Aumentar la edad de retiro jubilatorio, bajar las jubilaciones futuras y NO incorporar nuevas fuentes de financiamiento para redistribuir mejor la riqueza, será que es la manera que el gobierno de turno busca implementar para equilibrar el sistema o ¿nos quieren castigar por vivir más años?
Los que redactaron este anteproyecto de ley y pretenden aumentar la edad mínima de retiro y llevarla a los 65 años, además de otros retrocesos en protección y derechos ¿tomaron en cuenta la realidad del mercado de trabajo uruguayo?
¿Habrán Analizado qué el 28.8% de los menores de 25 años no accede al mercado laboral y por ende si se aumenta la edad de retiro le va a ser más dificultoso acceder al mismo?
¿Tomaron en cuenta qué lamentablemente para el mercado laboral uruguayo tener más de 55 años, hoy en día, ya estás viejo y por ende la mayoría de los empresarios no te toma para un empleo?, no me quiero imaginar a una persona de 61 o 62 años que se quede sin empleo lo dificultoso que se le va a hacer entrar al mercado laboral formal, en definitiva, esa persona va a pasar a la economía informal o directamente lo van a tener que mantener sus hijos y nietos. Esto sin duda va a precarizar más el empleo generando más informalidad, más pobreza y más indigencia, ¿será quizás lo que se pretende de fondo en este anteproyecto de ley?
Y tampoco observamos que cuando se habla de la demografía y el aumento de la expectativa de vida como argumento para aumentar la edad mínima de retiro jubilatorio para generar el causal, no se tomaron en cuenta varios informes que hay a nivel Internacional en los cuales se marca claramente en uno de ellos, por ejemplo, que en Chile más precisamente en Santiago, donde se realizó un estudio de expectativa de vida dos barrios diferentes de la capital, un barrio VIP y un barrio pobre demostrando que la diferencia de expectativa de vida entre uno y otro es de 18 años. Por lo tanto, no va a ser la misma expectativa de vida para un trabajador o una trabajadora que se encuentre en el primer quintil de ingresos con otro trabajador o trabajadora que se encuentre en el último quintil. Es ahí que nos pareció muy payasezca la salida a la prensa del expresidente de la República Julio María Sanguinetti donde quiere hacerse como ejemplo de la demografía en el Uruguay del aumento de la expectativa de vida, ojalá la mayoría de los y las uruguayas tenga la misma suerte que él, de tener condiciones económicas muy favorables en toda de su vida y no sufrir las condiciones socio-económicas que vive la mayoría del pueblo uruguayo.
Luego de estas consideraciones ¿será que hay que aumentar la edad mínima de retiro? o deberemos de buscar nuevas fuentes de financiamiento para NO aumentar la edad mínima de retiro y NO recortar las jubilaciones y pensiones.
Nos preguntamos ¿está bien? que las exoneraciones de aportes patronales en 2021 implicaron una renuncia de ingresos del BPS por 223 millones de dólares, que el sector rural tenga un régimen de aporte patronal muy beneficioso, que de cada peso que aportan a la seguridad social reciben 4 pesos, por lo tanto, toda la sociedad financia esos 3 pesos y significa que aportan la cuarta parte de lo que aporta el sector de industria y comercio y además, las exoneraciones que actualmente no paga el capital como al IRAE e Impuesto al Patrimonio que en 2021 alcanzaron 1.600 millones de dólares lo que representa un 2,7% del PIB.
¿Que decir del gran déficit que genera la Caja Militar para el país?, en la que se otorgaron muy altas jubilaciones en condiciones de privilegio y que el promedio del 20% de pasividades más altas de la Caja Militar es de $ 136.000, se debería incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares como ya existen en los otros subsistemas.
NO se entiende como seguimos sosteniendo a las AFAP, las cuales han fracasado en el mundo, según estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018, las cuales reciben del BPS 1.150 millones de dólares por año, deberíamos de preguntarnos, ¿Sí esa plata estuviese en el BPS? seguramente habría superávit y no estaríamos hablando de recortes de derechos, sino que de mejoras de cobertura y protección para los colectivos que más necesitan y siguen postergados.
Se deberían de generar nuevas fuentes de financiamiento para que el sistema sea sostenible y sustentable social y económicamente, puesto que en varios países del mundo se están implementando impuestos a la riqueza, a las máquinas qué desplazan puestos de trabajo y a su vez genera grandes ganancias al capital, impuestos a las importaciones, a las transferencias de dinero al exterior en grandes sumas las cuales se generan en el país y todos estos impuestos que sean ingresos genuinos de la seguridad social para financiar el sistema.
La seguridad social es la principal herramienta de redistribución de la riqueza, es un derecho humano fundamental por eso debemos defenderla como tal.
Sin duda que para unos pocos (el poder ejecutivo y los redactores de este anteproyecto de ley) la seguridad social es una mercancía y en ese sentido actúan, ya que el corazón de esta reforma es generarle el gran negocio a las AFAP privadas y por ende al gran capital.