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La histórica decisión de la jueza señora Romy Rutherford, que el día 10 de este mes dispuso el procesamiento de quien fuera Comandante en  Jefe del Ejército entre 2006 y 2010, Oscar Izurieta, por malversación de caudales públicos y falsificación de documentos militares, marca un antes y un después en el funcionamiento del sistema de instituciones del Estado de Chile.

Constituye además un verdadero ejemplo de grandeza que por cierto enaltece al Poder Judicial de nuestro país.

Se ha puesto el interés de la patria, de la sociedad chilena, por sobre el enorme peso político social de los institutos armados. La verdad sobre la mentira y el delito, caiga quien caiga.

Izurieta se apropió ilícitamente, entre los años 2006 y 2010 nada menos que de la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS. Hablamos de dinero del Estado, es decir de recursos de todos los chilenos y chilenas

Este caso judicial, que se ha llamado milicogate, constituye uno de los peores y más grandes escándalos de los últimos años que afecte a los institutos armados. Es realmente increíble la magnitud del delito. Sólo en el año 2017 en el caso del llamado “Fondo de Ayuda Mutua” (FAM) fueron sustraídos más de tres mil quinientos millones de pesos.

Este Izurieta es el mismo que fue Subsecretario de Defensa del inefable Sebastián Piñera entre los años 2010 y 2014.

Y es el mismo que en su tiempo admitió el uso de los llamados “gastos reservados” para financiar a la familia del dictador Pinochet. En especial a doña Lucía Hiriart la que -dice él- le pedía dinero frecuentemente. Y es el mismo que reconoce haber hecho pagos también a otros dos altos  jefes militares, Ricardo Izurieta y Juan Emilio Cheyre. Falsificaba firmas en relación a gastos reservados en el marco de la Ley Reservada del Cobre

Pero hay todavía mucho más. Este militar, que en su tiempo llenó las páginas sociales de la prensa, protegió a militares vinculados a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ocultó información y dio a los asesinos un trato especial. Basta con comprobar los lugares privilegiados en que esos genocidas permanecen “prisioneros”, hasta con acceso a los casinos militares.

En su tiempo falsificaron firmas e hicieron indebido uso de los llamados “gastos reservados”

La sentencia de la magistrada Rutherford ha comenzado  a hacer justicia verdadera.

Izurieta, Fuentealba, Oviedo -y desde luego Pinochet- nada tienen que ver con el verdadero Ejército de Chile, aquella institución fundamental del Estado. Aquella signada por la figura de Bernardo O’Higgins Riquelme y también por las de Carlos Prats y René Schneider.

Autor: Eduardo Contreras

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