En plena Rendición de Cuentas, la Comisión de Constitución y Legislación discutió el proyecto de Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Un proyecto de acordada redacción por los partidos de la coalición de gobierno. No se trata de una iniciativa nueva, es un proyecto unificado de propuestas anteriores: en 2016, Luis Lacalle Pou, en su calidad de senador propuso el proyecto de Tenencia Compartida elaborado por la organización Todo por Nuestros Hijos que no llegó al parlamento. En octubre de 2020, los senadores del Partido Nacional, Sergio Abreu y las señoras Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, presentan un proyecto de Corresponsabilidad en la Crianza. Por su parte, Cabildo Abierto, con representación de los senadores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos presentan, en octubre de 2020, un proyecto titulado Tenencia Compartida Responsable. Por lo cual, el actual proyecto ley de Corresponsabilidad en la Crianza es el resultado de la insistencia de la derecha por modificar la normativa vigente y realizar reformas al régimen de tenencia de niños, niñas y adolescentes.
Para profundizar en la temática entrevistamos a la Senadora Silvia Nane, representante del Frente Amplio, e integrante de la Comisión de Constitución y Legislación.
R: ¿Cómo fué la escucha por parte de la Comisión de Constitución y Legislación a las organizaciones sociales?
SN: La hubo desde que ingresaron estos proyectos. Y te diría que fué bastante amplia; muchas organizaciones de protección a la primera infancia fueron recibidas: la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay porque esto involucra cambios en los procesos judiciales, estuvo la Red Pro Cuidados, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG), el Comité de Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mujeres, el Instituto del Derecho Civil de UDELAR, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Asociación de Defensores Públicos, la Agrupación Todo por Nuestros Hijos y la Agrupación Familias Unidas.
Los que argumentaron a favor fueron la Agrupación Todo por Nuestros Hijos y la Agrupación Familias Unidas, que nuclean familiares, mayoritariamente de padres, que no han obtenido una sentencia favorable a la petición de regímenes de visita o de tenencia. Además, el INAU, el organismo rector, en su momento no se presentó con posición y se le recibió en segunda instancia.
R: ¿Y en contra?
SN: Respecto a los organismos contrarios: ANONG, UNICEF, Cátedra del Derecho de Familia, Comité de Derechos del Niño, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y denunciaron que queda comprometida la protección a la infancia.
R: ¿Por qué se presenta el proyecto de ley?
SN: Es un articulado sin exposición de motivos. La Comisión de Constitución y Legislación consultó por los argumentos del proyecto al Partido Nacional y Cabildo Abierto, que son quienes presentan esta redacción unificada de sus anteriores iniciativas, y no nos supieron responder. En realidad hubo una contradicción en la exposición de una senadora y un senador del PN. Uno, afirmó que es un sustitutivo a su anterior proyecto y otro, que es un proyecto nuevo, por lo que no pudieron ponerse de acuerdo para explicar por qué no hay exposición de motivos. Al no tener exposición es muy difícil tratar de hacer un análisis ordenado de por qué se hacen las cosas que se hacen.
R: ¿Cuál es el universo para el que se estaría legislando?
SN: Nos hicimos la misma pregunta en setiembre 2020 cuando empezamos a estudiar estos proyectos e hicimos un pedido de acceso de información pública y pedido informe a la Suprema Corte de Justicia: preguntamos la cantidad de procesos de tenencia iniciados en 2018, 2019 y 2020 y la cantidad de ratificaciones, que es el trámite más habitual que se hace para cobrar las asignaciones familiares, para tener algo contra qué comparar. Además, solicitamos la cantidad de tenencias discriminado por: cantidad de varones, cantidad de mujeres, madres, padrés y otros vínculos, porque se estaba involucrando a abuelos. También la cantidad de tenencias y visitas denegadas sin una sentencia judicial. La Suprema Corte de Justicia nos envió datos en números generales pero nos dijeron que no tenían datos en su sistema estadístico para poder hacer esas aperturas que se solicitaban. Eso lo pedimos porque parte de la justificación de algunos de los promotores de este proyecto afirman que “las sentencias siempre se las dan a las madres, cuando nosotros la pedimos nos la niegan, o la niegan y no se dice por qué”. Si tenemos números de orden general: 3 mil ratificaciones de tenencia por año, 300 solicitudes de tenencias al año y no existen tenencias denegadas sin justificación. En ese universo y atendiendo lo que nos decían los especialistas en derechos de familia “que cuando una pareja con hijos a cargo se separa la gran mayoría de los casos se acuerda la tenencia compartida, es por acuerdo voluntario. La gran mayoría se resuelve en común acuerdo. Entonces, si eso no se resuelve, van a juzgado especializado de segunda instancia donde siempre se promueve el común acuerdo. Llegar a una segunda instancia, es estar en una situación compleja, no solo afectiva y emocional, sino que responde a situaciones en las que hay abuso o violencia y por eso son tratados por juzgados especializados”. Entonces, en este contexto, estaríamos legislando para poquísimos casos en donde no hay acuerdo y son situaciones complicadas. En el día de hoy tenemos un sistema judicial que atiende esas situaciones. Acá yo hago una aclaración: no por pocos, son menos importantes. En esta especie de embudo entre primera y segunda instancia, son casos complejos emocionalmente y nosotros no los estamos banalizando, entendemos que es más una cuestión de procedimientos y de recursos, que quizás no se procede de la mejor forma posible, pero que no se trata de legislar. Entendemos que este proyecto de ley no es necesario para solucionar estas situaciones.
Esta coalición de gobierno pretende analizar las cosas como compartimentos estancos, cuando nosotros hablamos de: corresponsabilidad en los cuidados, de tenencia compartida, de cuidados y protección hay una mirada integral que pasa por mejorar los procedimientos judiciales, mejorar la formación de los recursos técnicos, porque la sedes judiciales tengan ciertas comodidades que quizás hoy no tienen, por tener una dotación de mecanismos técnicos que sean más adecuados. Pero, también pasa por un Instituto Nacional de las Mujeres que actúe en forma eficiente contra, por ejemplo: la violencia basada en género. Y resulta que el Plan Nacional de Violencia de Género, que debió presentarse el 25 de noviembre del 2021, todavía no está pronto y no se sabe con qué línea estratégica está funcionando Inmujeres. Cuando mirás lo que son las asignaciones presupuestales, las líneas estratégicas del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, también una queda bastante preocupada porque vienen en un desmantelamiento permanente. ¿Qué es lo que está haciendo el organismo rector de las políticas de infancia y adolescencia como el INAU?, resulta que te encuentras que devuelve 18 millones de dólares en el presupuesto del año pasado y el actual, como si le sobrara la plata. Y si observan el informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la violencia y comparás los casos del 2020 que andaban en los 4.911, y mirás los del 2021, que se elevaron a 7.305 hay un problema serio respecto a la protección de niños/niñas y adolescentes. Cuando analizas en todo este contexto integral, reitero: ¿cuál sería la necesidad de un proyecto de ley? …Yo diría que deberíamos todos juntos trabajar en tener una medida de ampliación de las garantías. Pero, resulta que lees el artículo 4 B de este proyecto de ley, y nos encontramos que se le otorga la potestad al juez de suspender las medidas cautelares en caso de una denuncia de violencia. Y pienso,“se deben haber equivocado”, y consultas el último informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav)1 en la página 24, dice: “...es absolutamente primordial que quien recibe esta revelación o denuncia la crea, la acepta como cierta, no la cuestione o la ponga en duda porque esto acabaría quizás con cualquier esperanza por parte de la víctima en la protección del mundo adulto…”. Este proyecto de ley se supone que está basado en la creencia de que las madres les llenan la cabeza a los gurises para que mientan y denuncien a los padres. Por otro lado, también, nos explican autoridades como Luis Pedernera2 y Victor Gorgi3: “que la denuncia muchas veces no tiene como objetivo la judicialización o la formalización sino que esta es un pedido de ayuda, respondemos con que vamos a quitar las medidas cautelares que protegen a ese niño/niña y adolescente basándose en un concepto de derecho de penal que es el principio de inocencia y lo aplicamos al derecho civil y al derecho de familia donde no rige el derecho de inocencia sino que rige el principio de protección”. La triste conclusión es que este proyecto pasa por arriba de la Convención de los Derechos del Niño en términos de proteger siempre el interés superior y el derecho del niño a ser oído. Ya con eso, es suficientemente espantoso pero hay otras cosas…
R: ¿Esto responde, de fondo, a una reforma cultural y social que busca borrar un acumulado de avances en el compromiso del Estado uruguayo sobre los niños/niñas y adolescentes y sobre las mujeres?
SN: Hay un tema ideológico, que es la figura del sentido de la propiedad del pater familia, que es como dueño de la mujer y de los hijos. Y el niño/niña y adolescente como objeto y no como sujeto de derecho. Esto es un retroceso fatal que tiene esa base ideológica que si sólo se analiza desde los aspectos formales y excluimos la mirada ideológica nos quedamos muy cortos en el análisis y en las consecuencias de largo plazo.
R: ¿Qué propuesta tiene el Frente Amplio para mejorar las dificultades que enunció anteriormente sobre el régimen vigente?
SN: Parte de nuestras propuestas es incluir el presupuesto que presentó el Poder Judicial para el mejoramiento de sus procedimientos y sistemas, lo tomamos como artículos aditivos a la Rendición de Cuentas del 2021, y perdimos.
Consideramos una propuesta hecha por los Defensores Públicos de que la Defensoría Pública sea un organismo independiente del Poder Judicial.
Pero ahora, hay que tratar de que este proyecto no se apruebe, aunque tristemente no tenemos los votos para eso. Que no van a trabajar en este proyecto ni en un proyecto alternativo porque no es necesario. Lo que sí es necesario, es tener es un Plan Estratégico Nacional para abordar la violencia basada en género. Sería buenísimo que el Comité Honorario por los Derechos de los Niños/niñas y Adolescentes por lo menos se reúna, que funcione. Este año le toca la presidencia del mismo al MIDES y no se reunió porque no había las suficientes organizaciones.
Es poco serio plantear esto como una solución, cuando detectamos que se olvidaron como causales de pérdida de la patria potestad el artículo 284 del Código Civil, que dice que se pierde la patria potestad en caso de femicidio, de proxenetismo o de violencia contra hijos e hijas. Y nos dicen luego que se olvidaron, cuando en la redacción colocan “...únicamente por el artículo 285…”, eso es claramente porque estoy excluyendo el 284. ¿Es olvidarse del “articulito” o es quitar el femicidio como una de las causas y después vamos por las modificaciones que faltan en la ley 19.580, Ley de violencia hacia las mujeres basada en género?. Todo está rodeado de mucha falta de seriedad y de responsabilidad porque se le pasó al que lo redactó, a todos los que lo firmaron y a los equipos asesores de los legisladores.
1- Integrado por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU),, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de Unicef.
2- Miembro del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (2017-2021), exintegrante del Consejo Directivo del Instituto de Estudios legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) y miembro fundador del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC)-https://ridh.org/structure/luis-pedernera/
3- Víctor Giorgi es un psicólogo, profesor y decano uruguayo. Fungió como decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en dos períodos consecutivos en 1999 - 2003 y 2003 - 2005. También fue presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay entre 2005 y 2009.-Víctor Giorgi - Wikipedia, la enciclopedia librehttps://es.wikipedia.org