos escuchado miembros del Poder Ejecutivo decir con orgullo los dineros que llevan ahorrados. Y nosotras nos preguntamos y les preguntamos: ¿En tiempo de pandemia ahorran? ¡Es el momento en que más se necesitan recursos para garantizar derechos!

Pero también decimos, hay ahorros que cuestan muy caros. Porque las consecuencias llevan años para resolverse. No pueden caber dudas respecto a que el dolor de las necesidades insatisfechas de miles de familias interpela algunas decisiones tomadas. ¡Señores del gobierno 100.000 platos de comida se sirven por día en las ollas populares!

¡Y sigue lloviendo! El aumento de la pobreza infantil, significa el aumento de la desnutrición infantil, y el gobierno ahorra en alimentación escolar. Sí, el recorte en alimentación escolar durante el 2020 fue de 200 millones de pesos.

Nadie con una mínima sensibilidad social podría emitir palabras elogiosas si el déficit fiscal se financia con rebajas salariales, rebaja de jubilaciones y pensiones, recortes del presupuesto educativo, recortes en alimentación escolar…

Así de cruda y dura es la realidad, habrá quienes la nieguen, quienes la escondan, y quienes la maquillen. Nosotras la explicamos como la vemos, con la mirada de las niñas y niños de las escuelas. Niños y niñas que nos dicen “¿Mae ya no se van a suspender más las clases verdad?” “Mae por suerte acá esta calentito.” “Mae me duele la panza”...

Como sociedad nos debemos un debate serio sobre el presupuesto educativo, porque todos los discursos son insuficientes si no hay compromisos concretos. En cualquier conversación se escucha decir y acordar que la educación es prioridad para el país, pero cuando se tienen que definir los destinos de los recursos esas palabras se olvidan.

Si la sociedad uruguaya cree que la Educación Pública debe tener el presupuesto necesario para cumplir con sus cometidos, y que ese presupuesto no puede ser menor al 6% del PIB para ANEP y UdelaR, también debería salir a la calle y hacerlo saber.

Porque son los mismos que se comprometieron a bajar las tarifas públicas y las subieron, los que dijeron que iban a dejar de haber aumentos de los combustibles y también mintieron, esos mismos que dijeron que había que mejorar la Educación Pública porque estaba en crisis y le recortaron presupuesto, recortaron salario, recortaron espacios de representación docente…

Es necesario saber para decidir y actuar. Desde el gobierno se frenó el proceso de ampliación de la cobertura de 3 años.

También se recortó y se anuncian modificaciones - todavía no sabemos cuáles- al Programa de Maestros Comunitarios. Cuesta creer que un programa con una incidencia social indudable en un contexto como este sea recortado y reconfigurado. ¡Lo que hace falta es universalizarlo! Por su peso en la disminución del ausentismo, porque ayuda en la mejora de la autoestima de las niñas y niños, porque interactúa con la comunidad y construye redes.

Sin dudas queda en el tapete el debate sobre alimentación escolar. El gobierno propone recorte, que las familias que puedan paguen y más privatizaciones. Algunas creemos que el comedor es un espacio pedagógico, de socialización y de salud. Por lo tanto parte clave del proceso educativo.

Es necesario reafirmar la potencia educativa que tienen las experiencias como verano educativo, campamentos y colonias escolares, centros de pasantías y actividades náuticas. Y para que estas actividades sucedan se necesitan recursos y no palabras.

Hay muchas necesidades que deben ser consideradas y que no están siendo escuchadas. Lo que está en juego es el proyecto cultural del país. A lo largo de la historia la clase trabajadora ha defendido la Educación Pública, tarea clave que demanda compromiso y acción.

Si no participamos y callamos, consentimos esta dura realidad.

La protesta organizada y colectiva es el camino, las calles nos pertenecen y es allí que vamos a lograr revertir los intentos de desmantelamiento, mercantilización y privatización de la Educación Pública.

Cuando se pregunta desde los medios de comunicación hegemónicos, ¿por qué hacen paros? Nosotras repreguntamos, ¿son pocas las razones esgrimidas?

Cuando ponemos sobre la mesa los argumentos no hay quien pueda rebatirlos, pero las propuestas para la educación siguen siendo cero, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar? ¿Esperar el derrame? ¿Esperar mientras las infancias sufren?

Nosotras creemos que lo afirmado por la Maestra Gabriela Mistral tiene plena vigencia “el futuro de las niñas y los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. ”

Autora: Gabriela Verde

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