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En Uruguay es común escuchar que nos transformamos en un país de servicio, que la matriz ganadera y agroexportadora ha favorecido a las clases dominantes y que lograr salir de esa lógica era uno de los objetivos de la izquierda. Esa matriz productiva mantuvo a sectores sociales empobrecidos como el caso de los peones rurales, el acceso al trabajo en el interior profundo, los puestos de servicios en grandes superficies como los supermercados y shoppings. El trabajo en las estancias, en las arroceras, en los montes forestados es aún una realidad de abismo en materia de igualdad de oportunidades. Hoy se reconoce derechos del trabajador rural pero la desigualdad en materia de oportunidades persiste. (Ley 10.809)

Desde la izquierda (progresismo) se debía buscar salir de esa lógica y así se comenzó en el discurso y hechos (no palabras) de la diversificación de la matriz productiva, de la transformación de las empresas públicas, donde éstas fueran motor del desarrollo productivo.

La apuesta a la innovación, a la integración de mas jóvenes a los llamados en el estado y la selección de profesionales para cubrir cargos especiales fueron algunos de los signos del gobierno progresista en sus tres períodos. Cosa que por un lado estuvo bien pero también dejó fuera –en algunos casos- mano de obra especializada y con experiencia a personas con más de 35 años que no tuvo oportunidad de demostrar si era capaz de la tarea.

En teoría son medidas que suenan muy saludables y correctas como políticas planificadas para la promoción de la equidad social pero la verdad es que los privilegios persistieron y las arbitrariedades también. ¿Entonces; que tiene que ver esto con agua y medio ambiente?... Pues mucho, porque mientras se transformaba esta matriz productiva en este período progresista, se aceleraban los ritmos de extranjerización de las tierras, los ritmos de producción agropecuaria, la intensificación ganadera, así de intenso también y acelerado se volvía el impacto ambiental en los territorios productores de agua dulce, los ríos, cañadas y arroyos que empezaron a sentir el impacto de la aceleración de la agroindustria y la ganadería intensificada.

Pero la verdad es que siendo un país pequeño con poca capacidad de competitividad regional/global, en un mundo acelerado y siendo dependientes en materia económica de las exportaciones de materias primas, pareciera que la apuesta a innovar e introducir valor agregado es un llamado esencial y vital para la economía uruguaya. El llamado estratégico para salir de la lógica y matriz nacionalista de producción y exportación de materias primas.

El intento a fomentar innovación en los temas vinculados a la robótica, apoyados en el acceso informático (ej.: el Plan Ceibal) va muy bien, pero aún el tema medio ambiental no cruza estas políticas. En el cambio de matriz energética hubo un cambio cualitativo exponencial desde el primer parque eólico en el año 2000. La industrialización del agro con más y mejor cultivo de soja, trigo, arroz. El fomento y aprobación de la ley de riego (Ley 19553) para la gestión y distribución de agua en espacios multiprediales generó una discusión ciudadana donde el gobierno cerró filas y si bien se abrieron espacios de discusión con vecinos, no se permitió incidir sobre costos ambientales, sobre pérdida de soberanía, sobre las formas de inversión y gestión del proceso de distribución del agua, tampoco en pérdida de soberanía en generación de energía, en extranjerización de la tierra. Traspasar la gestión del agua a un sistema privado es una privatización del agua, dado se transfiere la disposición de caudales y formas de gestión de la cuenca a manos de grupos económicos y a poder comercializar con ella. La ley se propuso para plebiscito y no salió su derogación. Por tanto, hoy existe esa forma de manejo de los caudales de ríos, que implementarán una mercantilización del riego. Conjuntamente con la ley forestal (Ley 15939) son leyes determinantes en el uso del suelo. Es incierto el futuro en materia de manejo de los grupos económicos estos procesos estratégicos.

Otro dispositivo determinante para el agua y medio ambiente ha sido el llamado a la inversión extranjera directa IEC fundada en la Ley de Interés Nacional, de protección y promoción de inversiones (Ley 16906) que favorece en forma liberalizada a los principales grupos económicos, exonerándolos de impuestos y gravámenes que a la empresa nacional se le cobra.

En concreto, poner al país a un cambio de matriz productiva, tuvo el costo del llamado a inversión extranjera directa y no tuvo un lugar destacado para analizar costos ambientales dentro del gabinete económico pero cruzado por el gabinete ambiental. La prioridad estaba en hacer atractivo al Uruguay Natural a nivel internacional y atraer inversores.

Para esa estrategia los logros fueron exitosos, el PBI per cápita en Uruguay pasó de U$S 5200 a U$S 16.300, cuando ese mismo indicador en el caso de Chile pasó de U$S 7.500 a U$S 15.000. La economía de Uruguay es la decimotercera economía de América Latina y somos referentes de sobrevivencia a las crisis regionales sin que nos afecte cualitativamente. Los inversores siguen abonando el crecimiento del PBI aunque el crecimiento perdió ritmo y el saldo desde la mirada ambiental es un cambio total a la fisonomía del “mapa” uruguayo.

Las praderas, y colinas suavemente onduladas se han transformando en paredes de hectáreas de eucaliptus, tierra color soja y trigo transgénico. El uso de agroquímicos, particularmente el glifosato, prohibido en otros países sigue impactando en el suelo y agua dulce y son desafíos que hoy pasan a manos de un ministerio de agua y medio ambiente que sentará bases en nuevas políticas ambientales que se desconocen.

Estaremos atentos a lo que vaya surgiendo en cuestión de políticas medio-ambientales pero seguramente esta agenda tome relevancia en manos del gobierno multicolor cuando debió ser prioridad de un gobierno de izquierda.

Autora: Adriana Marquisio

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