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Es verdad que los 135 artículos de la LUC, son negativos para la vida de la mayoría de los y las uruguayas y por eso hay que derogarlos. Es verdad que no distinguen en sus efectos a blancos, colorados, frenteamplistas, o votantes de cualquier otro grupo político.

Es verdad que independientemente de la filiación de cada uno, de la divisa o de la ideología muchos uruguayos que viven de su trabajo, aún más aquellos menos privilegiados perdemos derechos, como el derecho a defender las conquistas laborales y conseguir nuevas.

Pero lejos de ser un problema despolitizado es un problema eminentemente político. Esta Ley y en particular los 135 artículos en cuestión expresan un programa político completo que tiene determinadas bases filosóficas e ideológicas y que representa intereses específicos de sectores concretos de la población.

De la misma forma que las medidas económicas del actual gobierno buscan beneficiar a las clases sociales que más riqueza social apropian, la LUC beneficia a esos mismos sectores sociales, garantizándole que no tendrán límites a su acumulación de ganancias.

Por ejemplo cuando en consonancia con lo dispuesto por la LUC se reprime a trabajadores que se movilizan para que se les pague las deudas salariales que los patrones tiene con ellos, lo que se está defendiendo en realidad es que ese patrón pueda incumplir los convenios colectivos en una suerte de impunidad garantizada por la Ley.

Es decir si no cumple y los trabajadores se movilizan este patrón legalmente puede contratar esquiroles menos pagos (usando a favor suyo la necesidad de otro trabajador) y si los trabajadores protestan puede recurrir a la fuerza pública para reprimir, esto es transforma la fuerza pública en un brazo represivo privado que protege sus intereses de clase.

Lo mismo se puede argumentar en torno a los alquileres sin garantía que en la actual Ley son en realidad alquileres con garantía a un desalojo express. También en esta oportunidad se beneficia a quien puede especular con la necesidad de la gente a la vivienda para obtener ganancias extraordinarias, con el resguardo del Estado protegiendo los intereses del especulador.

Plantear entonces que el recurso contra los 135 artículos no es una votación contra la apropiación del Estado por una “rosca” oligárquica que privilegia la acumulación de su riqueza por encima del bien común es al menos un error. Plantear además que eso no es votar a favor o en contra de los intereses de clases que este gobierno representa es ingenuidad política.

Se puede sostener que puedo estar de acuerdo con determinada postura o medida del gobierno y no con los 135 artículos de la LUC, si claro que se puede, pero eso no puede desconocer que esa ley es el corazón del proyecto político del 1% más rico, el mismo 1% que posee el. doble de la riqueza que el 50 % de la población de nuestro país.

Ese 1% tiene a su más fiel representante en el gobierno multicolor y en el propio presidente defensor a ultranza de los malla oro, al quien no le tiembla la mano en no tomar medidas frente al rebrote de COVID-19 por defender los interés de los consorcios turísticos.

Ese proyecto de un Uruguay excluyente, desregulador, concentrador, conservador, que privilegia a las multinacionales sobre las empresas públicas de la patria es también contra lo que votamos con el SI rosado.

Hoy la contradicción sigue siendo entre oligarquía y pueblo.

Autor: Diego Alonso

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