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La Asociación Rural (ARU), la Federación Rural (FR) y las Cooperativas Agropecuarias Federadas (CAF) se reunieron con el gobierno para analizar su posible aporte en la emergencia. Como las dos primeras lo vienen haciendo desde fines del siglo XIX, mostraron una vez más su mezquindad y su miopía.

En 1923 las organizaciones rurales manifestaron su oposición al proyecto que fijó el salario mínimo del trabajador rural (Ley 7.550 de 15/02/23). La Federación Rural, entre otros argumentos, expresó que el salario propuesto superaba el doble del que se paga, podría determinar el éxodo de los pequeños estancieros al Brasil y la Argentina, el trabajador rural estaba en mejores condiciones que el urbano porque tenía casa y comida segura. También la Asociación Rural y la Comisión Nacional de Fomento Rural enviaron notas oponiéndose al proyecto. En 2008 se opusieron a la ley que regula el trabajo rural (Ley 18.441 de 24/12/08) que estableció que por encima de las 8 horas diarias de trabajo se debía pagar horas extra, es decir, el doble del salario por hora. En 2019 se retiraron de las negociaciones en los Consejos de Salarios argumentando que el gobierno no era imparcial.

El aporte que se difunde en los medios sería de 100 millones de dólares, pero lo que realmente ofrecen sacarse del bolsillo son sólo 20 millones que aportarían al BPS. En este total se suma:

1. a) Anualmente aportan 50 millones de dólares al Instituto Nacional de la Carne (INAC) y proponen que este año esos recursos se destinen al Fondo Coronavirus. Es decir, ni un peso más que lo que tenían que aportar.

2. b) Anualmente aportan 30 millones de dólares al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y proponen que este año esos recursos se destinen al Fondo Coronavirus. Es decir, ni un peso más que lo que tenían que aportar.

3. c) Por las ventas de ganado pagan un 1% a las Intendencias Municipales y de estos pagos, a los propietarios de tierras que pagan la contribución inmobiliaria rural se les devuelve en forma de certificados de pago al BPS. Estos recursos, estimados en 20 millones de dólares anuales, son los que aportarían al Fondo, probablemente acompañado con una próxima suspensión del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural.

Las gremiales consideran que la situación crítica del agro impide pagar más impuestos. Se visten con una ropa que no les corresponde, la situación de las actividades agropecuarias es heterogénea, algunas en crisis y otras en buen nivel. Se aprecian grandes problemas para los tambos, que se van cerrando; para los productores de miel, que pierden sus colmenas por la acción del glifosato; para los granjeros que van desapareciendo. Pero los grandes capitales instalados en la actividad agropecuaria tienen grandes ganancias y pagan pocos impuestos.

El nivel de actividad, el precio de la tierra y los arrendamientos no se encuentran en su nivel máximo pero tampoco presentan una tendencia a la baja. Los mejores resultados se aprecian en la ganadería y la forestación que alcanzaron el nivel máximo en 2018 y descendieron levemente en 2019 (BCU 2020). El precio por hectárea vendida alcanzó su nivel máximo en 2014 con 3.924 dólares, los precios fluctuaron durante los años siguientes y se ubicaron en 3.342 dólares por hectárea en 2019 (MGAP – DIEA 2020);. Si se toma esta cifra para estimar la riqueza de los dueños de la tierra tendrían un total superior a los 53.000 millones de dólares

Durante enero – marzo de 2020 el total de exportaciones se redujo con relación a igual período del año anterior, pero aumentaron las exportaciones de soja, de ganado en pie y de arroz. Los precios de los principales productos de exportación aumentaron en los últimos meses, siendo los mayores aumentos los de los precios de arroz, soja y lácteos en ese orden.(Uruguay XXI 2020). Con relación al promedio de 2018, en los primeros meses de 2019 el precio de la carne bovina aumentó 23% y el del arroz 37% (Semanario Búsqueda, 02/04/20, p. 29).

La presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la contribución patronal a la Seguridad Social / PIB sectorial) se mantendrá en valores muy similares a 2018, la recaudación pasaría de 261 a 256 millones de dólares y la presión fiscal baja de 7,8 a 7,7% del PIB agropecuario (Tambler, A. y Barboza, N. 2020).

Los dólares que reciben los terratenientes, los capitalistas y los exportadores de productos agropecuarios aumentaron aceleradamente su poder de compra en pesos por la devaluación, ya que desde el primer trimestre del año 2020 la cotización del dólar aumentó 15% y de este total, un 10% en el mes de marzo.

En síntesis, el agro tiene un buen nivel de actividad y de exportaciones, los precios de la hectárea y el arrendamiento de la tierra están altos, la riqueza de los dueños de la tierra supera los 53.000 millones de dólares, el aumento de los precios internacionales sumado a la devaluación mejoraron el poder de compra de sus ingresos en el mercado interno. Se quejan por qué se la llevaban en carretilla y ahora se la llevan en pala. Mantienen su actitud mezquina y miope, negándose a contribuir a reducir el hambre en la emergencia, y lo hacen con el respaldo del gobierno.

 

BCU (2020) Informe trimestral de Cuentas Nacionales. Setiembre – diciembre de 2019. BCU, Montevideo.

MGAP – DIEA (2019) SERIE “PRECIO DE LA TIERRA” Arrendamientos Primer Semestre 2019. MGAP, Montevideo.

MGAP – DIEA (2020) SERIE “PRECIO DE LA TIERRA” Compraventas Año 2019 MGAP, Montevideo.

Tambler, A. y Barboza, N. (2020) “Recaudación y presión fiscal en el agro” pp. 367 -371, Anuario de OPYPA 2019. MGAP, Montevideo,

Uruguay XXI (2020) Informe mensual de Comercio Exterior. Abril de 2020, Montevideo

Autor: Jorge Notaro

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