Desde la izquierda se viene realizando un discurso que sostiene que la coalición neofacista en el gobierno hace las cosas mal, no saben gobernar y no están preparados para resolver las necesidades de la mayoría de la población de forma eficaz y eficiente.

Esto es verdad; como también es verdad que han incumplido cada una de las "promesas" electorales, pero también oculta un hecho esencial, el carácter de clase del gobierno, el programa político, económico y social que de este carácter se desprende, en definitiva, en beneficio de qué sectores de la población se está gobernando.

El actual gobierno ha sido completamente eficiente en gestionar un ajuste brutal sobre el conjunto de la población y en beneficio exclusivo del sector agro exportador, destruyendo incluso a otros sectores de la burguesía nacional, en particular los pequeños comerciantes y productores que dependen exclusivamente de la capacidad de compra de los asalariados.

Estos últimos ven retroceder sus condiciones de vida años atrás, menguando tanto el poder adquisitivo como viendo aumentar notoriamente el endeudamiento de las familias de menores recursos para pagar los gastos más básicos al no poder solventarlo con sus ingresos.

Pero no solamente el proyecto reaccionario se limita a lo económico, todos los indicadores sociales empeoran, el presupuesto de salud y enseñanza disminuye, aumentan los homicidios, se privatizan recursos nacionales, se destruyen empresas públicas y hasta se regala el puerto de Montevideo al capital multinacional.

Sin embargo esto se está llevando adelante sin mayores costos políticos. Al tiempo que la clase trabajadora es casi la única que ofrece resistencia al proyecto antipopular y luego de una enorme lucha que se desplegó juntando las firmas necesarias para llevar adelante el referéndum contra la LUC, el blindaje mediático y una excelente capacidad de generar agenda con temas irrelevantes le permite a la oligarquía gobernante seguir navegando con relativa tranquilidad.

La izquierda por su parte no logra despegar en la disputa hegemónica asumiendo realmente al enemigo y asumiendo un plan de acción unificado, coherente que construya una visión estratégica que permita desplegar tácticamente la iniciativa política necesaria para desplazar a la oligarquía del timón del Estado.

En parte esto tiene que ver con un relato pseudo progresista que al tiempo que visibiliza contradicciones en torno a derechos e igualdades que necesariamente deben alcanzarse, invisibiliza las contradicciones de clases intrínsecas al sistema capitalista y como estas se relacionan con el Estado y el poder.

En particular la lucha por el Estado, entendido este como un espacio-herramienta al servicio de un proyecto productivo cultural y clasista, implica la lucha de clases en sus diferentes niveles, económico, político ideológico y cultural. Por ello no se remite exclusivamente a ganar un gobierno, aunque incluye esto como factor necesario. Es decir, debe ser entendido como expresión de la lucha de clases en y por la superestructura, y por ello una lucha por la totalidad de la construcción del sentido civilizatorio y no por tal o cual parte determinada. Esto la derecha política lo entiende muy bien y actúa en consecuencia.

El programa que unifica a la derecha es desplazar a las fuerzas progresistas del Estado, debilitar a las organizaciones sociales (particularmente a los sindicatos), realinear la política internacional al servicio del imperialismo yanqui como forma de convencer a las masas populares que la única opción seria y posible es que éstas se subordinen a la oligarquía dominante.

Es en este sentido que la política reaccionaria se remite a resolver la totalidad de la contradicción entre oligarquía y pueblo y no a aspectos particulares de tal o cual política económica, social o agenda de derechos.

Su planteamiento es reconstituir un consenso social que avale la utopía conservadora de forma perdurable y que resulte en una correlación de fuerza que le permita el ejercicio del poder. Para ello les resulta necesario tomar el control del poder ejecutivo y legislativo, sumado a los resortes mediáticos, judiciales y militares que nunca perdieron. Esto no se limita al deseo de las oligarquías nacionales, sino que son sus patrones imperialistas los que trazan esta estrategia.

Reducir esta confrontación de clases por el poder a una diferencia entre formas de gestión o política económica o disminuir la lucha a determinados intereses parciales de sectores parciales sin ser capaces de reconstruir el concepto de totalidad que le de contenido de batalla ética civilizatoria, esto es de lucha abierta por la totalidad que se resume en el "sentido común" de una época y en un programa reivindicativo que convoque a las grandes mayorías explotadas es error político que no permite avanzar.

Por ello el futuro Congreso del Pueblo, planteado por la Central de trabajadores adquiere una relevancia notoria para recorrer los caminos de unidad en la lucha que permitan avanzar en la construcción de un nuevo tipo de Estado al servicio de otro proyecto de país.

Esto en sí deberá ser punto de inflexión para retomar la lucha desde la izquierda superando las limitaciones propias de una visión posmodernamente supraclasista y acompañar e impulsar el conjunto de luchas populares, facilitando que la lucha práctica reivindicativa de las masas se transforme en su proyecto histórico emancipador.

Esto es una lucha totalizadora para transformar el contenido de las formas institucionales y desmontar los aparatos burocráticos e ideológicos que posibilitan la dominación de la oligarquía sobre la mayoría de la población, mediante la construcción de otro Estado al servicio de otras clases en el poder.

Un Estado de nuevo tipo que tendrá la necesidad inevitable de avanzar en un nuevo tipo de democracia que permita una transformación profunda en el sentido cultural civilizatorio, mediante el desarrollo de otras formas de propiedad social y otra organización del trabajo.