Uruguay se encuentra en un momento histórico de gran retroceso en materia de derechos. Vivimos en un país cada vez más desigual, donde se concentra la riqueza de manera exponencial al mismo tiempo que aumenta la pobreza y la desnutrición infantil. Muchas preguntas se nos ocurren a las uruguayas y uruguayos honestos. Algunas de ellas con respuestas y otras cargadas de incertidumbre y dolor.

El actual gobierno viene imponiendo cambios y transformaciones de manera vertiginosa desde que asumió, tienen apuro por concretar su plan del país de los malla oro. Por eso hacen política por encargo como pasó con el tema de la tabacalera Monte Paz, pero también con la transformación de la Ley de Negociación Colectiva que beneficia a todo el sector empresarial.

Y la reforma educativa está inmersa en esa forma de Estado que impulsan, y me permito expresar un sentir, esa forma se caracteriza por un gran desprecio hacia la cosa pública. Todas sus políticas ponen en evidencia que se trata de un gobierno depredador de los bienes y recursos de nuestro país, y entreguista de la soberanía nacional.

Varios cambios necesitaron consolidar previo a esta reforma, la LUC es un ejemplo de ello. Anunciamos y hoy se concreta esa arquitectura administrativa, que permite desde la centralidad avasallar cualquier expresión de los colectivos, ya sean sociales, políticos o sindicales. Como síntesis y demostración de su desprecio visceral al pueblo, la represión, la mentira y el agravio son las herramientas utilizadas a diario. Si alguien pretende disentir, si se pretende movilizar y hacer uso del derecho a la libertad de expresión, el derecho a huelga y a reunión, desde cualquier lugar del gobierno, los socios de la “Coalición” se encrespan cual perro furioso cuando pasan los límites de su territorio. Un territorio de lo público que lo entienden como propio porque lo gobiernan y “mandan” y las ganancias se las apropian para beneficio de unos pocos acomodados; ellos y sus amigos.

Las reformas son en todos los ámbitos estratégicos del Estado, la liquidación de ANCAP, la privatización al galope de ANTEL, los cambios de política en la OSE, con los problemas que traerá para el acceso al agua potable. Recortes en la Salud Pública, con la falta de medicamentos como corolario. Recortes en la educación, ANEP Y UDELAR con menos presupuesto, tanto para atrás se fue la cosa que ya estamos por debajo del 4,5 del PIB. Además vamos a cerrar un quinquenio con pérdida salarial para todas las trabajadoras y trabajadores. Con autoridades que no escuchan a estudiantes y docentes. En este contexto de ajuste antipopular y de recorte presupuestal, se pretende realizar, la mal llamada “transformación educativa” o “cambio curricular”.

Podemos poner varios adjetivos para describir la reforma, pero tenemos un problema, no se conocen los documentos de “los expertos” que deben ser aplicados por las y los docentes de toda la ANEP. Hay trascendidos, algunos adelantos y documentos aprobados, con la salvedad, que anuncian la aplicación sin pasar por los colectivos que necesariamente deben participar, dar la opinión y elaborar para que realmente pueda ser aplicable. Por ejemplo las Asambleas Técnico Docentes (ATD), que no son un capricho de las y los docentes, son el resultado de mucha lucha y una ley de nuestro país.

Los curriculum, los planes y los programas educativos, deben tener un sustento filosófico, político e ideológico que trasciendan los gobiernos de turno. En este caso todos esos componentes están bajo un velo, el velo de “los expertos” y “los contenidistas” supuestamente asépticos. Pero es evidente el componente antipopular, porque vienen a recortar derechos y a privatizar todo lo que puedan, porque su sueño mayor es transferir recursos del Estado a sus empresas.

Los curriculum, planes y programas, sintetizan en definitiva lo que espera una sociedad que aprendan sus niños, niñas y jóvenes. Son los conceptos y contenidos que la humanidad produce y las y los uruguayos pretendemos apropiarnos para nuestra vida. Esto hace que necesariamente se deba compartir con el pueblo lo que se quiere transformar, para poder incluir nuestras costumbres, nuestra cultura, lo que pretendemos conocer de los avances de la humanidad en materia científica, humanística, artística, tecnológica... Y en nuestro país existe ese ámbito para recoger las opiniones de la ciudadanía respecto a los rumbos de la educación, y es el Congreso de Educación, que debería ser convocado como lo señala la ley.

Si se nos intenta arrebatar el derecho a la educación, en tanto derecho humano fundamental para todas y todos a lo largo de toda la vida, es claro que “los expertos” quedarán solos. Si las minorías que “mandan” concentrando el poder, se arrogan el derecho a transformar a espaldas del pueblo, podemos anunciar desde estas líneas el fracaso de tal iniciativa.

Hay que hacer uso del derecho a participar para defender la democracia y la soberanía, porque de eso se trata LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

Parafraseando a Bertolt Brecht no aceptemos lo habitual como cosa natural.
Porque en tiempos de desorden,
de confusión organizada,
de humanidad deshumanizada,
nada debe parecer natural.
Nada debe parecer imposible de cambiar.