Este artículo es el primero de una serie donde se abordarán diferentes temas sobre la situación de Ancap con el fin de proporcionar una lectura diferente al debate público. 

El bloque de poder en el gobierno avanza con firme actitud en su plan de desmonopolización de los combustibles y en el desmantelamiento de ANCAP.

En la agenda de gobierno se incorporó de carácter “urgente” la aplicación de la metodología de fijación de Precio de Paridad de Importación (PPI) en el marco de una reforma del mercado de los combustibles que “busca atender la necesidad de bajar los precios de los mismos”(2).

¿Hacia dónde se ha dirigido la atención y bajo cuáles supuestos? 

Desde el gobierno en lograr competitividad en los precios de productos de consumo nacional y transparencia en la fijación de precios a través de la metodología PPI mientras se ataca a ANCAP con la colaboración de los medios hegemónicos poniendo en cuestionamiento su eficiencia y el rol social del ente. 

Sobre la competitividad defienden que el Estado debe ser un actor más en el mercado por lo que se debe redefinir el rol y los objetivos de la empresa pública, y la necesidad de entregar a privados ventajas de posicionamiento de mercado bajo la premisa de que todas y todos nos beneficiamos más con la existencia de competitividad en los precios. 

Denuncian que parte los problemas de competitividad están en el denominado “factor x”, concepto que se incorpora para discriminar de la estructura de precios lo que ellos denominan “sobre costos”: financiamiento a la actividad del portland, la mezcla de agrocombustibles, el subsidio al supergás, el fideicomiso al boleto y el costo estructural de la empresa .

En cuanto a la política de transparencia pregonan que el Poder Ejecutivo no definirá más arbitrariamente el precio de los combustibles “...con el anterior sistema de fijación de tarifas, los aumentos de cada enero reflejaban un precio basado en las necesidades del Estado y eventuales fluctuaciones del precio,,,” ( Min.Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche) entendiendo que la fijación de precios por la metodología de PPI es un sistema transparente, justo y predecible.

Finalmente sobre la necesidad de baja de los precios, aseguran que el objetivo estará cumplido con la utilización de esta metodología. 

¿Pero cuál es el ombligo de los sueños?

En la identificación del problema, el gobierno puso la lupa sobre la gestión de ANCAP haciéndola responsable de las ineficiencias del mercado y desconociendo factores y actores relevantes. De los ingresos generales por la venta de combustibles aproximadamente 2.400.000.000 usd al año; son 1.200.000.000 usd los ingresos netos de ANCAP y se distribuyen: 300.000.000 usd tienen que ver con la propia gestión del Ente (mantenimiento de plantas, gastos operativos y costos de personal), y 900.000.000 usd en compra de crudo. De los otros restantes 1.200.000.000 usd , que no pasan por el ente, en términos generales se distribuyen: entre 500.000.000 y 600.000.000 usd los recauda el gobierno con impuestos IMESI e IVA y otras tasas, 400.000.000 usd perciben por la distribución (bonificaciones a las estaciones de servicio y los márgenes de las distribuidoras DUCSA, AXION y DISA) y 100.000.000 usd para el Fideicomiso al boleto (2). Es decir que la injerencia de ANCAP es ínfima en relación a los ingresos totales.

Las presiones al ente lo han obligado a revisar su gestión y el directorio ha puesto foco en su estructura y patrimonio; particularmente entiende que existe capacidad ociosa de activos y por eso se está buscando socios y aliados para la utilización de estos en diferentes negocios. Además, ha implementado cambios en la gobernanza de las empresas vinculadas: DUCSA, ALUR, y CEMENTOS DEL PLATA. Y potenciado a su vinculada MATRIZ (propiedad de ANCAP y proveedora de servicios compartidos en asistencia técnica y asesoramiento).

Por fuera del discurso se ubica” lo real” y se empiezan a hacer conjeturas. Existe un malestar generalizado que se va incrementando porque los dichos de actores de gobierno de limitar la discrecionalidad han quedado distantes de sus acciones. Hay mucha confusión respecto al funcionamiento del mercado. Nadie sabe qué esperar sobre el comportamiento de los precios de los combustibles, al contrario de lo que se prometió. Conforme transcurre el sueño se ha dejado al descubierto que los pronunciamientos del gobierno sólo se trataron de promesas de campaña con un efectivo método de persuasión. Es de vital importancia comprender la verdadera jugada: en primer lugar, que las “urgencias” no estaban en atender las necesidades de la población en medio de una crisis sanitaria, económica y social sino que siempre estuvieron en satisfacer los reclamos de una minoría privilegiada y capitalista integrada por agroexportadores, estacioneros, el movimiento Un Solo Uruguay, la Unión de Vendedores de Nafta, y la Asociación Rural, entre otros. Y en segundo lugar, el afán recaudador del Poder Ejecutivo. Las acciones garantizan la acumulación del capital en detrimento de los intereses reales de la población y de las lamentables condiciones de vida de las mayorías; por eso recauda y subsidia a los "malla oro".

Pero ¿cuántos soñaron realmente con este escenario? y ¿ qué nos representa como sociedad? 

Vivimos el sueño de la fracción más conservadora de los sectores del poder, un gobierno del gran capital, con una fuerte incidencia de los sectores vinculados al agro negocio.

Cómo sociedad no nos aporta ningún valor esta reforma. Todo indica que es un escenario de transición a una posible caída del monopolio de Ancap. Los cambios planteados en todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta la distribución se realizan en cuatro etapas durante 3 años y prometen una pérdida importante de fuentes de trabajo, de pérdidas en el desarrollo de la cadena de producción nacional, caida del rol social social y productivo del ente: que se ve reflejado en los subsidios que benefician a los actores más vulnerables de la población.

Al momento, las medidas adoptadas han sido: suba del IMESI (graba las gasolinas), suba acumulada récord en los 19 meses de gobierno del precio de los combustibles (gasoil y gasolinas), reforma de la ley de agrocombustibles, desprendimiento del proyecto productivo en Pueblo Belén, la subutilización de la logística fluvial, la entrega de las plantas de despacho de combustibles en los aeropuertos Carrasco y Laguna del Sauce. El déficit de personal en toda la administración. La casi nula inversión. La privatización de la industria cementera. 

Por tomarse, retiro de políticas sociales como: precio único de combustibles en cualquier parte del país, ajustes en el subsidio al supergás, ajustes al subsidio en la producción de biocombustibles, desestimulación de la producción nacional, arrendamiento de infraestructura y servicios de plantas de combustibles. Traduciéndose para la sociedad en pérdida de miles de puestos de trabajo, desestimulación de economías locales, desequilibrio económico de ANCAP y entrega del patrimonio nacional al capital privado.

¿Qué podemos aprender de la reforma?

Recordar la voluntad popular expresada en diciembre del año 2003 por tener una Ancap estatal y pública y por mantener el monopolio de los combustibles. Así como el reciente pronunciamiento del pasado 8 de julio, que exigió un diálogo social sobre una ley ómnibus de la que muy poco se sabía. Casi 800.000 mil voluntades presentadas en la Corte Electoral para convocar a referéndum contra los 135 artículos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración, incluidos los 4 artículos de ANCAP y sus vinculadas: los artículos 235, 236, 237 y 285 que establecen la actual forma de aprobación de los precios de los combustibles, la revisión de precios de paridad de importación, la reforma del mercado de petróleo crudo y derivados, y la liberación del paquete accionario de las sociedades anónimas con participación estatal. 

Entendiendo que ANCAP enfrenta toda la demanda del mercado sin inconvenientes y que tiene capacidad de exportación. Que el ente seguirá siendo productor de combustibles fósiles y que está obligado a garantizar la disponibilidad de todos sus productos en todo el país y en cualquier momento. Que refinar petróleo crea valor, que contamos con un eficiente proceso productivo y que al producir los derivados de petróleo para la canasta de energéticos que demanda el país siempre es menos costoso que importarlos. Que la fijación de precios que se pretende es una política de gobierno y está bien que así sea pero el nudo se encuentra en quién se beneficia. Que los precios de los combustibles inciden sobre la agricultura, en sectores industriales y sobre todo el sistema del transporte.

Que en economías pequeñas como las nuestras los monopolios públicos son fundamentales en el manejo del uso de recursos estratégicos. Que el rol social y productivo de ANCAP incide favorablemente en el desarrollo productivo del país y este es un actor relevante para la distribución de la riqueza a través de las políticas sociales que sostiene y que todas y todos necesitamos. 

Es relevante mantener a una de las empresas públicas más importantes para el país y posicionarla para que pueda jugar un papel protagónico en la transformación de la plataforma energética uruguaya que camina hacia el hidrógeno verde.

¿Cómo seguimos?

Desaprobando las políticas concentradoras de riqueza y del poder que representan pérdida de derechos para las mayorías y que desencajan del mercado a las empresas públicas.

Cuando detectamos el problema, “el ombligo”, hablamos del error de poner el foco en la gestión de ANCAP.

Es acertado colocar la atención en otro factor de peso si se descomponen los precios de los combustibles: la carga impositiva. Recientemente la Federación ANCAP ( FANCAP) presentó una Propuesta muy interesante para la reducción de precios de la Nafta Súper (20%) y el Gas-Oil 50S(30%). Se trata de una propuesta de modificación tributaria basada en la sustitución de impuestos: bajar en un 50% el Impuesto Específico Interno (IMESI) a las naftas y eliminar el IVA en el gasoil; sobre este último producto, transferir el financiamiento del subsidio al boleto para la reducción del precio del gasoil. Aumentar el impuesto al patrimonio, modificar el actual esquema de exoneraciones sobre los impuestos a la propiedad, crear impuesto, tasa o contribución a las grandes empresas para apoyar al sector productivo.

En términos de ajedrez a muchos convenció la supuesta jugada brillante por parte del gobierno, en su estratégia y encuadre legal: LUC, Ley de Presupuesto, Rendición de Cuentas y las Pautas de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, moviendo piezas fundamentales del juego. Pero estos movimientos son brillantes si son los más fuertes por lo que ante el maestro terminan resultando “jugadas menores”. El maestro es nuestro pueblo y este debe buscar la justicia y la perfección y no dejarse deslumbrar por cualquier movimiento. La propuesta por parte del gobierno para el mercado de los combustibles ni es justa para las mayorías por retirarle sus subsidios y afectar el empleo, ni es perfecta porque no cumple ni va a cumplir los objetivos que dicen perseguir.

 Referencias  

(1) PPI es una metodología de cálculo que se puede explicar como el ejercicio mediante el cual se hace el supuesto de que se importase combustible [en lugar de crudo] y se determina el valor al importarlos. Esto permite compararlo con los precios de los combustibles al refinarlos en Ancap. En Uruguay desde el 2007 se hizo ese análisis pero era una referencia para el análisis de ANCAP . Con la LUC el análisis es preceptivo para fijar el precio de los combustibles.

(2)https://ucu.edu.uy/es/entrevista-al-presidente-de-ancap-alejandro-stipanicic-invitado-por-el-programa-alumni-ucubs