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Más de 100.000 pobres nuevos, más de 150.000 desocupados, aumento de la inflación por encima del 10 %, impuesto solo a los trabajadores públicos de altos ingresos, no se toca al Capital, programa de gobierno en urgente consideración, mordaza de medios y privatizaciones en una ley hecha a medida de los dueños de los medios, negación de la cadena al PITCNT y Familiares entre otras cosas. A dos meses y poco de asumido el nuevo gobierno el saldo es más pobreza, menos democracia y promesas de represión.

En el manejo de la pandemia, lo único bien logrado es el manejo mediático, ya que si comparamos la situación de Uruguay con otros países de Nuestra América estamos en el medio tirando para abajo, como bien lo demuestra Mariela Fantín en un artículo de  La Diaria del 9 de mayo de 2020.(1)

No contentos con ello, además se quiere implementar  una regla fiscal que según el economista Aldo Lema, miembro del Consejo Fiscal Autónomo de Chile, (organismo que emite recomendaciones respecto a la regla fiscal de ese país) “En tiempos de vacas flacas, asumir una nueva institucionalidad de estas características, siempre que sea creíble y complementado con otras reformas, puede permitir que el ajuste necesario de las cuentas públicas sea más gradual,”(2) . Este Economista nos trae lecciones del Chile de Piñera donde la explosión social es notoria producto de las desigualdades y de los sufrimientos populares, resultado entre otras cosas de las políticas que este señor recomienda para nuestro país.

Arbeleche manifestó que la regla por sí misma no asegura una conducta de gasto ordenado, señaló que el principal objetivo es limitar los gastos. Limitar los gastos en un tiempo de crisis y contracción de la economía , solo lleva a más contracción y aumento de la pobreza, políticas ya usadas en Europa durante mucho tiempo y que llevaron a las crisis por “austericidio”, dando lugar a un neologismo para expresar el destrozo social generado por las agenda neoliberal aplicada.

El gobierno de Uruguay en esto se pone a la derecha de los organismos Multilaterales, que dada la magnitud de la crisis y la recesión que va a provocar aconsejan medidas expansivas.

Esta medida, exigida por la Confederación de Cámaras Empresariales, Un Solo Uruguay, y demás representantes de los 2500 uruguayos que concentran más del 12 % de la riqueza, los que reciben cada uno anualmente más de 5 millones de dólares al año, tiene como único objetivo garantizar que estos malla oro aún ganen más, esperando que en algún momento se produzca el derrame.

Los mismos que sostienen esto dicen que no tiene que haber control de precios y frente a la especulación lo único que hacen es decir que “son malos”, ignorando que la especulación es natural en el modelo sistema que ellos representan, y que tiene como objetivo único la persecución de la rentabilidad y la valorización del Capital. Los viru-viru liberales de un Capitalismo autoregulado y justo son fábulas que no se creen ni quienes las cuentan.

Lo cierto es que este tipo de medidas van a afectar al resto de la acción del Estado al cercenar el presupuesto público, y con ello las posibilidades del Estado de actuar frente a esta crisis protegiendo a los más desfavorecidos.

La única forma de mantener el gasto -continuar viviendo- de las personas, sin aumentar sus ingresos o las transferencias sociales, va a ser aumentar en endeudamiento, que  a la larga no se va a poder pagar, reventando en burbuja financiera la crisis productiva.

Es decir que en breve tiempo nos retrotraemos a un país con las mismas condiciones que trajeron las crisis del 2002, y de las cuales el gran responsable fue el padre del actual Presidente.

Frente a eso, no va a alcanzar con  gritar que la culpa es del Frente amplio, ni amordazar la discrepancia, ni justificarse con el Coronavirus. Lo que se necesita es otro tipo de medidas y la lucha para que cristalicen en ese sentido saludamos los proyectos presentados por el Frente Amplio de cara a las urgencias reales de la población y no de los 2500 más ricos del Uruguay.

Resumen de los proyectos presentados

Las reglas fiscales son una forma gubernamental de reducir las posibilidades de acción en cuanto al manejo de las cuentas públicas, implicando un menor uso del gasto público (muchas veces mencionado bajo el eufemismo de la “austeridad”). Estos instrumentos de política buscan dos objetivos. Uno de ellos es interno: combatir el déficit fiscal y la dinámica de crecimiento del endeudamiento público. Pero, fundamentalmente, persiguen un objetivo externo: transmitir confianza a “los mercados” (otro eufemismo para nombrar los capitalistas internacionales y sus agencias asesoras como las calificadoras de riesgo, que especulan con el precio de compra y reventa de la deuda pública soberana), generando el marco para una política fiscal previsible, independientemente del gobierno de turno.

1.- Trabajo y Relaciones Laborales: Se limitan los despidos en el contexto de la crisis sanitaria por 180 días. En caso de incumplimiento, la indemnización por despido será el doble de lo normal y podrá acumularse con la que eventualmente en cada caso correspondiera por indemnización por despido especial, la misma protección rige para trabajadores con vínculo con el Estado.

Se suspende el cómputo de plazos para reintegro de la trabajadora luego de la licencia maternal, en casos donde se recomienda que la misma permanezca en su hogar más allá de su finalización. Rige aunque con pequeñas diferencias, tanto para trabajadoras públicas como privadas, como para uno de los padres y madres adoptantes.

Se suspenden por el plazo de 180 días los términos de prescripción de los créditos laborales comprendidos en la ley 18.091 de 7 de enero de 2007, medida totalmente necesaria dentro del marco de suspensión o afectación de actividades de organismos públicos relevantes como pueden ser el MTSS y el Poder Judicial.

2.- Servicios Públicos Básicos: tarifas y cobertura

Suspensión de los cortes de suministro de servicios de agua, luz, telefonía e internet a usuarios residenciales así como a los usuarios no residenciales, que en la redacción del proyecto se detallan. Plantea la exoneración del pago de los servicios mencionados a las familias beneficiarias de una serie de programas del Mides.

Adicionalmente se incluye la habilitación de un bono para todos los clientes de ANTEL como forma de garantizar el acceso a servicios de internet tanto en dispositivos móviles como en los hogares.

3.- Tarjetas de Crédito: Otorga a los titulares de tarjetas de crédito que acrediten haber sido despedidos, enviados al seguro de desempleo o padecido una pérdida sustancial de sus ingresos, a partir del estado de emergencia nacional sanitaria, la facultad de acceder a un régimen de pago de las deudas referidas, hasta en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera en el mes de julio de 2020. Dicho régimen no generará recargos, intereses, multas o penalidades de tipo alguno y que no se podrá modificar la calidad y antecedentes crediticios de quienes se amparen en la misma.

4.- Vivienda: Establece un plazo de moratoria de seis meses a partir del 1° de abril para los deudores de alquileres y se permite el pago de los alquileres en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Se solicita al Poder Ejecutivo que establezca un subsidio económico que contemple la pérdida económica de los arrendadores cuya única o preeminente fuente de ingresos económicos provenga de los alquileres que dejará de percibir por el plazo de moratoria.

Se atiende la situación de huéspedes de pensiones, quienes son expulsados sin garantías procesales mediante procedimiento policial, suspendiendo los mismos.

Se establece la prohibición de realizar intimaciones e investigaciones penales por delito de usurpación contra sectores de la población con vulneración de derechos, hasta tanto no se brinde una solución provisoria de alojamiento por parte del Estado a las familias.

Se establecen medidas para aliviar la situación de los deudores hipotecarios, con garantías para las familias, tanto de acreedores de instituciones públicas como privadas.

5.- Expendio de medicamentos: Dispone, en forma excepcional, la implementación de tres medidas concretas que faciliten a la población el acceso a los medicamentos, evitan la circulación de la población de riesgo de contraer COVID-19 y apoyen la medida de aislamiento en los hogares.

6.- Medidas sanitarias para evitar la propagación del virus: Se propone bajo determinadas garantías, que las personas permanezcan en sus domicilios y residencias.

Introduce una modificación en el delito de Violación de las disposiciones sanitarias a los efectos de evitar las dificultades de aplicación y las falencias que contenía la norma prevista originalmente por la ley 9155 (que establecía un delito de peligro abstracto).

Establece los insumos con los cuales deberán contar en forma obligatoria, en su lugar de trabajo, elementos de protección personal contra el COVID 19: tales como guantes, alcohol en gel, máscaras, tapabocas, jabón y agua de libre disposición.

7.- Fijación de precios máximos en productos de higiene y de alimentación: Se lista la fijación de precios máximos de venta de los productos alimentarios que integran la canasta básica familiar, y del alcohol en gel, alcohol rectificado, mascarillas, tapabocas, guantes sanitarios, jabón de tocador de cualquier tipo, pañuelos descartables, hipoclorito de sodio y todo otro artículo sanitario que se estime coadyuvante a paliar la pandemia del COVID-19.

 

Resumen de las Minutas de Comunicación al Poder Ejecutivo que expresan acciones específicas y urgentes.

1.-Transferencias de emergencia.

Se propone transferir el equivalente a un salario mínimo nacional para todas aquellas familias que acrediten no tener ingresos permanentes por un monto equivalente o menor a 10 BPC. Es una transferencia provisoria por 120 días que incluye específicamente a los trabajadores de la cultura, quienes lo recibirán hasta un mes más del fin de la emergencia sanitaria.

2.-Formación de Fondo de Derecho a la Alimentación.

Creación de un Fondo para garantizar el  Derecho a la Alimentación. El mismo tendrá como fin facilitar el acceso a los alimentos a aquellos sectores que por su condición de vulneración  económica y/o social no puedan acceder a los mismos.  Se propone como fuente de financiamiento los aportes provenientes de un impuesto a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas gaseosas.

3.-Situación actual de la Educación Pública y propuestas educativas.

Se sugiere que el proceso de retorno a la actividad presencial sea gradual, respaldado por la tecnología y la mirada pedagógica adecuada a las circunstancias especiales que provocó la emergencia sanitaria nacional.

4.-Gratuidad test COVID y vacuna 27.

Se plantea que las medidas concretas de cuidado y prevención, como la realización de los test de Covid-19 y la vacunación contra la gripe, sean cubiertas bajo el marco normativo del SNIS y dentro de la gratuidad que corresponde como prestación del PIAS.

5.- Licencias obligatorias sobre insumos y tecnologías médicas Covid-19 UY.

Se exhorta al Poder Ejecutivo a tener presente y considerar la aplicación de licencias obligatorias sobre de los derechos de patente a fin de garantizar la importación, fabricación y demás formas de acceso y abastecimiento de medicinas, vacunas, dispositivos de diagnóstico, equipamiento médico y otros insumos indispensables para afrontar la pandemia del Coronavirus (COVID-19), en forma suficiente y en condiciones y precios adecuados y razonable ( Extraído de la página del Frente Amplio).

 

 

 

1- https://salud.ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/como-evoluciona-la-epidemia-de-covid-19-en-uruguay/

2- https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/momento-propicio-instrumentar-regla-fiscal.html

Autor: Diego Alonso

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