El efecto del cambio climático es global pero en Uruguay las abundantes lluvias en cortos períodos y grandes sequías en largos períodos ayudan al escurrimiento de sustancias tóxicas (agroquímicos) para los cultivos de secano. El escurrimiento se vierte a los ríos, arroyos y cañadas, las cuales algunos se encuentran en las tomas de agua de las plantas para la potabilización de OSE. Una de ellas, de suma importancia por su dimensión en cuanto al número de población abastecida es la del río Santa Lucía.
Aguas Corrientes abastece a las ¾ partes de la población del Uruguay. Sobre el río Santa Lucía existen aproximadamente unos 700 emprendimientos que afectan a la cuenca de una forma u otra. Esos desafíos están permanentes en el uso del suelo y el agua. El uso del suelo está estrechamente vinculado a la vida y salud de las personas.
La destrucción de los ecosistemas debería tener un cálculo en costos económicos y estos descontarse como insumo de los números del PBI calculado, dado la recuperación de la naturaleza tiene altos costos como ha ya ocurrido en cuencas europeas por ejemplo la recuperación del río Támesis en Inglaterra.
El discurso del progresismo apoyado en la tranquilidad que el movimiento social dejó ante la exitosa defensa de las empresas públicas en los años 1995 – 2005 aseguró que la “gallina de los huevos de oro” no fuera privatizada y desde allí se pudo sostener políticas sociales vitales para la población. Por más de 10 años las fuerzas sociales, los sindicatos, las organizaciones de bases territoriales se mantuvieron en la lucha para defenderlas. Las comisiones de vecinos, las coordinadoras, pequeñas apuestas ciudadanas que transformaron y construyeron los grandes cambios de resistencia al actual “modelo de despojo” de lo público, de lo común, a las privatizaciones.
Con los mecanismos de democracia directa habilitados en la Constitución se pasó 10 años juntando firmas y se llamó a plebiscitos y reformas constitucionales para detener la entrega y mitigar los efectos de una era de privatización masiva de todos los servicios públicos. Fue entonces que nos transformamos en un extraño fenómeno de resistencia democrática al modelo en la implementación neoliberal en América Latina. En Uruguay el modelo no logró tener concreción total, fue parcial. A diferencia de los demás países en el continente no lograron privatizar las empresas públicas. En el caso del agua, URUGUA (de origen vasco), en Maldonado, fue recuperada gracias a la gente en la calle.
Gracias a la patriada de un pueblo las privatizaciones no aterrizaron, años juntando firmas para frenar ese modelo impuesto por el FMI y Banco Mundial. El gobierno de esa época, para recibir préstamos, debía liberalizar las normas que imposibilitaban las privatizaciones y era una exigencia fundamental de los organismos internacionales de crédito. Eso fue detenido y laudado. Por tanto no se podría cambiar por ley. En caso de querer modificar esas disposiciones se tendría que llamar nuevamente a Plebiscito. (Referido al borrador de la Ley de urgente consideración propuesto por la coalición multipartidaria creada para ganarle al Frente Amplio).
Estamos hablando del 2000, período del gobierno del Dr. Jorge Batlle. Cuarta legislatura después de la apertura democrática. La vedette de esa época fueron las privatizaciones y ese período desbastó a América Latina, la empresa Suez en Argentina, la Becthel en Bolivia y muchos ejemplos más. Entonces el agua y la vida, siempre estuvieron en juego en América Latina, dado que el agua riega los alimentos, el agua hace crecer los árboles y el agua da vida a los ecosistemas.
Esa lucha de muchos años, fue histórica y tuvo tanto impacto nacional y continental como la salida de las dictaduras. Tuvo impacto mundial, porque en el año 2009 en el mundo más de 122 países en la Asamblea General de Naciones Unidas proclamaron que el acceso al agua y saneamiento eran derechos humanos fundamentales. Entones pasó de definirse el acceso a una “necesidad” a la categoría de un “derecho”. Y eso en años del neoliberalismo, donde hubo exclusión, hubo privatización de la vida, de los espacios comunes, debe ser recordado como un proceso constructor de los cambios.
De ese período de luchas sociales emergen los gobiernos progresistas de la región como el gobierno de Lula en Brasil, el Kishnerismo en Argentina, el de Evo en Bolivia, el de Chávez en Venezuela, el de Correa en Ecuador, el de Tabaré en Uruguay. En el caso de Bolivia, y otros, las luchas por el agua y la vida, las luchas por el gas, por la energía fueron determinantes. Entones la cuestión de luchas por dos modelos es claro. Por más que se discuta su matriz u origen de izquierda como el caso del Kishnerismo, sus acciones favorecían a los más desprotegidos.
A 20 años de esa ofensiva, a 20 años de esos procesos y a 15 de los cambios de gobiernos de partidos tradicionales a los gobiernos progresistas recordamos las retiradas simbólicas del Banco Mundial de la región, de las corporaciones del agua como fuera el retroceso de la Suez Lynnaise des Eaux de América Latina en el 2006. El duro golpe dado a EUA, cuando se expulsó a George Bush desde la cumbre de los Pueblos en Mar del Plata. Abucheado y señalado en un grito; “FUERA BUSH de América Latina” en el año 2006.
Era impensable en las actuales condiciones imaginarse una escena de esas, en un continente donde la ofensiva capitalista se ha radicalizado desde todo punto de vista, tomado otras formas y dimensiones como el fracking, la desforestación, las megas represas, la minería.
Los años progresistas siguientes para América Latina fueron de lucha contra la pobreza extrema, la exclusión, el intento de implementación de un consenso continental que conjugara los sueños de izquierda con un espacio duramente golpeado por muchos años.
Intentos de construcción de plataformas de izquierda como el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) - Tratado de Comercio de los Pueblos en contraposición al ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas de los EEUU). O instituciones internacionales como el UNASUR. Los intereses oligárquicos en aparente retirada, observando el momento para volver a tomar el timón del poder.
El avance del despojo en territorios, por la tierra, el agua, por la diversidad, comida y generación de riqueza de las grandes corporaciones han llevado a la atroz embestida contra los defensores y defensoras de los derechos de la madre tierra, en Colombia, Ecuador, Honduras, México, Chile, Argentina, Brasil.
Los procesos de derrocamiento y muerte de estos presidentes que representan estos procesos de cambio, como Chávez.
Hoy en el proyecto de urgente consideración, presentado por la coalición de partidos unidos contra el Frente Amplio, presentan una serie de medidas que nos retrotraen a esos períodos y el peligro de las privatizaciones de empresas públicas y la agenda de agua y medio ambiente se asoman con la creación ahora sí de un Ministerio del Agua y Medio Ambiente.
Ministerio creado desde cero, con recursos humanos y financieros para una matriz de país productivo y ambiental que desconocemos. En el anterior gobierno blanco, gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995creó el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Pareciera que este partido tiene en sus ejes de priorización el medio ambiente y el ordenamiento del territorio con mayor acento que el propio progresismo, aunque la creación de una estructura no es garantía de avances en el manejo sustentable de las cuencas y suelos del país.
La participación vinculante de la población en el manejo de las cuencas - como lo dispone la constitución en el artículo 47- sigue siendo un debe de todas las administraciones de tuno.