La diferencia más notoria surge de la lectura de ambos juramentos. El que se hacía en dictadura agrega los “Actos Institucionales, las Leyes Fundamentales inspiradoras del presente proceso”. Los civiles y militares golpistas llamaban proceso, al proceso que se dio durante la dictadura cívico-militar, entre 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985.
En dictadura a los jóvenes oficiales se les hacía jurar por su honor, por Actos y Leyes reñidas con lo más elemental de una democracia.
Por ejemplo, antes del 12 de junio de 1976, en medio de la dictadura ya instalada, los hacían jurar por hechos que eran violatorios de cualquier pacto democrático. Como la disolución del Parlamento. ¿Cómo se puede hacer jurar “por el honor, respetar y defender la independencia e integridad de la República, su honor, la Constitución”…? Cuando a partir del golpe de Estado se viola precisamente la Constitución, la división de poderes y la soberanía popular de la nación. No existe, ni una sola referencia en la Constitución, a la posibilidad de disolver el Parlamento por la fuerza de las armas.
Pero a eso, agregaron jurar por los Actos Institucionales. Por ejemplo el Acto Nº 1 del 12 de junio de 1976, que suspende la convocatoria a elecciones generales que debían realizarse, según la Constitución -que decían jurar con honor, y que ya habían violado-, el último domingo de ese año.
Por supuesto que no solo no hubo elecciones, sino que se profundizaban los niveles de represión y se seguían violando todos los derechos humanos, que en el juramento decía: “¿…y ajustar vuestra conducta, a los más estrictos principios de la moral y dignidad ciudadana?”.
¿Principios de la moral y dignidad ciudadana? ¿La tortura, no va contra los principios morales y la dignidad ciudadana? Si están tan orgullosos de lo que juraron e hicieron, ¿por qué no admiten que torturaron? Violar mujeres durante la dictadura, como está demostrado, ¿eso es defender con honor la dignidad de un integrante de las FF.AA? ¿Esa es la moral y dignidad por la que juraron?
Parecería que hasta hoy, hay integrantes de las FF.AA., que defienden a integrantes de las mismas, que violaron todos los derechos humanos. La Justicia Independiente, en democracia ha juzgado los crímenes más aberrantes perpetrados por funcionarios estatales, amparados en el terror desde el Estado, que facilitaba la dictadura cívico-militar, que el pueblo nunca votó. Y muchos de eso genocidas siguen cobrando el sueldo. Sin ir más lejos el coronel (r) Ferro, cuando no pudo más en España, hacer acto de presencia para seguir cobrando, se hizo meter preso. El asesino de Zelmar Michelini, cruzaba la frontera y se presentaba en el cuartel, para poder seguir cobrando la abultada jubilación.
Salvo a algunos pocos militares – de estos que son genocidas- que pasaron por tribunales militares-, les dieron la baja definitiva. Pero a la mayoría de los procesados por crímenes, le pagan sus jubilaciones y tienen derecho a usar el Hospital Militar.
Digo esto, porque los Tribunales de Honor, al que fueron sometidos los Militares Antigolpistas, los degradaron, le retiraron sus haberes y les impidieron hacer uso del Hospital Militar.
Los que traicionaron el juramento en democracia, por tener el poder en base a la fuerza de las armas, acusaban de traidores a los militares que prefirieron la tortura y la prisión que violar el Juramento que hicieron cuando egresaron de la Escuela Militar.
El capitán Edison Arrarte –hoy General ®, por Ley Nº 17.949, promulgada el 8 de enero de 2006-es un ejemplo, de cumplimiento del Juramento de Fidelidad.
Cito de página 33, del libro “Los Militares Antigolpistas” (2016), de Miguel Aguirre Bayley, de Banda Oriental:
“Hubo militares que no estuvieron de acuerdo con la tortura. El caso más ilustrativo es el del capitán Edison Arrarte. En el convulsionado año 1972 prestaba servicio en el Batallón de Infantería Nº 7, en el departamento de Salto. En cierta ocasión, llevaron detenido a un joven tupamaro y comenzaron a ensañarse con él sometiéndolo a brutales torturas. Arrarte oyó gritos provenientes del local del S-2 mezclados con música de una radio puesta a alto volumen.
Esa condición del detenido –expresará ante un tribunal de honor militar- humilla y ultraja la condición humana. Interrumpió la sesión, llevó a un médico para que atendiera al detenido y discutió con el oficial a cargo del cuartel. Finalmente, ese tribunal le acusó de tomar bajo su protección a un sedicioso y dispuso su pase a reforma, situación que determinó que Arrarte se dedicara a dar clases de matemática. En 1976 fue detenido y trasladado al “Infierno chico” de la casa de Punta Gorda. Luego de unos meses, pasó a la Cárcel Central y finalmente derivado al penal de Punta Carretas, siendo uno de los últimos presos de la dictadura en lograr la libertad el 28 de febrero de 1985.”
Arrarte ajustó su conducta “a los más estrictos principios de la ética profesional y de la moral y dignidad ciudadana”, como exigía el Juramento de Fidelidad.
La tortura denigra y atenta contra los principios éticos y contra la dignidad humana.
Esto sigue…