Hace unos días circularon datos y análisis respecto a temas centrales para la vida de las y los trabajadores en general, y para quienes somos trabajadoras de la Educación en particular. Nos enteramos de cuál fue el cierre del PIB del año 2023 (con un crecimiento que fue inferior a lo esperado); supimos el comportamiento de la inflación anual (que fue menor a la proyectada por el gobierno); y también accedimos a cuál será el ajuste que percibiremos en nuestros salarios en 2024; esos entre otros elementos.
Como los temas tienen historia, y tenemos la convicción que los debates nos hacen bien, queremos decir que algunos datos lanzados sin contexto pueden llevar a conclusiones equivocadas, cuando se mira con lupa se corre el riesgo de perder de vista el entorno. Porque si afirmamos que la inflación fue de 5,11% y el ajuste salarial de 7,39%, cualquier despistado puede creer que está ante un aumento salarial, y eso no es así.
Respecto a la historia del tema, sin necesidad de ir demasiado lejos podemos afirmar que, hace muchos años el salario docente es un problema en nuestro país, y si bien no empezó ahora, en este período se agravó. En lo que va del SXXI nuestro sindicato tuvo altísima conflictividad por el tema salarial en 2008, 2013 y 2015. Sin olvidar que el tema salario fue dramático en los años 80´y 90´, lo que nos llevó a aquella dolorosa consigna: salario docente vergüenza nacional.
Entonces, lo que queremos señalar es que este asunto lleva muchísimos años esperando solución y en este quinquenio lejos de resolverse se profundizó. Para las y los trabajadores de la Educación, seguro no fueron y no van a ser los mejores 5 años de nuestras vidas.
En los últimos años, las trabajadoras y trabajadores de la Educación sufrimos una importante pérdida salarial. Seguro recuerdan que en 2022 decíamos que la pérdida estaba cuantificada en 7,96%. En ese entonces explicábamos que lo perdido era equivalente a un mes en un año.
Esta brutal rebaja salarial se explicó porque en 2020 las y los trabajadores del Estado -y de la Educación en particular- recibimos un ajuste por la inflación proyectada para ese año, y en enero de 2021 recibimos un correctivo, que de alguna forma cerró la diferencia entre el ajuste por inflación esperada y lo que realmente se concretó de inflación, pero en enero 2021 no recibimos ningún incremento adicional a ese correctivo. Por lo tanto, toda la inflación que se registró en 2021 configuró una pérdida de salario real. ¿Qué sucedió en enero 2022? Las y los trabajadores del Estado recibimos un ajuste a cuenta de la inflación futura, con lo cual, la inflación de 2021 se concretó en pérdida de salario real.
En ese marco el gobierno se comprometió a que, en su mandato, el salario recuperaría la totalidad de la pérdida generada en 2021. Pero eso no sucedió ni va a suceder, vamos a terminar el quinquenio por debajo de lo que era nuestro salario en 2019, ese salario que ya decíamos que era insuficiente.
Por lo tanto, en este período de gobierno se dieron claros trayectos en los que se configuró pérdida salarial, lo que implica pérdida en la calidad de vida y en el poder de compra, y aunque no terminemos tan lejos del nivel inicial, en el proceso estuvimos perdiendo. Y todo lo que no pudimos hacer en el período por falta de recursos ya no se puede recuperar.
A modo de ejemplo aportamos un brevísimo estudio comparativo, en marzo de 2020 (mes en el que asume el actual gobierno) el salario nominal de una Maestra de 1er grado era de $35.750 y el precio de una garrafa de supergás de 13kg era de $610, con lo cual se podían comprar 59 garrafas. Mientras al día de hoy, enero de 2024, el salario nominal de una Maestra de 1er grado es de $47.810 y el precio de una garrafa de supergás de 13kg es de $998 con lo cual se pueden comprar 48 garrafas de supergás. Es decir, 11 garrafas menos por mes.
Además, en los meses de noviembre y diciembre de 2023 se concretó el guarismo más bajo en la relación salario – garrafas, meses en los que se podían comprar 45 garrafas con el salario de una Maestra de 1er grado.
Por su parte los frigoríficos aumentaron varias veces el precio de la carne vacuna a los carniceros y estos a los consumidores, el kg de asado en marzo de 2020 costaba unos $190 y en enero de 2024 cuesta unos $350. Este ejemplo permite probar que importadores y comerciantes han practicado y practican la carestía, y que están especulando con las necesidades del pueblo. Entonces, el aumento del asado (uno de los cortes más populares en nuestro país) es de un 84% mientras nuestros salarios han pedido poder de compra.
Otro elemento que es necesario ubicar en el análisis es la situación del dólar, el atraso cambiario ha sido reconocido por el propio Banco Central, quienes señalan que al menos el dólar debería estar un 15% por encima del valor que está teniendo. Pero lo que queda soterrado es que ese atraso cambiario no es un fenómeno natural, se trata de una decisión de las autoridades, con la cual se intenta controlar la inflación, pero esta decisión puede generar consecuencias nocivas a corto y mediano plazo para los sectores que percibimos nuestros ingresos en pesos.
Como mencionamos antes queremos promover el debate profundo, y entendemos que no hubo y no hay ninguna explicación seria que pueda fundamentar que en un país en que la economía ha crecido haya rebaja de salarios.
Quienes somos militantes sindicales debemos impulsar un debate que nos atraviesa y trasciende, porque como sociedad nos debemos una discusión seria sobre el presupuesto educativo y sobre el salario docente, porque todos los discursos son insuficientes si no hay compromisos concretos. En cualquier conversación se escucha decir y acordar que la Educación es prioridad para el país, pero cuando se tienen que definir los destinos de los recursos esas palabras se olvidan.
Nadie que analice el tema con honestidad puede creer que se mejora la Educación Pública con menos recursos, con menos docentes, con profesionales peor pagos, dejando afuera de los debates a quienes deben llevar adelante las transformaciones.
Queremos debatir los problemas de la Educación, ¡todos!, y lo primero es que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas para que sucedan los aprendizajes, y si hay niñas, niños y jóvenes con hambre, si faltan recursos materiales, si se recortan programas, si hay menos docentes… se dificultan los procesos de aprendizaje.
Tenemos la convicción que la sociedad uruguaya cree que la Educación Pública debe tener el presupuesto necesario para cumplir con sus cometidos, y que ese presupuesto no puede ser menor al 6% del PIB para ANEP y UdelaR, entonces, hay que convocarla a las calles a luchar con nosotros.