El desgobierno de ultraderecha elevó al parlamento un proyecto de ley para reformar la seguridad social.

Según el gobierno, la seguridad social está comprometida porque existe un crecimiento de la población de mayor edad producto de la mayor expectativa de vida y una baja tasa de natalidad, por lo cual, según titula La Diaria “la edad jubilatoria podrá subir automáticamente si aumenta la expectativa de vida, según proyecto de gobierno” (Mateo Guarnaschelli, Natalia Uval, 29 de julio 2022).

A eso se suma la profunda opinión del benemérito Julio María Sanguinetti que dice que ahora vivimos más y mejor y si no que le pregunten a él, reelaborando en una frase todo el método científico filosófico alcanzado, el nuevo criterio de verdad no es investigar, sino preguntarle a Sanguinetti. 

Lo cierto es que el problema no es a que edad se jubila la población sino quien paga esa jubilación, así como el conjunto de prestaciones que componen la seguridad social.

La Seguridad Social es un derecho humano fundamental y junto con los aumentos de salarios es la principal forma de redistribución de los ingresos. La OIT define que: "La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia."

Es decir es una protección que la sociedad proporciona y además es deseable que los que más tienen más aporten a esta protección. Eso lleva a que en la mayoría de los países de la región el aporte de los patrones es mayor que el aporte de los trabajadores, sin embargo en nuestro país sucede lo contrario.  

En Uruguay la aportación total al Sistema de Seguridad Social con destino a financiar las prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivencia se sitúa en el 22,5% de las remuneraciones nominales; siendo un 15% la tasa de aportación a cargo de los trabajadores y 7,5% la tasa patronal.

Por otro lado, si es protección lo lógico es que se proteja a los sectores más vulnerables. Entendiendo que el trabajo y el salario son las mejores políticas para sacar a la gente de la pobreza se supone que lo deseable es que la gente joven consiga trabajo y aporte en un sistema de solidaridad generacional para que los mayores disfruten de su retiro del trabajo. 

Sin embargo la realidad es otra

La tasa de desempleo con datos de la pre pandemia (2019) era del 28.8 en los menores de 25 años y de 5.4 en los mayores de 24.

De estos últimos la población entre 24 y 54 años tenía una tasa de desempleo de 5.9, mientras que en los mayores de 54 solo alcanzaba al 3.5.

En todos los casos el desempleo en las mujeres duplica al desempleo masculino.

En referencia a la pobreza los mayores de 65 años que habitan en hogares bajo el nivel de pobreza era de 1.8 por ciento mientras que la cifra en personas de 25 a 29 años era de 8.2.

En nuestro país, las personas mayores de 50 años tienen graves problemas para encontrar empleo si pierden el trabajo, perjudicando al trabajador que necesita completar los años necesarios para acceder a una jubilación. 

Este hecho se vería completamente agravado al aumentar la edad de retiro a los 65 haciendo prácticamente imposible que una persona de 60 o más años pueda reinsertarse en el trabajo y por tanto obligada -en el caso de conseguir un empleo- a aceptar condiciones de ultra explotación y/o de aceptar trabajar sin aportes, lo que lo lleva a perder derechos, a bajar el promedio de aportes, (empeorando su futura jubilación) y desfinancia el sistema.

Esto, además, tiene lugar en una realidad donde los empleos para toda la vida dejan de ser lo común y produce una altísima rotación en los trabajos. Este fenómeno genera la exigencia de una capacitación constante de los trabajadores que se ven obligados a reconvertirse para competir por un trabajo, lo cual aumenta de forma drástica la inestabilidad laboral y con ella la estabilidad de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Estos datos demuestran que extender el tiempo de jubilación, si no media una creación enorme de nuevo trabajo, agravará la situación antes expuesta.

El gobierno desde esa profesión de fe ultra liberal y conservadora que lo caracteriza, sólo ve la solución en recargar los años de trabajo a los trabajadores.

Coherente con su visión de clase y defendiendo exclusivamente el interés de la población más rica quiere llevar la edad de jubilación a 65 años, manteniendo la relaciones de aportes entre el capital y el trabajo, esperando que la lógica del mercado solucione el problema.

¿Qué pasa con ensayar otras soluciones?, por ejemplo:

- Derogar las AFAP. Un sistema privado ineficaz e ineficiente que lo único que consigue es un mayor gasto para el Estado y peores jubilaciones para los trabajadores, hecho demostrado a nivel mundial además de en nuestro país.

- Llevar el aporte patronal al 15%, y que además los patrones aporten por las máquinas que desplazan trabajo.
- Disminuir drástica y radicalmente los costos que suponen al Estado los gastos excesivos y superfluos de los gobernantes y su séquito de burócratas.

- Bajar la edad jubilatoria permitiendo un recambio más rápido en la población ocupada y gravar los depósitos de uruguayos en el exterior del país.

O sea el problema no es técnico se llama lucha de clases.